Ribó no recuperará los 92.000 euros que se cobraron de más por una adjudicación irregular ni buscará a los responsables del perjuicio económico

El Gobierno de Ribó y PSOE no acepta las recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude para investigar los responsables de la adjudicación irregular grave del comedor de los tres centros ocupacionales municipales. Y por el que se pagaron 534.605 euros con precios, según Antifraude, por encima del mercado. Lo que supuso un coste en más de 91.908 euros del surgido de una licitación en concurrencia competitiva. Ribó ni buscará responsabilidades ni pedirá el resarcimiento al Ayuntamiento de lo cobrado de más.

Ahora ha dictado Antifraude el cierre de la investigación destacando que el Gobierno de Ribó y PSOE han dado carpetazo. Y no han hecho caso a ninguna de las recomendaciones realizadas por Agencia.

Un catering adjudicado a dedo

Compromís adjudicó a dedo el catering de los centros ocupacionales a un precio por menú a 8,03 euros. Casi 5 euros por menú que se pagaba a la empresa adjudicada legalmente y que tenía contrato en vigor. Además también era un precio superior al que se licitó la nueva contratación que lo fijaba en 6,72 euros y adjudicado por 6,65 euros en menú. Esta es la diferencia del precio del menú de la adjudicación a dedo y la nueva adjudicación es la que utiliza Antifraude para calcular el sobrecoste que se pagó. Y que se cifra en 91.900 euros.

Entre las recomendaciones dadas por la Agencia Valenciana Antifraude esta la depuración de responsabilidades. Y “deberá asimismo cuantificarse los perjuicios producidos por el procedimiento de revisión de oficio (perjuicio determinado de manera objetiva en el informe inicial de la investigación). Que deben ser objeto de resarcimiento al erario municipal para evitar el menoscabo de caudales o efectos públicos y las posibles responsabilidades que de ello se pudieran derivar”.

Y en su documento de conclusión la Agencia Valenciana Antifraude dice que el Gobierno de Ribó y PSOE no acepta la aplicación de las recomendaciones propuestas dando cuenta de su incumplimiento”.

Sorprendidos

El Grupo Municipal Popular se muestra sorprendido que el Gobierno de Ribó y PSOE a pesar de las conclusiones de la investigación y las recomendaciones de Antifraude haya decidido dar carpetazo al asunto. Y no velar por los intereses del Ayuntamiento pidiendo el resarcimiento de lo cobrado de más. Que según Antifraude se cifra en 91.900 euros”, explicó hoy la concejala del PP, Marta Torrado.

Torrado advierte que fue una decisión política y como mínimo el gobierno municipal debería haber investigado quien fue responsable de esta adjudicación irregular una vez conocida la investigación de Antifraude. Esto demuestra lo poco que les importa el dinero de los valencianos al no buscar responsables que devuelvan el dinero al erario municipal”.

Un año investigando

La Agencia Valenciana Antifraude investigó la contratación ‘a dedo’ de un servicio de comedor para centros ocupacionales. Por el que el Ayuntamiento de Valencia pagó, durante cerca de dos años y medio, un 117% más de lo que abonaba anteriormente a la legítima adjudicataria.

Optó entonces por los servicios de Novaterra Catering SL, “a un precio unitario del menú (8,03 euros IVA incluido). Un 117% superior al precio al que lo estaba facturando la anterior legítima adjudicataria”. Y lo hizo “sin concurrencia competitiva”, según adviertía el informe de Antinfraude.

Antifraude considera que el Ayuntamiento de Valencia y el departamento de Servicios Sociales, en la época de la exconcejala de Compromis Castillo, incurrió en un supuesto enriquecimiento injusto en favor de Cátering Novaterra.

La regidora adjudicó el contrato provisional de los comedores de los Centros Ocupacionales Municipales de forma directa. A un precio superior al que marcaría el mercado (según la tesis de Antifraude). Y por la urgencia de que no había ninguna otra empresa que pudiera prestar el servicio.

La Agencia cifró en 91.900 euros los perjuicios iniciales que esta contratación supuestamente irregular le costó a las arcas municipales. Y además exigió al consistorio presidido por Joan Ribó que cuantificase los perjuicios totales de esta adjudicación. Y que investigue quienes fueron los responsables de esta decisión, para depurar responsabilidades.