VOX pide conjuntamente con el PP que se endurezca el código penal y que el Gobierno de Pedro Sánchez informe a la Conselleria de Justicia de los repartos de inmigrantes ilegales

En la iniciativa también se exige que no se cierre ningún cuartel de la Guardia Civil, que se aumente el número de agentes y que se les dote de los medios necesarios

Ante el aumento de la criminalidad en la Comunidad Valenciana, el Grupo Parlamentario VOX ha presentado, conjuntamente con el PP, una Proposición No de Ley (PNL) en la que se pide que no se cierre ningún cuartel de la Guardia Civil en ninguna de las tres provincias de la Comunidad Valenciana; que se aumente el número de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional para luchar contra la delincuencia; que se les dote de los medios adecuados y que se endurezca el Código Penal para combatir la oleada de robos en explotaciones agrícolas de la huerta valenciana.

El portavoz del GP VOX, José María Llanos, ha destacado que en la PNL “se pide además mayor transparencia al Gobierno de la Nación y que informe a la Conselleria de Justicia de los repartos interregionales de inmigrantes ilegales para poder prevenir y planificar una actuación policial eficiente y eficaz y una mayor colaboración y cooperación con la Generalitat Valenciana y, en particular, con la Conselleria de Justicia”.

  • En la iniciativa se solicita también la cobertura de las vacantes y la renovación urgente del Convenio que regula la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana en condiciones adecuadas para la Comunidad Valenciana.

La sensación de miedo e inseguridad en la Comunidad Valenciana, y en el resto de España, ha aumentado en los últimos años Pero no se trata solo de una sensación creciente, si no de una realidad constatada, tal como se desprende de los datos que se reflejan en el Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior.

  • En 2023, los delitos en la Comunidad Valenciana crecieron más de un 8% en 2023, lo que supone dos puntos por encima de la media española.

Los robos con violencia e intimidación aumentaron más de un 7%, los delitos contra la libertad sexual ascendieron un 8,6%, con una media de más de seis delitos diarios en nuestra región; el tráfico de drogas ascendió un 24% (el triple que la media nacional), y los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa se incrementaron más de un 18%.

Ante todos estos hechos es necesario impulsar y promover políticas que devuelvan la seguridad y la libertad a nuestros ciudadanos, derechos sociales básicos que hoy más que nunca se ven amenazados por obsesiones ideológicas de una izquierda cegada por la promesa de un progreso hacia el abismo.