– La persona vulnerable, si tras dos años no había obtenido respuesta, debía buscarse la vida y no había tutela de la Administración
– El Gobierno central incumple su obligación de aportar fondos para la dependencia, hasta alcanzar una deuda de más de 3.000 millones de euros
El diputado del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, Joaquín Alés, se ha dirigido en el Pleno de este miércoles al Síndico de Agravios, Ángel Luna y ha hecho referencia a que “me gustaría centrarme en el análisis del funcionamiento de la Administración o más bien, en la eficacia de la Administración. Usted tomó posesión en el año 2019, denunciando los retrasos intolerables en las valoraciones de dependencia.”
“No obstante, si observamos las memorias de los últimos años, efectivamente, los mismos bloques se repiten como principales canalizadores de las quejas: Dependencia, Renta Valenciana de Inclusión, discapacidad y vivienda. Por lo tanto, la primera cuestión que le planteo es si considera que su labor al frente del órgano estatutario es eficaz.”
En esta línea, Alés ha recordado que “el Síndico de Agravios es la conciencia crítica de la Administración, sin embargo, observamos un número parecido de quejas en bloques año tras año de manera que la sensación que uno tiene es que el Síndico cumple con su deber establecido por Ley, se busca proteger los derechos del administrado, pero da la sensación de que la respuesta de la Administración es concreta, coyuntural pero no estructural.”
-
El diputado se ha vuelto a dirigir a Luna y le ha preguntado “si está la Administración valenciana preparada y tiene medios suficientes para satisfacer esos derechos prestacionales.
Es evidente que se han desarrollado una serie de derechos de naturaleza prestacional en favor del administrado valenciano, hablamos de dependencia, de Renta Valenciana de Inclusión y acceso a la vivienda.”
“En materia de vivienda, es un tema tremendamente complejo. En la Comunidad Valenciana existe una Ley de 2017 por la Función social de la Vivienda que encomienda a la Administración en su artículo 2 garantizar el acceso a la vivienda a población vulnerable.”
Alés ha recordado que “la respuesta de la Administración valenciana en tiempos del Gobierno de izquierdas fue establecer un procedimiento administrativo al que la persona vulnerable debía apuntarse. Este incumplía sistemáticamente el plazo de 6 meses. Si tras dos años no se había obtenido respuesta, la persona vulnerable debía buscarse la vida, peregrinar buscando potenciales planes de ayuda en concurrencia competitiva, hasta donde alcanzase el crédito. No había tutela de la Administración.”
“Es muy bonito lanzarse a redactar una Ley de función social de la vivienda, porque somos de izquierdas y lo vendemos muy bien a la prensa y a la población. Pero luego lo que monto es un entramado burocrático que no busca satisfacer los derechos de los más vulnerables, lo que busca es vender fachada y colocar el mensaje publicitario.”
Finalmente, Alés ha hecho hincapié en que “en la web de la Generalitat un hay un documento denominado ‘Evolución Anual de la Infrafinanciación de la Dependencia’, donde se observa como el Gobierno central incumple sistemáticamente su obligación legal de aportar fondos para la dependencia hasta alcanzar una deuda de más de 3.000 millones de euros, más del 50% de la misma generada desde el año 2018, año de la llegada del PSOE al Gobierno de España, viendo este documento, me atrevería a afirmar que han dejado desamparada a la Administración valenciana en un asunto tan básico y esencial como la dependencia.”
