Hoy hemos conocido cómo la Generalitat Valenciana trata de ocultar las visitas del ex-tesorero del PSPV Pepe Cataluña a las distintas consellerías y órganos de Gobierno. Así, en una respuesta dada al PPCV, la Generalitat Valenciana segura que en su aplicación VisitasGVA borran todos los datos de más de un mes. Una nueva forma de actuar que aporta opacidad y va en contra del código de buen gobierno y de la transparencia tan cacareada en los últimos años.

Así a la pregunta efectuada desde el PPCV que pedía al relación de visitas del ex-tesorero a Presidencia y distintas consellerías en los últimos años, sólo se le ha contestado que «no aparecen visitas desde el 1 de febrero al 28 de febrero del presente año». «Se borran pasados 30 días los datos de la aplicación de Visitas GVA».

Un nuevo escándalo que apunta a Chimo Puig con un proceder nuevo que desde el PPCV aseguran trata de «ocultar el rastro de Pepe Cataluña como «presunto» conseguidor de la trama AZUD».

La legislación actual que la Generalitat Valenciana vulnera

La gestión de documentos electrónicos se rige por la ORDEN 1/2018, de 27 de diciembre, conjunta, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Por la que se aprueba la política de gestión de documentos electrónicos de la Generalitat. Asimismo, se rige por la Ley de Transparencia y el DECRETO 50/2018. La eliminación de los documentos físicos o electrónicos de la Generalitat está sometida a la Junta Calificadora de Documentos Administrativos, creada por la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. No pueden ser eliminados documentos sin los trámites previstos en dicha junta.

El Decreto establece que:

«En ningún caso se podrá autorizar la eliminación ni se podrá proceder a la destrucción de documentos en tanto subsista su valor probatorio».

La transparencia perdida

Por otra parte, ARTÍCULO 37 del DECRETO 105/2017. Que hace referencia a la Ley de Transparencia y de Regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Y cuando habla del apartado de la AGENDA INSTITUCIONAL asegura que:

• La agenda institucional deberá incluir todos aquellos actos o reuniones que sean de relevancia pública, entendiendo por tales los que conformen la agenda de trabajo. Dicha información se mantendrá pública, como mínimo, hasta tres años después de la finalización del mandato existiendo a dichos efectos un registro de reuniones.

• Dentro de los actos que deberán publicarse se entenderán incluidos, por regla general y entre otros eventos y reuniones de carácter político o institucional, las reuniones con agentes externos a la organización y las reuniones internas de especial relevancia para la toma de decisiones, así como las intervenciones en medios de comunicación o en actos públicos previamente programadas, todo ello sin perjuicio de la normativa aplicable y de la salvaguarda de la privacidad y de los derechos fundamentales de los participantes.

• Conclusión: Con carácter general tendrían que mantener las agendas hasta 3 años después de la finalización del mandato. Debiendo incluir en las mismas al Sr. Cataluña Oliver si consideramos que por su cargo o condición tenía proyección pública.

Recomendaciones del Gobierno de España

Por otra parte en cumplimiento de una recomendación publicada por el gobierno de España sobre información de las agendas de los responsables públicos se establece que:

Se recomienda mantener la información contenida en las Agendas para la Transparencia disponible en el portal o página web durante al menos un plazo de 3 meses desde su inclusión y en situación de disponible durante todo sus mandato

Desde las filas populares Barrachina califica esto de nuevo intento de boicotear a la justicia e impedir la fiscalización del Consell

El diputado popular Miguel Barrachina  denuncia «el boicot de Puig a los procesos judiciales y parlamentarios que tratan de averiguar sus presuntas corruptelas».

Recuerdan también desde las filas populares que ahora hace 11 meses que el Juzgado pidió la documentación de los 1,2 millones en subvenciones conseguidos por el hermano de Chimo Puig a la Generalitat Valenciana.

«Arcadi España ha tardado diez meses en pedir desde Hacienda a su compañera de Educación estos expedientes»

«Esto es un claro boicot de Chimo Puig y del gobierno valenciano a la acción de la justicia»

Problemas en el caso AZUD

En lo relativo al caso AZUD, el informe de la propia UCO de la Guardia Civil sitúa al ex-tesorero del PSPV Pepe Cataluña como el parece conseguidor de la trama. Desde la propia campaña de X. puig a secretario general del PSPV hasta ahora. Puig no ha aportado aún facturas de gastos de su propia campaña a secretario general de los socialistas valencianos.

Desde el PPCV se asegura que iniciarán un batería de preguntas en Corts Valencianes y no descartan acudir a la justicia para «que se sepa la verdad».

Acusan a Chimo Puig de intentar tapar todos los casos de presunta corrupción a su alrededor de familiares y de su partido hasta las elecciones para conseguir que no le perjudique electoralmente.