– Adoptó una política lingüística de imposición y adoctrinamiento en los colegios
– Solo en los tres primeros años de su gestión se acumularon más de 40 sentencias en contra
El Grupo Parlamentario VOX Cortes Valencianas solicita reprobar a Vicent Marzà, conseller de Educación con El Botánico, por la desastrosa gestión y la política lingüística aplicada durante el ejercicio de sus funciones en el ámbito educativo.
Julia Llopis, portavoz de educación del GP VOX ha declarado que “Durante la legislatura del Botánico, la Conselleria de Educación, dirigida por Marzà, adoptó una política lingüística de imposición y adoctrinamiento en los centros educativos, donde había un arduo interés para que el valenciano prevaleciera frente a la lengua española, hasta el extremo de crear una oficina de derechos lingüísticos y la contratación a dedo de asesores lingüísticos que se dedicaban a verificar la imposición del valenciano en los centros educativos sin respetar el derecho a la libertad de elección de lengua por parte de las familias.”
En la Proposición No de Ley (PNL) se explica que las decisiones tomadas por el entonces titular de la Conselleria de Educación han desencadenado un grave perjuicio a las políticas educativas de nuestra región. Decisiones que fueron tomadas sin considerar las numerosas advertencias y el malestar mostrado por todos los sectores de la comunidad educativa a los que obligó, como último recurso, a tener que recurrir a los tribunales con el fin de defender los derechos y libertades que se pretendían vulnerar.
-
Prueba de ello, han sido las numerosas sentencias judiciales que los altos tribunales han fallado en contra de la política educativa impuesta por Marzá.
Sólo en los tres primeros años de gestión acumularon más de 40 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en las que, entre otros, sentenciaron anular el decreto de plurilingüismo por discriminar al castellano frente al valenciano en las aulas. Los recortes de conciertos con la consecuencia de obligar a mantener las aulas concertadas que Educación no renovó. La discriminación de la concertada en las ayudas del refuerzo escolar. El veto al alumnado de universidades privadas en las prácticas. La obligación a ofertar la Religión como asignatura optativa en 2ª de Bachillerato y la obligación de trabajar por ámbitos y por proyectos interdisciplinarios.
