Fernando de Rosa: Una sociedad que no protege adecuadamente a sus mayores se convierte en una sociedad cruel e inhumana.
Fernando de Rosa, con tristeza asistimos todos los días al anuncio de los fallecidos en nuestro país por culpa de la pandemia del COVID 19.
A día de hoy llevamos más de 14.000 fallecidos confirmados por el Gobierno, aunque viendo las últimas noticias esa cifra es posible que sea mucho mayor.
Estos días hemos conocido que según los datos que maneja el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, en lo referente a acceso al Registro Civil de dicha Comunidad Autónoma, los datos son sin duda superiores a los que nos hacen llegar las administraciones públicas.
La Consejería de Sanidad de esa Comunidad Autónoma atribuye 708 muertes al coronavirus, sin embargo, el TSJ de Castilla La Mancha ve indicios de COVID-19 en 1.921
Fallecimientos de los que se han inscrito en el Registro Civil a lo largo del mes de marzo.
Esta situación ha llevado al presidente del Tribunal de Justicia de dicha Comunidad Autónoma a adoptar un acuerdo dirigido a los jueces encargados de los Registros Civiles para que hagan una identificación lo más precisa de la causa de la muerte que pudieran ser compatibles con el coronavirus. Llegará un momento en que se deba hacer una auditoría de los fallecimientos y cuanta más información se disponga, mejor.
Ante esta situación hemos oído al Ministro de Justicia sostener que ese desfase se debe a las » limitaciones del sistema informático que se pulirán».
Las limitaciones las tiene este Gobierno que se encuentra totalmente desbordado.
El pasado 4 de abril, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, dirigió una instrucción en la que se dispone que todos los Registros Civiles remitan al Ministerio, una vez finalizada su jornada laboral, una relación de las defunciones que hayan tenido acceso al Registro en esa jornada, así como el número de licencias de enterramiento.
De igual modo, se indica que debe especificarse el lugar de fallecimiento, y si se ha producido en hospital, residencia o vivienda habitual. Podría pensarse que de esta manera estaría aflorando el número real de fallecimientos por coronavirus.
Sin embargo, la realidad lo desmiente. Los Letrados de la Administración de Justicia denuncian el caos generado también en este caso y las dificultades que se encuentran.
De hecho la dirección de correo electrónico al que envía esa información ha llegado a colapsar.
Hay que tener en cuenta que los parámetros que se utilizan oficialmente para contabilizar los fallecidos no se ajustan a la realidad. El Gobierno solo incluye en la lista oficial, a aquellos pacientes que han sido diagnosticados de COVID-19 previamente.
Este desfase en las cifras detectado en Castilla-La Mancha, creemos que no es más que la punta del iceberg. Intuimos que en otras Comunidades Autónomas estará pasando lo mismo.
En este sentido, por ejemplo, el Presidente del PP de Extramadura, José Antonio Monago, ha denunciado la misma irregularidad.
El Magistrado encargado del Registro Civil de Valencia ha efectuado unas declaraciones afirmando que el número de fallecimientos a causa del COVID-19 es mucho mayor al reflejado en las estadísticas oficiales.
En la Comunidad Valenciana la crisis también está golpeando duramente a nuestros mayores. Se le está pidiendo a la Generalitat que facilite los datos correctos a los Ayuntamientos de los fallecimientos de nuestros mayores en las residencias.
Fernando de Rosa: En diferentes residencias de nuestra Comunitat se están produciendo verdaderos dramas
Residencia Domus Vi (Alcoy), Santa Elena (Torrent), o la San Juan Bautista (Morella), por poner estos ejemplos. Además de desconocer exactamente los ancianos infectados y en su caso, fallecidos.
En algunos casos, los familiares se han visto en la necesidad de contratar un abogado ya que les restringen la información: ¡desconocen si sus familiares siguen o no con vida!.
Las residencias de nuestra Comunitat, sus trabajadores y usuarios se sienten abandonados por las autoridades autonómicas.
La Vicepresidenta segunda y a su vez Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se encuentra desaparecida.
Nada hace para dotar de medios a los trabajadores de las residencias y también permanece inactiva mientras el COVID-19 hace estragos.
Como decía al principio de este artículo, las sombras sobre la contabilización real de víctimas se extiende. Llegará el momento de auditar correctamente las cifras, y sobre todo, de exigir responsabilidades. Pero en este momento es necesario que se remitan a los Ayuntamientos los datos ciertos de infectados así como de fallecidos para poder actuar y tramitar las ayudas necesarias, ya que es la Administración más cercana y la que conoce mejor a sus vecinos
Esta triste situación que se esta produciendo me hace reflexionar en dos sentidos.
1- es evidente que las autoridades están realizando una gestión nefasta del drama que están sufriendo muchos ciudadanos.
Los Ayuntamientos deben recibir toda la información de una forma transparente, deben saber a quién atender y cómo, sobre todo pensando que es adonde se están dirigiendo muchos ciudadanos desesperados pidiendo información sobre cómo obtener mascarillas o si van a hacerse test y sobre todo cómo actuar en caso de que ellos o algún familiar hayan contraído la enfermedad. Tanto la Generalitat como la Diputación les ha abandonado y eso no se puede tolerar.
2- Mi segunda reflexión guarda reacción con la necesidad de que cuando superemos la crisis se revise toda la legislación referente a residencias de mayores.
Se les está dando la espalda a esas personas, cuando ellas han ayudado a levantar a España en la postguerra, o han sido el sostén de muchas familias en la última crisis económica que atravesamos.
Una sociedad que no protege adecuadamente a sus mayores se convierte en una sociedad cruel e inhumana.
Creo que es preciso que aprendamos de los errores que se han cometido. Es preciso que se garantice una vida digna y una atención adecuada en esas residencias y centros de día, que eviten que se pueda volver a dar esta situación. Será preciso plantear la necesidad de que haya una mayor fiscalización de los poderes públicos en esos lugares.
En todo caso, aprovecho este artículo para mostrar mi agradecimiento a todas los personas, tanto sanitarias como trabajadores de residencias, por la gran labor que están realizando a pesar el abandono del Gobierno al no dotarles del material adecuado . Por ellos van nuestros aplausos.
