La Unidad del Servicio Central de Proceso Sancionador del Ayuntamiento de Valencia sanciona a la sociedad Plan Cabanyal – Canyamelar S.A. como consecuencia del acta de infracción del Servicio de Gestión Sostenible de Residuos Sólidos y Limpieza en el Espacio Público, de fecha en de esta ciudad, 7 DE JULIO DE 2020, CALLE PROGRESO 16 y 18.

Se dictó providencia de incoación, de fecha 12 de agosto de 2020, del procedimiento sancionador, notificada el día 17 deagosto de 2020.

El Plan Cabanyal no reconoce los hechos, pero acepta el pago voluntario de la sanción

Por su parte la sociedad Plan Cabanyal – Canyamelar S.A. con fecha 24 de agosto de 2020,  no reconoció los hechos ni su responsabilidad en la comisión de los mismos, pero solicitó, poder realizar el pago voluntario de la misma.

Lo extraño es que alguien que no reconoce los hechos abone de forma voluntaria la sanción impuesta sin recurso. Realizando por tanto una aceptación tácita de los hechos sin embargo.

¿Quién es el Plan Cabanyal Canyamelar?

Es una entidad participada entre el propio Ayuntamiento de Valencia a través de AUMSA y la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Vivienda bioclimática y vicepresidencia segunda del Consell a tavés de EIGE

Con lo que de facto, el Ayuntamiento de Valencia habría impuesto una sanción a un organismo del que él mismo forma parte. Reconociéndose la mala praxis del ente. Por cierto, la multa fue reducida al 20% por pronto pago y se quedó en 240€, que fueron abonados el pasado 1 de Septiembre.

¿Por qué se le sanciona?

Se le sanciona con una multa de doscientos cuarenta euros (240,00 €), correspondiente al importereducido por el 20% de descuento, por la comisión de una infracción leve. Consistente en no mantener los terrenos, construcciones y edificios en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Contemplados en el artículo 16 y 17,1 y 2 de la Ordenanza de Limpieza Urbana, aprobada por acuerdo de 30 de enero de 2009.

Un sin sentido más en un Ayuntamiento que cada vez es más surrealista, donde ni el propio Ayuntamiento cuple con sus propias normativas, ni los organismos ni entes participados cumplen con la legalidad, faltando transparencia en muchos casos en la gestión y habiendo cuanto menos, múltiples sospechas de irregularidades.

Llama poderosamente la atención de quién ha de velar por rehabilitar estos barrios, se le tenga que sancionar por las condiciones de insalubridad de las propiedades bajo su cargo. un mal presagio y peor ejemplo.