Jon Ricaurte: El empréstito Mackintosh y la banca londinense en la separación de Suramérica

Una de las más lamentables consecuencias de las guerras de separación hispanoamericanas fue el endeudamiento externo, especialmente porque éste creó el escenario para que, desde entonces, se gestara una relación de interdependencia con las potencias extranjeras y el capital privado internacional.

Y es que este suceso jamás se habría llevado a cabo sin este factor externo, básicamente por lo asimétrico que suponía el enfrentamiento entre un ejército nacional, legítimo, disciplinado y experimentado, como lo era el español, y una banda de sediciosos, inexpertos y mal apertrechados, que fue como inicialmente nacieron las tropas independentistas.

El flujo de capitales no sólo sirvió para comprar conciencias y pagar fusilería, municiones y vituallas, sino que pagó buenos oficiales extranjeros (curtidos en las guerras europeas), artillería, caballería y una armada capaz de bloquear puertos, hacer operaciones de piratería, trasportar material de guerra y en ocasiones librar combates marítimos frente a la experimentada Armada Real Española.

Desde inicios de la crisis monárquica el acceso al material bélico y crediticio estuvo a disposición de los rebeldes suramericanos a través del mercado negro antillano, el estadounidense y más allá del hemisferio, el europeo. Desde allí, varios mecenas de la Independencia, entre comerciantes y traficantes, vieron oportunidades para acrecentar sus negocios con la venta de armamento y provisiones; también de estos lares vinieron los primeros corsarios y auxiliares foráneos para sostener una revolución que siempre se ha creído doméstica, pero que en realidad, por los actores y factores involucrados se volvió internacional.

Lo anterior generó una serie de pequeños débitos con estos acreedores internacionales y con los mismos mercenarios foráneos, aspecto que se trata en más detalle y profundidad en el libro La dimensión internacional en el proceso de Independencia de Colombia, publicado a finales del 2019. Siendo un factor importante del endeudamiento nacional, la suma de todos estos pequeños y medianos pasivos, reconocidos por los gobiernos suramericanos en la década del 1820: Colombia y Rio de la Plata.

Poco se sabe de esta serie de obligaciones adquiridas con el capital privado internacional, pues sólo llamaron la atención los grandes empréstitos firmados con las casas financieras británicas a partir de 1824, una vez consumada la batalla de Ayacucho. Hablamos en Colombia de los prestamos adquiridos con la Herring Graham & Powles (£ 2.000.000) y la B. A. Goldschmidt & Co. (£ 4.750.000) y en Argentina con la Baring Brothers (£ 1.000.000).

Pero antes de estas fechas se habían realizado varios préstamos de menor cuantía, como el firmado el 27 de febrero de 1821, entre el delegado venezolano López Méndez y el político británico James Mackintosh. Este fue uno de los empréstitos más polémicos, por sus consecuencias negativas en las finanzas de la nueva república, y curiosamente uno de los menos estudiados y valorados. Fue un contrato para el aprovisionamiento de naves, fusiles, vestuario y pertrechos para armar 10.000 soldados extranjeros (mayoritariamente británicos) a un precio de £ 15 por unidad. Préstamo que ascendió a £ 186.475 en vales llamados debentures, los mismos que Mackintosh recibió con el sorprendente descuento del 60%. Y aunque este no fue directamente avalado por el gobierno británico, comprometía a uno de sus más importantes representantes: el político, jurista y comerciante Mackinstosh, por lo que se puede suponer, no era un asunto desconocido para el gobierno de Cannign.

El interés de Mackinstosh, ya conocido en el parlamento británico por sus discursos en favor de los nuevos Estados hispanoamericanos, no se limitó solo a lo político, sino que tocó lo económico. Nunca fue un filántropo, como se le hizo pasar, sino que estaba interesado en promover sus actividades comerciales en el hemisferio americano. Así se observa en la negociación de equipos militares que hizo para Colombia y después de 1822, cuando la Rushards, Mackintosh, Lairu & Co. aparece en la lista de las 24 casas comerciales británicas que pidió a su gobierno reconocer la Independencia de Méjico, Colombia y Buenos Aires.

Cuando en abril de 1822 arribó el material bélico al puerto de Cartagena, el vicepresidente Francisco Santander, se negó a aceptar el desembarco, alegando condiciones de compra desfavorables para la neonata república. El apoderado del negociante británico, apellidado Marshall, realizó una nueva tasación, intentando contentar a su cliente suramericano; sin embargo, Mackintosh, demostrando su prepotencia, rechazó renegociar y bajo amenazas exigió el cumplimiento de lo pactado. El mismo Bolívar intervino, y para preservar el buen nombre y crédito de la infante república, no le quedó más remedio que aceptar el catalogado “ruinoso” negocio.

Santander, por su parte, insistió en evitar la negociación argumentando las desventajas mismas del crédito y el detrimento patrimonial que significaba: acrecentó el déficit fiscal que para entonces, por la guerra, la ataraxia del sector industrial, agrícola, ganadero y extractivo, se encontraba en bancarrota.

El neogranadino, en varias ocasiones propuso la revisión, renegociación o cancelación de esta deuda. El 28 de julio de 1823, volvió a insistir y envió una petición al Senado buscando frenar o retasar la negociación. Al final, no se produjo ningún avance en esta materia y no se tuvo más remedio que pagar el perjudicial crédito.

En 1822, pese a la nefasta experiencia anterior, se tramitó un nuevo empréstito con las casas comerciales y bancarias británicas, y de costumbre, sin comprometer al gobierno de aquella nación. La deuda se contrajo bajo los mismos argumentos: sostener la guerra extendida hacia el Perú, pagar las obligaciones contraídas en la primera fase republicana y poner en marcha el aparato productivo del país. El crédito fue firmado en París entre Francisco Zea y la casa financiera Herring, Graham & Powles, por £ 2.000.000, respaldado con las rentas del Estado, principalmente monopolios de comercio y navegación, tierras y derechos de explotación (oro, plata, salinas, tabaco, etc.).

Gran parte de este empréstito se empleó para pagar créditos atrasados, la burocracia local y los excesivos gastos de las misiones diplomáticas. De ahí que, en fechas posteriores, se vio en la necesidad de recurrir a más empréstitos para tapar los huecos fiscales abiertos, cayendo así en un círculo vicioso de endeudamiento perpetuo con el capital internacional.

Curiosamente, en 1824, el vicepresidente Santander, el mismo que años atrás se había negado a efectuar empréstitos desventajosos con el sector financiero londinense, envió, con autorización del Congreso, una misión con el fin de obtener nuevos créditos para solventar el progresivo deterioro fiscal de la república. El préstamo se consiguió con la casa B. A. Goldschmidt & Co. por un valor de £ 4.750.000, con un interés del 6% anual, pagaderos semestralmente.

Como los anteriores, con el crédito se pensaba activar el comercio, industria, agricultura, minería y explotación de recursos naturales, pero gran parte de éste se destinó a retribuir los actores internacionales del conflicto –militares, comerciantes de armas y banqueros– y la nueva burocracia que generó la república.

Finalmente, esta etapa de inserción al mercado crediticio internacional significó para toda Hispanoamérica el inicio de un nuevo sistema de relaciones de interdependencia política y económica hacia el capital privado foráneo. Con ello, nuestros países pasaron de ser provincias prosperas y autosuficientes bajo el Imperio español, a regiones explotadas, atrasadas y sin peso (militar, político y económico) en el concierto internacional.

Otros artículos de Jon Ricaurte :

Jon Ricaurte: Mercenarios en Venezuela 200 años después del desembarco de Guyana, Cumaná y Margarita