– Laura Chulià registra una moción para su debate en el pleno de enero reclamando la creación de un plan municipal que frene los casos de okupación de viviendas en la localidad.
– En 2022 las okupaciones ilegales en la Comunitat aumentaron en un 23%.
La portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de Benetússer, Laura Chulià, presentará una moción en el próximo pleno de enero para acabar con la okupación de viviendas en el municipio. En este sentido, la propuesta popular pasa por la creación de un plan local para luchar contra este fenómeno que afecta a varios inmuebles de Benetússer.
A este respecto, Chulià afirma que “ante un problema que preocupa a los vecinos y produce malestar e indefensión de los dueños de las viviendas en propiedad, desde la corporación municipal no podemos mirar hacia otro lado y debemos actuar para garantizar los derechos de los propietarios”. Al mismo tiempo, la portavoz popular matiza que “debemos mejorar la atención de las familias afectadas y la protección del conjunto de nuestra sociedad ante este tipo de delitos”.
Según se recoge en el texto de la iniciativa popular, se insta al ayuntamiento a elaborar un plan local de actuación ante la okupación que “facilite el seguimiento y protección de las viviendas vacías mediante un censo, además de medidas, actuaciones y protocolos en el caso de inminentes ocupaciones ilegales”. En este punto, Laura Chulià matiza que el plan debería “contemplar también la creación de un servicio de asesoramiento jurídico que ofrezca su ayuda a las personas afectadas”
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La portavoz del PP asegura que “la okupación ilegal es un delito y por eso no puede crear derechos a las personas que okupan una vivienda”.
En este sentido, Chulià afirma que los propietarios se encuentran desprotegidos ante la ley porque “aún teniendo su vivienda ocupada, tienen que seguir pagando sus impuestos, los recibos de la luz, el agua y la recogida de residuos porque si no pueden ser denunciados por coacción”.
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, cada 30 minutos se okupa una vivienda ilegalmente en España. La solución, en muchos casos, pasa por la creación de viviendas sociales para atender a las personas que usurpan la propiedad privada. Sin embargo, según apunta Chulià, “el parque de viviendas sociales en la Comunitat Valenciana es prácticamente inexistente”.
