Federico Bisquert, el Parlamento Europeo áprobó el reglamento para el uso de los fondos
Y por fin llegó… el Parlamento Europeo procedió ayer, a la aprobación del reglamento para el uso y utilización de los Fondos Europeos Comunitarios y la primera y fundamental condición, es que los distintos estados que forman este Club deberán respetar escrupulosamente el Estado de Derecho y si cualquier país comunitario no lo respetara, no le llegará, ni un céntimo de euro, mas claro el agua y mas espeso el chocolate, así que vamos a ir dejándonos de idioteces y manipulaciones con el Consejo General del Poder Judicial.
La norma que viene desarrollada en el Reglamento es clara y concisa ya que incluye la suspensión inmediata de los pagos a aquellos países comunitarios que vulneren el Estado de Derecho y eso pueda dar lugar a hacer una gestión peligrosa del dinero europeo, y curiosamente se hace mención expresa a la «independencia de la judicatura».
Un golpe franco desde Europa a las pretensiones del gobierno socio-comunista de España que está intentando impulsar descabelladas reformas judiciales, especialmente las que afectan nuestro Consejo General del Poder Judicial.
Los genios de la Lampara Maravillosa, Sánchez e Iglesias, al frente sus huestes PSOE y Unidas Podemos, procedieron antes de ayer en el Congreso a la petición de tramitación por vía urgente de la ley que recortaría las funciones del Consejo General del Poder Judicial, y es que, la colación socio-comunista con absoluta impaciencia y sin ni si quiera esperar a que pasaran 24 horas, plantea un procedimiento que reduce a la mitad los plazos ordinarios de tramitación imposibilitando la actuación de la oposición, o sea que, en lugar de los quince días para presentar enmiendas, los distintos grupos parlamentarios solo disponen de una semana e igual plazo tiene la redacción del informe de ponencia, y sin ningún tipo de rubor explican que valoran solicitar que enero sea hábil para la Comisión de Justicia y dicha tramitación pueda iniciarse «cuanto antes», y así salvan el periodo de inactividad en que entra la Cámara el próximo mes, donde finaliza el actual periodo de sesiones, o sea que la actuación no es otra que saltarse a la torera la voluntad de un pueblo, esgrimiendo permanentemente su vulgar demagogia planteada para desmontar nuestro estado derecho perfectamente homologado a nivel internacional, pero como son tan prepotentes parece ser que no observan que Europa nos mira muy atentamente y les va poniendo las pilas, y desde luego está maniobra socio-comunista lo único que demuestra es la obsesiva intención de hacerse con el control del Poder Judicial, y lo curioso del tema, es que este texto es polémico desde su creación siendo propuesto por el PSOE y Unidas Podemos como grupos parlamentarios y no desde el propio Gobierno, la jugada no es otra, que evitar que los órganos consultivos del Estado puedan informar sobre el mencionado texto, o sea trampas y más trampas. Desde que, esta Ley entra en el Congreso, va sorteando todo tipo de obstáculos de forma atropellada, hasta el punto, que la misma Batet intentó calificarla por vía telemática, sin debate ni actas, para que pudiera ser debatida ayer y tras la protesta del PP, tuvo que recoger velas y convocar una reunión extraordinaria.
Esta jugada ha tenido una inmediata reacción, por parte de la judicatura, ante el brutal ataque contra el Poder Judicial y que pudimos corroborar los ciudadanos este pasado martes en el Congreso de los Diputados, consecuencia de la pretendida reforma que limita las funciones del órgano de gobierno de los jueces, no cabe duda que la judicatura está muy cabreada al igual que las instituciones europeas, ante la desfachatez que supone esta peligrosa injerencia del Gobierno y lo más sorprendente es que magistrados como Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska o Juan Carlos Campo, desempeñando cargos ministeriales, no sean capaces de reaccionar con contundencia ante la vulneración de independencia que se pretende del Poder Judicial, francamente preocupante que ante las descalificaciones lanzadas desde la propia tribuna del Congreso contra miembros de la carrera judicial, con nombres y apellidos, tales como: ”Togas apolilladas”, “franquistas”, “magistrados que «se revuelven cuando no les gustan las decisiones políticas»”, “jueces afines, prevaricadores en la Sala Segunda del Supremo…”, la verdad es que es muy fuerte todo esto y descubre las pretensiones del Ejecutivo, cuya obsesión es interferir en un Órgano cuyas funciones están reguladas por la Constitución,. Y, además, con todo tipo de subterfugios y por la vía de urgencia para eximirse en esta proposición Ley de pedir informes a los órganos consultivos y del propio Consejo del Poder Judicial, o la Comisión de Venecia (Consejo de Europa), cuya opinión es fundamental.
Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de la Asociación Francisco de Vitoria, lo dejó claro en su declaración: “Estamos asistiendo a una lucha descarnada de rapiña entre los partidos por mantener o intentar mantener su cuota de poder en lo que ellos creen que les da vía para influir en los nombramientos discrecionales de la carrera judicial. Y punto. Una guerra descarnada por los despojos de un sistema que está en descomposición”. Vamos que se puede decir mas alto, pero no más claro.
Bueno visto, lo visto, no hay más cera que la que arde y en las negociaciones que han seguido los eurodiputados han dejado muy clarito el tema al introducir una disposición específica que clarifica los tipos de vulneraciones y establece un listado de ejemplos, entre los que se incluyen las “amenazas a la independencia de los jueces”, la ausencia de correcciones de “decisiones arbitrarias o ilegales”, y la “limitación de la posibilidad de recursos legales”… o sea, dice el Reglamento expresamente que el procedimiento que se active por infracción, consta de varios pasos, el primero es que “la Comisión, tras determinar que se ha producido una infracción, propondrá la activación del mecanismo de condicionalidad contra el Gobierno de un Estado miembro, y procederá a suspender o congelar los pagos desde las arcas comunitarias a dicho Gobierno”, el segundo que será el Consejo quien deberá votar en el plazo de un mes acerca de las medidas propuestas (se darán tres meses en casos excepcionales), por mayoría cualificada, es evidentemente una novedad, pues los eurodiputados han logrado acortar el plazo que tendrán las instituciones para tomar medidas hasta un máximo de 7 a 9 meses, y no necesariamente los 12 a 13 meses inicialmente previstos.
Vamos que no cabe ni la menor duda de que Bruselas, exige cada vez más garantías en la separación de poderes y por supuesto en la independencia del poder judicial, y nuestro Ejecutivo va para atrás como los cangrejos intentando su permanente injerencia en el Poder Judicial Español y como no corrija esa actitud desde este mismo instante, España no va a recibir ni un euro, en todo caso “cromos de El Coyote”.
