El Estado consuma un atraco legal a las entidades locales
El Estado ha firmado com la Federación española de Municipios y Provincias para financiarse a costa de las entidades locales. Un auténtico atraco legal con chantaje incluído como medida de presión.
El Estado se queda «voluntariemente» con los remanentes de tesorería de los Ayuntamientos
El acuerdo contempla que las Entidades Locales «con carácter voluntario» pongan a disposición del Gobierno sus remanentes de tesorería. Así, éstas irán percibiendo de manera proporcional a los remanentes que cedan un ingreso no financiero durante 2020 y 2021. A partir de 2022, y en un plazo de diez años, los Gobiernos Locales habrán recibido la totalidad de los remanentes cedidos y podrán utilizarlos sin incurrir en déficit. Se trata, en palabras del Presidente Caballero, de la única forma de utilizar esos remanentes de tesorería, un uso que está limitado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El Estado atraca las tesorerías de los Ayuntamientos para 2020 y 2021 y a cambio se lo devuelve a partir de 2022 a diez años vista.
Además, el acuerdo contempla también mantener la utilización del superávit tal y como se ha venido haciendo hasta ahora y, en este sentido, prevé utilizar el de 2019 para gastos de 2020. Se prorroga para 2020 la regla especial del destino del superávit de 2019 y también se prorroga el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles iniciadas en 2019 con cargo al superávit de 2018.
Acaba con la regla de gasto de 2020 a cambio. Pero consuma un verdadero bocado a las entidades locales.
Famosa ley Montoro y ahora atraco de Sanchez
Montoro mediante su pacto de estabilidad presupuestaria limitó el máximod el déficit financiero de las administracioens públicas. Fue especialmente duro con als entidades locales. Posteriormente se les aplicó la regla del déficit 0 en la época de Rajoy. Una política que continuó Sánchez a pesar de sus criticas a la medida cuando estaba en la posición.
La mayoría de Ayuntamientos utilizaban sus remanantes de tesoería para amortizar déficit como marcaba la ley. Este año con als circunstancias especiales del COVID-19 se permitió que hasta un 20% de ese remanante se utilizara en inversiones relacionadas con las situaciones derivadas de la pandemia.
Hecha la ley hecha la trampa
La trampa de muchos Ayuntamientos como el de Valencia ha sido utilizar bajo el epígrafe de «inversiones urbanísticas estratégicas» peatonalizaciones y carriles bici que se habían quedado fuera de presupuesto. Pero la pillería de los Ayuntamientos tampoco tiene límites.
De hecho, muchos de los Ayuntamientos desde la Ley Montoro aplican esta normativa de una manera peculiar. Así, no se cubren las plazas de los funcionarios jubilados, pero sí piden la tasa de reposición para que los Ayuntamientos no pierdan ese personal esencial como administrativos, policias, bomberos, técnicos. Otra cosa es que luego no saquen esas plazas y als utilicen para crear organismos paralelos con personal laboral «a dedo» como la agencia de la Bicicleta u organismos parecidos y no se repongan los funcionarios donde se necesitaban.
Mismos canes con distintos collares
Al final, los unos y los otros perpetran recortes a los Ayuntamientos, da igual la ideología. Parecen no entender que es la primera barrera de cara a los ciudadanos, del día a día de los vecinos. Un Ayuntamiento es sobre el que recae el peso fundamental en las materias que nos afectan día a día, tales como recogida de basuras, policias, bomberos, inversiones en parques, limpieza,…incluso servicios sociales.
Unos y otros han hablado y hablan de las bondades de los Ayuntamientos, pero cuando les hace falta dinero, no tiemblan en dejarlos sin los recursos necesarios.
A cambio el Gobierno ofrece migajas
Así, el Gobierno se compromete en una vez tena esas «aportaciones voluntarias» de los Ayuntameintos y entidades locales elaborar un fondo de 400 millones de euros para ayudar al transporte público ( de toda España). O también considerarlos en el nuevo sistema de financiación. Así como la participación, (aunque no detalla ni cuánto ni cómo) en los 72.000 millones que vendrán vía fondos europeos.
Los Ayuntamientos españoles tienen una nueva atribución desde hoy que es la de «prestamista» del Estado.
