Ayer se celebró a instancias del Presidente del Gobierno y con carácter de urgencia, una nueva Conferencia de Presidentes en formato online y con el único punto a tratar de la situación actual COVID19.
La única conclusión que se extrajo de manera oficial de dicha reunión fruto de la cogobernanza es que el Consejo de Ministros aprobará de nuevo la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores como única medida adoptada. Esto se une con el compromiso adoptado por las distintas Comunidades Autónomas de acelerar el proceso vacunal.
La críticas de muchos presidentes autonómico de distinto signo, tales como Urkullu (PNV) o Feijoó ( PP) no se han hecho esperar. Reclaman mayor seguridad jurídica al Estado y medidas más contundentes.
Las claves de la reunión
Pedro Sánchez convocó a los Presidentes Autonómicos fruto de esa cogobernanza, pero la realidad es que nadie quiere tomar medidas restrictivas que serán impopulares ya acarrearían un coste político. Más si cabe cuando además estas medidas restrictivas deberían traer aparejado nuevas concesiones de ayudas en la maltrecha economía española, con un déficit público disparado y una caída de ingresos considerable.
Los fondos europeos ya están comprometidos para proyectos concretos y se han vendido como el maná de la economía española. Pero la realidad es que la situación económica es tremendamente inestable y muy precaria.
Dado este panorama de recesión económica, nadie quiere tomar medidas impopulares que acarrearían un coste político. “No hay economía sin salud, ni tampoco salud sin economía”.
El marco jurídico
Pedro Sánchez deja en el tejado de las CC.AA. tomar medidas restrictivas en base a su marco regulatorio. Así, las CC.AA. tienen capacidad para dirimir sobre cuestiones sobre horarios comerciales de ciertos sectores ( ocio nocturno, hostelería) y en base a aforos. Todo cuestiones administrativas. Pero los Derechos Fundamentales como los recogidos en el título I de la Constitución Española son otra cosa.
Aquí cabe destacar que ya sabemos que el más alto Tribunal Español tumbó la primera declaración del Estado de Alarma y sus medidas a posteriori. Y es que España no es América y aquí ni hay toque de queda ni nada parecido. La legislación española es la que es y el Estado de Alarma no está regulado en los términos que aplicó el Ejecutivo hace ahora más de año y medio.
Es por ello, que Pedro Sánchez se comprometió a elaborar una Ley de Pandemias, que tras más de un año, y a pesar del consenso para su realización, aún no tiene ni un solo borrador. Parece que la mejoría en los datos pandémicos hizo desistir al gobierno y guardar el proyecto en un cajón. Nadie podía imaginar que empeoraría tanto de nuevo. Así que ahora nos ha cogido esta sexta oleada sin marco regulatorio y sin los deberes hechos.
La solución adoptada que no satisface a nadie
La solución adoptada es pedir a la población que se autoregule. Un acto kamikace para los expertos sanitarios y una irresponsabilidad a ojos de muchos presidentes autonómicos.
Así,s erán esos presidentes los que tengan que tomar soluciones. Como en el caso de la Comunitat Valenciana que acudió al TSJCV. El Alto Tribunal Valenciano ha avalado el nuevo Decreto Sanitario del Consell y por tanto previsiblemente será publicado hoy mismo en el DOGV y será de aplicación esde las 00:01 del 24 de diciembre. Esta misma noche.
En el nuevo Decreto Sanitario, la Consellería de Sanitat extiende el uso del pasaporte COVID a todos los locales de hostelería y restauración y a todos los lugares públicos donde exista la posibilidad de comer o beber. Tales como cines, o incluso gimnasios e instalaciones deportivas cubiertas. Además anula el anterior Decreto y extiende sus efectos hasta el 31 de enero.
Las cifras no son para juegos, y la Comunitat Valencia está con una Incidencia Acumulada de 724,17 casos por cada 100.000 habitantes. Pero se pospone una decisión más dura esperando que un milagro paralice el aumento de casos.
