El PP ha denunciado que el Gobierno de Ribó y PSOE se gastará una gran parte del presupuesto de la sociedad municipal Plan Cabanyal- Cañamelar para 2022 en sueldos y restaurar su sede en lugar de invertirlo en recuperar el barrio o rehabilitar viviendas de propiedad municipal que tiene abandonadas en el barrio.
El Gobierno de Ribó y PSOE tiene seis años más de 129 pisos vacíos en el barrio sin restaurar mientras más de 1.200 familias están en lista de espera para un alquiler asequible de una vivienda municipal.
Se ha aprobado el presupuesto en Plan Cabanyal 3.184.071 euros en el que se dedican a sueldos y arreglar su sede 1.118.064€ (584.306€ en sueldos y 533.758€ en su sede) y otro 1.235.720 se destina a trabajos realizados por otras empresas. Es decir casi el 75% del presupuesto se dedica a sueldos, sedes y contratación de empresas externas. Además se ha aprobado una partida de 13.000 euros para poner un vigilante jurado en los bloques portuarios para evitar la ocupación.
El concejal del Grupo Municipal Popular, Giner Corell, ha advertido que en seis años de gobierno de Ribó y PSOE “han abandonado a su suerte a los vecinos del Cabanyal. Un barrio cada vez más degradado y con viviendas de propiedad municipal abandonadas así como otros barrios del marítimo.»
El Gobierno de Ribó y Sandra Gómez ha pasado de los 17 altos cargos de Rita Barberá a los 42 actuales
Giner Corell ha señalado que el Gobierno de Ribó y PSOE “han aumentado altos cargos en el Ayuntamiento, un total de 42 el doble de los que tenía el Gobierno de Rita, sólo 17 altos cargos. Han convertido en chiringuitos de colocación de militantes y amigos las sociedades públicas municipales que cuestan más de mantener que en gestionar recursos”.
La sociedad del Cabanyal se salta todas las recomendaciones de la intervención municipal
La Intervención municipal en su última auditoria cuestionase la propia necesidad de existencia de esta sociedad. Indicando expresamente que «no se ha proporcionado evidencia de que se haya comprobado que subsisten las circunstancias que justificaron la creación de la entidad. No se ha proporcionado evidencia de que se haya comprobado la sostenibilidad financiera de la Sociedad. No se ha proporcionado evidencia de que se haya comprobado la racionalidad económico-financiera de los procedimientos de la Entidad y que éstos se adecúan a los principios de buena gestión”.
Dice la auditoria que “la Sociedad ha utilizado la figura del contrato menor para la contratación de gastos recurrentes. No se cumple con la Resolución de 6 de marzo, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación de solicitar al menos tres ofertas alternativas”.
En la auditoria afirma que “no se ha dejado evidencia de que se haya comprobado si el personal directivo se ha designado atendiendo a principios de mérito, capacidad e idoneidad. O mediante procedimientos que hayan garantizado la publicidad y concurrencia”.
“No se ha proporcionado evidencia de que se haya verificado el grado de cumplimiento de los objetivos programados. Así como el coste y rendimiento de los servicios prestados de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. Añade la auditoría.
