La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha propuesto una “profunda reforma” que adecue la organización judicial “a la nueva realidad social, política económica y demográfica de la España actual” . Una reestructuración que pase por “más cogobernanza” y “el federalismo judicial”.
Así lo ha manifestado en su conferencia en el marco de la Tribuna Mediterránea de Nueva Economía Fórum que ha ofrecido este miércoles en Valencia. En la que ha reclamado “un mayor protagonismo de las comunidades autónomas en la creación de las unidades judiciales. También en la organización para aligerar las cargas de trabajo. Porque si las comunidades somos Estado, lo hemos de ser con todas las consecuencias”.
Plan de infraestructuras judiciales
Bravo ha recordado que, en los últimos ocho años “se ha incorporado la dignidad en las sedes judiciales” gracias al Plan de Infraestructuras judiciales. Dotado con más de 270 millones de euros de inversión para la mejora del parque inmobiliario judicial de las tres provincias. Entre cuyas iniciativas destacan “proyectos emblemáticos como la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante o la reforma integral de la sede del Tribunal Superior, que ya se están ejecutando”.
En este sentido, la consellera ha explicado que en la siguiente fase del Plan de Infraestructuras se incluirán nuevas sedes judiciales en Sagunto, Sueca y Elda o la reforma integral del complejo de Benalúa de Alicante.
Además, ha anunciado que se llevará a cabo la construcción de la Segunda Ciudad de la Justicia de Valencia. “Llevará el nombre de Ascensión Chirivella, la primera abogada valenciana”. Dado que el edificio actual “se ha quedado pequeño y ya no admite más órganos judiciales”.
La consellera ha desgranado también otros logros:
- Plan de Eficiencia Energética.
- La creación de 46 nuevas unidades judiciales.
- Aumento en un 64 % del presupuesto de personal del área de Justicia.
- Plan de Digitalización que ha permitido la puesta en marcha del expediente judicial electrónico.
Federalización de la Justicia
Bravo asegura que “ha llegado el momento de abrir el debate sobre la oportunidad de crear los Consejos autonómicos de Justicia”. Esta iniciativa, sería “un primer paso para adecuar el Poder Judicial y la Administración de Justicia al Estado de las autonomías. Corregir así, tras casi medio siglo de vigencia de la Constitución, un aspecto de nuestra arquitectura institucional que no está bien resuelto”.
“Papel esencial de la Administración”
Bravo también ha defendido el “papel esencial” que la Administración ha de tener para “desplegar las políticas económicas y sociales necesarias en este momento de inflexión. Para aprovechar la oportunidad histórica que supone la gestión de unos fondos europeos inéditos”. En este sentido, ha reivindicado que lo público “debe ser un factor competitivo esencial en la Economía además de un actor innovador de primer orden”.
Lucha contra la violencia de género y contra la prostitución
La consellera ha dedicado la última parte de su conferencia a la lucha contra la violencia de género. También a la atención a las víctimas.
Gabriela Bravo ha recordado que “casi 90.000 víctimas asistidas en cinco años -la mayoría, mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica-. Son datos que por sí mismos evidencian la importante labor desplegada por los casi 200 profesionales que, día a día, atienden y protegen a las víctimas desde la Red Pública de Oficinas de Asistencia. Un servicio integral único en España”.
“Somos la primera comunidad autónoma que se ha propuesto abolir la prostitución y que está liderando ese proceso en toda España. Para ello estamos impulsando iniciativas destinadas no sólo a modificar leyes sino, sobre todo, a cambiar mentalidades para acabar con esta forma de discriminación machista”, ha concluido Gabriela Bravo.
