Desde la Asociación Tu Abandono Me Puede Matarde Picassent, tenemos el deber de informar a la sociedad que el 9 de septiembre de 2020, un interno de la unidad de cumplimiento que había disfrutado de un permiso penitenciario recientemente y se encontraba en cuarentena en el módulo de Ingresos tras su regreso del citado permiso, ha dado positivo en Coronavirus al realizarle una PCR.
Se da la circunstancia de que en una primera prueba había dado negativo. Pero finalmente se ha confirmado su positivo en una segunda. Por lo que ha sido trasladado al módulo designado de Control Sanitario. Donde se realizará el seguimiento de su evolución por parte del personal sanitario del Centro Penitenciario.
Cambios constantes de protocolos desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
Una vez más se demuestra que un medio cerrado como son las prisiones no están exentas de padecer este virus, y el continuo cambio de protocolos desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no facilitan el trabajo de los funcionarios de p risiones y los sanitarios por evitar su entrada. Elaumento de los casos en esta segunda ola a nivel general, también afecta a las prisiones, y en este caso a la de Picassent, donde hasta ahora se había conseguido evitar contagios de internos.
Los compañeros del trabajador que la semana pasada dió positivo aúnnno han sido «rastreados» por Instituciones Penitenciarias
Por otro lado, tenemos constancia de que la empresa ASPY Prevención, no ha contactado aún con ninguno de los funcionarios que tuvieron contacto con los trabajadores que notificaron su positivo al centro el pasado 26 de agosto y han tenido que “buscarse la vida” para hacerse las pruebas y poder regresar al trabajo con garantías de no padecer el virus.
Este hecho grave, demuestra la incapacidad de la Administración para hacer cumplir sus compromisos a dicha empresa. Que literalmente y sin explicaciones, se ha lavado las manos.
Desde esta Asociación, continuaremos luchando por la valoración de nuestro trabajo. También por evitar que la Administración considere “normales” los riesgos que corremos. Lo que por extensión puede poner en peligro a nuestras familias. Algo que no estamos dispuestos a consentir.
