Pedro Lozano Jiménez, acusado del intento de dos homicidios en grado de tentativa por disparar a dos Guardias Civiles, se enfrenta a 22 años de prisión y a otros siete más por diversos delitos. La Asociación Unificada de Guardias Civiles es la única que estará presente en las vistas de hoy y mañana
Despliegue de la Guardia Civil en las afueras de Andorra durante el operativo para detener al «Rambo de Requena». de esos peticionados, 22 serían por haber tiroteado a dos miembros del Instituto Armado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles es la única Asociación Profesional de la Institución que se personará en las dos vistas como acusación popular. “Lucharemos para que en Teruel no queden impunes quienes atacan a los Guardias Civiles”, expresan desde la Delegación de AUGC en Teruel.
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Los hechos juzgados tuvieron lugar el 8 de junio de 2020
Lozano Jiménez, de 28 años de edad, disparó con una escopeta a dos agentes de la Guardia Civil que intentaban identificarlo. El tiroteo se produjo cuando huía a través de la localidad de Muniesa y Andorra, dejando a uno de los efectivos gravemente herido.
El agente estuvo 44 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y tuvo que someterse a cinco operaciones en el brazo. El abogado de los Guardias Civiles sostiene que el arma fue “modificada” para “que hiciera más daño”. Ante la gravedad del suceso, la pena de 11 años de prisión por cada agente herido es una calificación que desde AUGC compartimos con la Fiscalía de Teruel.
El delincuente saguntino no disponía del permiso pertinente para portar la escopeta con la que causó los daños.
Por su tenencia ilícita también se solicitan nueve meses de cárcel. Además, P. Lozano Jiménez se enfrenta a cuatros y medio por robo con fuerza en una casa habitada, otro año más por conducción temeraria y nueve meses por coaccionar a un conductor para que le ayudase a escapar.
Las acusaciones reclaman cuantías económicas para indemnizar a los agentes que fueron víctimas de la munición disparada por el delincuente saguntimo: Mientras que la Fiscalía solicita más de 100.000 euros, la acusación particular pide más de 600.000 euros. Sin embargo, “El Rambo de Requena” se declaró insolvente.
