El alcalde de Ribarroja de Túria Robert Raga y la teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Teresa Pozuelo, se han reunido este sábado 6 de febrero con los representantes de veinte familias inquilinas de un edificio del municipio, que han recibido un aviso de expulsión por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb.
La Sareb, de propiedad estatal, expulsa a inquilinos e ignora a las instituciones
El pasado 16 de noviembre tras ser avisados por esa empresa y posteriormente por el Juzgado número 3 de Lliria, los vecinos afectados aportaron toda la documentación que acredita la validez de los contratos de alquiler con la misma. En ese momento el Ayuntamiento se preocupó por el caso e inició conversaciones con la Sareb para lograr una mediación y soluciones al problema, sin obtener de momento ninguna respuesta favorable a los intereses de las familias.
Tras la vista con el juez a principios del mes de febrero y a la espera de la resolución judicial, el Alcalde ha informado que ya ha solicitado un encuentro urgente con el vicepresidente y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau. “Para hacer frente a lo que consideramos una injusticia con familias de nuestro municipio que, teniendo todo en regla, pueden acabar en la calle” ha afirmado Raga, avisando que en cualquier caso “el Ayuntamiento no los va a dejar en ningún momento desamparados”.
Según ha explicado el alcalde, las familias cuya documentación avalaría la legitimidad de su condición de inquilinos, están viviendo “una pesadilla en un momento de máxima dificultad social por culpa de la pandemia”. Así, Raga ha trasladado a los representantes de las familias y uno de los abogados presentes en el encuentro que el consistorio recuriría a todas las herramientas jurídicas a disposición y que se les informaría de cualquier avance logrado.
La Sareb, «el banco malo» del Estado que compró activos inmobiliarios
La Sareb es este «banco malo» que creó el Estado para comprar activos inmobiliarios de excedente. En principio compró a las constructoras promociones inacabadas. Pero después compró múltiples edificios con inquilinos que después vedía a fondos buitre. En este caso, la Sareb quiere expulsar a los inquilinos propios, quizá para proceder a la venta del imueble a un fondo buitre.
El mismo Estado que dice proteger a los ciudadanos, los expulsa de sus casas teniendo la documentación en regla y el pago de sus alquileres.
