Federico Bisquert «Freno al Crack económico, ampliación de la moratoria concursal»
Empresas y autónomos necesitan ayudas y que se tomen medidas urgentes para atravesar la tempestad económico-pandémica que va a hacer que los meses venideros se nos hagan más largos de lo que se preveía, España no se puede permitir que caigan los negocios, las quiebras empresariales se materializarán no solo por la retirada o la no aplicación de medidas de apoyo y que nos lleva a un incremento desproporcionado de desempleo y caída de la productividad, sino a las insolvencias sobre todo de PyMes y su peso dentro de nuestro tejido empresarial.
Tenemos ya actuaciones muy interesantes y efectivas que se están aplicando por los juzgados de lo Mercantil de Barcelona y es un nuevo sistema rápido de resolución de insolvencias de empresas abocadas al concurso de acreedores, que goza de las garantías judiciales básicas y en 10 días se puede resolver la situación de estas empresas afectadas por la insolvencia, sin esperar a plazos superiores a 6 meses e incluso que superan el año.
El sistema que se ha introducido es el denominado “pre-pack” y que viene utilizándose en países como Holanda o Reino Unido, de hecho, los propios los juzgados mercantiles han difundido un documento de trabajo, que contiene un protocolo de actuación, con la descripción de los pasos a seguir y establecer un atajo legal que puede salvar la viabilidad y los puestos de trabajo de muchas unidades empresariales y reconoce el documento de los magistrados, “cuyo valor se ve deteriorado rápida e irremediablemente a partir de una declaración del concurso de acreedores”.
Curiosamente este método preconcursal no está contemplado expresamente en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), pero en su aplicación intervienen Juez y Administrador Concursal con las mismas condiciones legales que contiene la norma, pero adaptadas a la fase previa concursal y es que este sistema ha demostrado la eficacia en el derecho anglosajón y que en distintos procesos ya ha sentado un precedente en España al solventar la situación de distintas empresas afectadas por la insolvencia inminente en la zona catalana.
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Cierto es que ante la avalancha que se prevé de un sinfín de quiebras y situaciones de insolvencia judicial
Cierto es que ante la avalancha que se prevé de un sinfín de quiebras y situaciones de insolvencia judicial, tras un año de parálisis del sistema, tanto el Banco de España como desde como el Registro de Economistas Forenses (REFOR), registro del que soy miembro, se ha detectado la existencia de una bolsa de sociedades “zombi”, sobre todo PyMes, sin ningún tipo de viabilidad financiera y que se traduce en multiplicar por 10 las 4.000 empresas que vienen declarándose en concurso anualmente en nuestra España, y con el sistema “pre-pack” se podría preservar una viabilidad mediante un proceso de venta rápida, o sea aprovechar la parte del preconcurso para buscar compradores para la unidad empresarial entera o por partes, y solucionar el problemón de los trabajadores, la realidad es, en el procedimiento concursal se eternicen los plazos judiciales para todo y se fulmine el caudal líquido de la concursada, la norma general es que la solución que pasa por el procedimiento concursal, es ir a liquidación. Solamente en tres casos de una larga experiencia como Administrador concursal se ha podido llegar a convenio y reflotar la unidad productiva.
En sí mismo el pre-pack o pre-packaged, permite la realización de operaciones sobre los activos de una empresa en funcionamiento en situación de crisis, siempre a iniciativa del deudor, realizándose las gestiones antes de la apertura de un procedimiento de declaración de concurso, con la supervisión de un experto independiente o administrador en materia de reestructuración, futura administración concursal, nombrado por el juez competente del futuro concurso.
En este desarrollo del preconcurso se introduce el “insolvency practitioner” tomado el ejemplo del derecho anglosajón y que no es, ni más ni menos que un «administrador concursal interino«, cuyo cometido es la supervisión de todas las garantías de transparencia y publicidad implícitas a la operación, sin limitar la capacidad de gestión del deudor sobre su patrimonio, y esta opción no está recogida de forma expresa en la normativa concursal española (TRLC) aún y que según los magistrados si se podría contemplar a la hora de trasponer a España la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre marcos de reestructuración preventiva, algo que se debe hacer antes de finales del próximo junio y que parece ser que está en estudio por el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo.
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Esta norma europea contempla la necesidad de establecer mecanismos en las regulaciones internas sobre concursos que permitan resolver la situación de las empresas en crisis a más corto plazo y con mayor porcentaje de éxito en reflotar empresas.
Nadia Calviño, ya se ha planteado la prórroga de la moratoria concursal que vence el próximo 14 de marzo hasta el 31 de diciembre y el Consejo de Ministros va aprobarlo inminentemente como única opción ante el hecho de que una “avalancha de quiebras o procesos concursales tras un año de congelación” pueda penalizar a España en Bruselas en este delicado momento de la negociación de las ayudas y el plan de reformas.
El Ejecutivo español y la Comisión Europea, coinciden en que el aplazamiento de la obligación legal de declararse en concurso permitirá que muchas de esas empresas ensombrecidas por la insolvencia, también llamadas zombis, tengan su última oportunidad para de salir del atolladero de la insolvencia con el plan de 11.000 millones en ayudas directas y renegociación de los créditos ICO, puesto que una vez estén en concurso de acreedores ya no podrán acceder a las ayudas públicas.
Ahora bien, hemos de tener en cuenta que la liquidez y el crédito no son suficientemente contundentes en la crisis del Covid19 para frenar la destrucción del tejido productivo, no es como la crisis financiera del ejercicio 2008, el fuerte impacto que han sufrido las empresas españolas, con cierres y bajada de persianas ha ido a un ritmo tres veces superior al del 2008, con una incidencia más contundente en el sector servicios, rompiendo la cadena de suministro en la industria y la agricultura.
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Una de las evidencias empíricas es la caída que refleja la demanda de crédito, contra todo pronóstico que pudiera desarrollarse en el pasado 2020, incluso teniendo unos tipos en mínimos históricos.
Las empresas se centran en las ayudas directas para sostener el tejido productivo español. Se va a producir más tarde o más pronto, un colapso en los juzgados de lo Mercantil, y eso va a reflejar una imagen de la economía española mucho peor de lo esperado tras la crisis pandémica y suscitar bastantes dudas, sobre las previsiones de recuperación que esgrime el Ejecutivo, el cual está durante este ese mes de marzo aplicando el plan de trabajo y el reparto de los equipos de funcionarios que deben encargarse de la gestión de los Fondos Europeos, tanto en la misma Moncloa como en los diferentes ministerios implicados, principalmente Economía, Hacienda, Industria, Transición Ecológica y Fomento y será en abril el mes clave para aprobar los proyectos que deben salir adelante con la primera parte de los Fondos Europeos que tenemos adjudicados para 2021 ejercicio, a partir de las Manifestaciones de Interés (MDI) los PERTE, (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), es en sí, el mecanismo con el que el Gobierno gestionará parte del dinero procedente de los Fondos Europeos para la recuperación de la crisis desencadenada por el Covid-19.
Los PERTE se incluyen como novedad dentro del denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) dotado para España, en unos 140.000 millones de euros procedentes de los Fondos Comunitarios en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-26.
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Este instrumento europeo de recuperación se basa en tres pilares fundamentales:
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La adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis.
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La adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades.
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El refuerzo de los programas clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital.
Y se ha aprobado este Decreto de Gestión por el Congreso, pero primero hay que aclarar todo el entresijo administrativo que conlleva. Ese proceso va paralelo a la aprobación del plan de reformas de nuestra economía, sobre la cual, Bruselas y nuestros socios comunitarios, nos tienen en el punto de mira en las pensiones, reforma fiscal, formación profesional, políticas activas de empleo, etc… y sería un hachazo una ola de miles de procesos concursales, si se reactiva la obligación legal de hacerlo en caso de insolvencia de hecho.
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El Banco de España llegó a estimar que entre un 7% y un 10% de las pymes españolas estaban en situación de riesgo
Lo que supone que más de 220.000 empresas son susceptibles de entrar en concurso, tras un año de burbuja y retención de este tipo de procesos. Hay que tener presente que un aplazamiento en la moratoria, en muchos casos será alargar más la agonía de muchas empresas que ya tienen bastante crudo salir de su situación sin declararse en concurso, o sea la mejoría de la muerte.
Otro punto a tener en cuenta para paliar o solventar del modo más eficaz los procesos concursales y con un sistema judicial en materia mercantil colapsado de antemano por cuestiones como las cláusulas suelo, el IRPH o el llamado “impuesto de las hipotecas”, es la reforma paralela, que debería estar lista en junio, de la Ley Concursal. Se trata de la adaptación de esa normativa a la directiva europea aprobada al efecto y que pretende implementar agilidad a los procesos y no ralentizar la resolución de casos viables por la lentitud de los tiempos judiciales.
Desde el Registro de Economistas Forenses (REFOR) se insiste en la necesidad de que se lleve a cabo cuanto antes, esa reforma legal, los sistemas de detección temprana de situaciones de insolvencia, de forma que, antes de declararse el concurso y entrar en la vía judicial, se puedan establecer soluciones que garanticen la viabilidad de los proyectos empresariales. En ese contexto se puede regular el llamado ‘pre-pack’ del modelo anglosajón, que permite llegar a acuerdos para la venta o enajenación de unidades productivas de una empresa en dificultades que evite su liquidación final.
Desde REFOR, se reclama para los economistas forenses esta nueva actividad, de hecho, se ha desarrollado, incluso, una aplicación para examinar cada caso y comprobar qué empresas pueden ser viables en unas condiciones convertido ya en zombis, con pocas opciones de salir a flote por más que se prorrogue la moratoria concursal.
Esperemos que nuestros políticos se centren en lo que tienen que centrarse y obvien esas actuaciones propagandísticas y poco efectivas, porque ya estamos en medio de la tormenta y para salir hay que remar todos en el mismo sentido y con fuerza y coherencia, es imprescindible que la reforma concursal esté antes del 30 de junio….
Federico Bisquert Lafuente
Economista
