El director general de Costas afirma que una reforma de esta trascendencia «debe sustentarse en el consenso institucional, la cooperación entre administraciones y la seguridad jurídica»
La Generalitat ha vuelto a reclamar al Gobierno de España la paralización inmediata de la tramitación de la reforma del Reglamento General de Costas y del Reglamento de Compatibilidad de las Estrategias Marinas, una petición respaldada por la práctica totalidad de las comunidades autónomas con litoral.
Tras la reunión de trabajo celebrada en Barcelona, la Comunitat Valenciana, Galicia, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Illes Balears y Canarias han acordado de forma conjunta solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico suspender ambos procesos normativos hasta que puedan abordarse desde el consenso institucional y mediante un proceso de diálogo con las comunidades autónomas.
Asimismo, las comunidades autónomas reclaman la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Costas, presidida por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como la celebración previa de una reunión técnica de los directores generales competentes en la materia para analizar las principales discrepancias y avanzar hacia un marco regulatorio consensuado.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha señalado que «la práctica totalidad de las comunidades autónomas compartimos la preocupación por la ausencia de consenso institucional en torno a una reforma que afecta directamente a competencias autonómicas, actividades económicas y a la gestión del litoral».
En este sentido, ha subrayado que «no existe en estos momentos la necesaria paz jurídica para acometer modificaciones de esta trascendencia sin un proceso previo de diálogo, cooperación y concertación entre administraciones».
Además, García Manzana ha defendido que «cualquier modificación de la normativa estatal de costas debe sustentarse sobre los principios de lealtad institucional, cogobernanza, participación efectiva de los territorios afectados y respeto al marco constitucional y estatutario de distribución de competencias».
Asimismo, ha incidido en que «las transformaciones regulatorias del litoral deben realizarse desde el consenso y no desde la imposición unilateral, garantizando la protección ambiental, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de las actividades vinculadas al mar».
Ante la previsión de que el Ministerio apruebe el nuevo Reglamento General de Costas antes del próximo 31 de julio, las comunidades autónomas han acordado también interponer un recurso contencioso-administrativo contra la norma y solicitar como medida cautelar la suspensión de su entrada en vigor.
El acuerdo alcanzado reúne a gobiernos autonómicos de distinto signo político y evidencia un amplio consenso territorial en defensa de un marco normativo estable, adaptado a la realidad de las comunidades litorales y construido desde la cooperación institucional.
Una gestión más eficaz del litoral
Durante el encuentro celebrado en Barcelona, las comunidades autónomas coincidieron también en la necesidad de revisar el actual modelo de gestión del litoral para simplificar los procedimientos administrativos, especialmente en materia de autorizaciones temporales vinculadas a actividades y servicios de temporada.
Igualmente, plantearon reforzar los mecanismos de cooperación entre administraciones y abrir un debate sobre la financiación de la gestión del dominio público marítimo-terrestre, con el objetivo de dotar a las comunidades autónomas de mayores recursos para la conservación y protección del litoral. Entre las propuestas figura que el canon de ocupación revierta en las comunidades autónomas para fortalecer las actuaciones de gestión y preservación de la costa.
