– Quito, 10 de agosto de 1809, del relato mitómano a la realidad histórica
En mi búsqueda del sentido del Ser ecuatoriano, de estar preguntando sobre qué significa ser ecuatoriano, no hallaba alguna respuesta que pueda satisfacerme, pues en el proceso educativo en el cual crecí, no aportaban nada más que un simple determinismo dicotómico de bueno y malo, algo completamente absurdo.
En esa búsqueda, fui a dar una clase de fenomenología en la Universidad Central del Ecuador, en la facultad de jurisprudencia, caminaba hacia la Av. América, en el trayecto, encontré una librería, y llamó mi atención un libro titulado, «Plan del Ecuador» de Benjamín Carrión, es necesario aclarar, el autor es el fundador de la Casa de la Cultura del Ecuador.
Al indagar en sus hojas, creí que encontraría una respuesta favorable a saber qué es ser ecuatoriano, y esto describe el autor: «El Ecuador nace de esta jornada vergonzante del 13 de mayo de 1830, que nadie en el país ha intentado conmemorar como fecha de natalicio de la patria y no figura en el calendario cívico. Un mulato de Puerto Cabello, que se había ganado la confianza de Bolívar y que había peleado bien en algunas de las batallas de la Independencia, Juan José Flores, reclama su soldada de sus servicios en tierras y el poder.
Después de obtener la eliminación de Sucre, en las montañas de Berruecos… Después de haberse casado en Quito con una quiteña de buena familia (Mercedes Jijón de Vivanco y Chiriboga), convoca a una de esas famosas Juntas de Notables, o sea una reunión de amigos y parientes, y hace que se declare independiente el departamento del Sur, con el nombre del República del Ecuador… Así de triste, así de lamentable es el acta de nacimiento de la patria. Fecha borrada de todos los calendarios cívicos, porque significa la gran traición a eso que antes y después se ha llamado ‘el sueño de Bolívar’» (Carrión, 2010).
En efecto, no existe ninguna celebración por el 13 de mayo, y no es puesto como alguna fecha cívica o patriótica, debemos preguntarnos, ¿por qué los hispanos de acá no conocen estos pequeños datos? Es así que continué con mi investigación sobre lo ecuatoriano y encontré los escritos del historiador guayaquileño, Jaime E. Rodríguez O., que escribió un ensayo titulado: De la fidelidad a la revolución, el proceso de independencia de la antigua provincia de Guayaquil, donde cita en tercera persona quiénes cambiaron la identidad de los quiteños y quitenses: «La autoridad civil nunca se restauró por completo; los militares, la mayoría de ellos extranjeros, dominaron el territorio del antiguo Reino de Quito.
En 1830, después de que Colombia se desmoronó, la región, ya sin algunas de sus provincias norteñas, se convirtió en una nueva nación, no con su nombre histórico de Quito, sino con el nombre artificial que le había sido dado por sus conquistadores: Ecuador». (Rodríguez, 2004)
Esto condujo a seguir investigando e ir más allá del convencionalismo de los libros escolares, o de ciertos escritores que han tergiversado la historia para ser cipayos y así debilitar a la esfera civilizatoria hispana, en esta parte del mundo, frente a poderes extranjeros que hasta el día de hoy se siguen aprovechando. Entonces llegamos a otro capítulo, de la historia, ya no del Ecuador, puesto que antes de 1830, se debe poner por lógica que éramos colombianos, ¿cómo llegamos a ser colombianos? Aquí entramos en lo que actualmente se conoce como el bicentenario de la batalla de Pichincha, puesto que son 200 años de la invasión anglo-bolivariana de Quito.
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Sí, mi querido lector, como bien señala el historiador guayaquileño, Quito fue conquistada por un grupo de rebeldes, que traicionaron a su Rey y a su civilización
Fueron apoyados por los ingleses que deseaban la fragmentación de la unidad hispana en América, representada por el Rey, así lo demuestran la capitulación de la ciudad de Quito del 25 de mayo de 1822, en su artículo 8: «Después de la ratificación por ambas partes del presente tratado, el señor General Sucre podrá ocupar la ciudad y fortaleza a la hora y día que guste, cuyos artículos para la ratificación de las partes contratantes firmaron dichos señores comisionados, en el Palacio del gobierno de Quito, dichos días, mes y año». A partir de esta conquista que, a mi juicio, es incomprensible, cómo se puede celebrar el haber perdido una batalla, y luego asumir eso como una victoria, es aplicable acá síndrome de Estocolmo, puesto que, alabamos a nuestros verdugos.
Como se lo ha dicho anteriormente, esta etapa de la historia, no le pertenece al Ecuador, entonces, debemos volver a preguntarnos, ¿qué éramos antes de la conquista hecha por los ingleses y por bolívar? Y es aquí mi querido lector que, debemos realizar una distinción de hechos y ubicarnos en el tiempo, aunque será en el mismo espacio, todo esto para no confundir y no a hacer una falsa asociación que lleve a generar más confusión.
Antes de todos estos hechos, que nos afectan hasta el día de hoy, debemos trasladarnos a 1808, cuando la Real Audiencia de Quito era también una de las Españas, puesto que pertenecía al Virreinato de la Nueva Granada, el historiador Ahmed Deidán de la Torre, en su obra, pueblos y soberanía continuidades y rupturas conceptuales durante la insurgencia en el Reino de Quito (1810-1813), nos ubica en el tiempo de cómo era nuestra sociedad española en la intelectualidad, y el espacio nacional, qué sucedía en la península. Solo para aclarar, lo nacional en ese momento era la presencia de la monarquía en Europa, Asia, África y América, no lo que es el actual territorio del Ecuador.
En la parte intelectual, los quiteños tenían como su base intelectual entre lo ilustrado y lo neo-escolástico: «La realidad era distinta. Enraizada en el neoescolasticismo hispánico, la teoría política de la cultura política occidental, así como la filosofía y la matemática moderna y las ciencias, como la Botánica y la Geografía, se asimilaron en el contexto hispánica y lo enriquecieron» (Deidán de la Torre, 2016).
Además, hay tesis en el siglo XVIII, que sostiene esta postura neo-escolástica en Quito, sobre todo en el ámbito universitario: «conviene en este momento puntualizar que a partir de 1795 la Real Universidad de Quito discutió abiertamente la soberanía del pueblo/los pueblos y los derechos divinos. Algunas tesis, como las de Tomás Borrero y Sebastián Delgado, en 1797 y 1798, respectivamente, sostenían que la soberanía de los reyes era un atributo absoluto. Para el primero, las leyes dictadas por el rey no requerían de la aprobación del pueblo. Para el segundo, la no aceptación del pueblo de las leyes reales era claramente pecado. Otros, como Luis Quixano, en 1797, sostenía que la soberanía del pueblo no provenía del iusnaturalismo o el contrato social de Rousseau, sino que provenía directamente de la voluntad de Dios» (Deidán de la Torre, 2016)
Seguidamente, la gente tenía plena consciencia de su pertenencia, es decir, eran españoles tanto americanos como peninsulares. En el contexto nacional, la invasión de Napoleón a la península, generó mucho rechazo por gran parte de los españoles de ambos hemisferios, sobre todo, por colocar a su hermano José Bonaparte I, como rey de las Españas.
La reacción no se hizo esperar: La ciudad de Guayaquil también reaccionó enérgicamente. El 22 de octubre de 1808, el ayuntamiento acordó reunir «un donativo para los gastos de la presente guerra (…) contra el Emperador de los franceses, por la conservación de nuestra Religión, independencia y por la libertad de nuestro augusto Monarca…». También envió comisionados «a los pueblos de (…) esta Provincia [con el fin de obtener ayuda para] nuestros hermanos los españoles que se hallan peleando por la defensa de nuestra Santa Religión y del Rey legítimo que nos ha dado la Providencia».
Al año siguiente, en una ceremonia formal, el ayuntamiento de Guayaquil juró obedecer a la junta Central Gubernativa del Reino y defender «nuestra sagrada religión católica, apostólica romana (. . .); nuestro Soberano augusto (…); nuestros derechos, fueros, leyes y costumbres.» «. El establecimiento de la junta Suprema parecía ofrecer una solución a la crisis de la monarquía. Ese órgano no solo reconocía los derechos de las provincias de España sino que convenía también en que los reinos americanos constituían partes íntegras y equitativas de la monarquía. (Rodríguez, 2004)
¿Qué pasó en Quito?
Ante los ojos y oídos de ciertas autoridades españoles aseverar que ante la ausencia del rey o su sucesor la América española tenía la potestad para romper con la influencia napoleónica y declarar la independencia, debió ser incendiario. No obstante, Rodríguez de Quiroga demostraba que no era traición alguna idear un plan de gobierno en caso de que faltara la autoridad legítimamente constituida.
Es por esto que la lectura del alegato debe de ser contextualizada. Cuando Rodríguez de Quiroga hablaba de la independencia de América, «cualquiera que sea su gobierno», no estaba planteando el establecimiento de una república democrática moderna, como la entendemos hoy en día, sino el restablecimiento del bien común, de la res publica, a través de un gobierno mixto… Para Rodríguez de Quiroga el gobierno mixto de la Monarquía española no estaba extinto.
Muy a pesar de que «los abusos de la administración ministerial y favorita haya inusitado las cortes y sofocado el influjo de los consejos y deprimido a los grandes y beneméritos». En realidad, el autor consideraba que los «accidentes no mudan la naturaleza de las cosas, y éstas subsisten las mismas, sean las que fueren las contingencias o sucesos precarios que las turben»-. Es decir, los abusos de la autoridad real no acarreaban la destrucción de la naturaleza del gobierno mixto de la Monarquía, sino que, en realidad, eran únicamente una anomalía temporal que debía corregirse. (Deidán de la Torre, 2016)
El tema es la desconfianza que se suscitó en ese momento, puesto que, muchos intelectuales no confiaban en las autoridades legítimas por considerarles afrancesadas y alejadas de sus intereses particulares. El 9 de agosto, tomaron la decisión de actuar, pero en la madrugada del 10 de agosto, depusieron al presidente de la Audiencia y sus autoridades, el presidente fue el Conde Ruiz de Castilla, y ese día, del 10 de agosto, asumieron en nombre del Rey la representatividad de la Audiencia, y así reza el documento:
Acta del 10 de agosto
Nos, los infrascritos diputados del pueblo, atendidas las presentes críticas circunstancias de la nación, declaramos solemnemente haber cesado en sus funciones los magistrados actuales de esta capital y sus provincias.
En su virtud, los del barrio del centro o Catedral, elegimos y nombramos por representantes de el a los Marqueses de Selva Alegre y Solanda, y lo firmamos- Manuel de Angulo, Antonio Pineda, Manuel Cevallos, Joaquín de la Barrera, Vicente Paredes, Juan Ante y Valencia. Los del barrio de San Sebastián elegimos y nombramos por representante de él a Don Manuel Zambrano, y lo firmamos- Nicolás Vélez, Francisco Romero, Juan Pino, Lorenzo Romero, Manuel Romero, Miguel Donoso.
Barrio de San Roque elegimos y nombramos por representante de él al Marqués de Villa Orellana, y lo firmamos- José Rivadeneira, Ramón Puente, Antonio Bustamante, José Álvarez, Diego Mideros, Vicente Melo. Los del barrio de San Blas elegimos y nombramos por representante de él a Don Manuel Larrea y lo firmamos- Juan Coello, Gregorio Flor de la Bastida, José Ponce, Mariano Villalobos, José Bosmediano, Juan Unigarro y Bonilla.
Barrio de Santa Bárbara elegimos y nombramos representante de el al Marqués de Miraflores y lo firmamos- Ramón Maldonado y Ortega, Luis Vargas, Cristóbal Garcés, Toribio de Ortega, Tadeo Antonio Arellano, Antonio de Sierra. Los del barrio de San Marcos elegimos y nombramos representante de él a Don Manuel Mateu y lo firmamos- Francisco Javier de Ascázubi, José Padilla, Nicolás Vélez, Nicolás Jiménez, Francisco Villalobos, Juan Barreta.
Declaramos que los antedichos individuos unidos con los representantes de los Cabildos de las provincias sujetas actualmente a esta gobernación y las que se unieren voluntariamente a ella en lo sucesivo, como son Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá, que ahora dependen de los Virreinatos de Lima, y Santa Fe, las cuales se procura atraer compondrán una Junta Suprema que gobierne interinamente a nombre, y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor Don Fernando Séptimo, y mientras su Majestad recupere la Península, o viene a imperar. Elegimos y nombramos para Ministros o Secretarios de Estado a Don Juan de Dios Morales, Don Manuel Quiroga, y Don Juan de Larrea; el primero para el despacho de los Negocios Extranjeros y de la Guerra; el segundo para el de Gracia y Justicia, y el tercero para el de Hacienda, los cuales como tales serán individuos natos de la Junta Suprema. Esta tendrá un Secretario Particular con voto y nombramos de tal a Don Vicente Álvarez.
Elegimos y nombramos por Presidente de ella al Marques de Selva Alegre. La Junta como representante del Monarca, tendrá el tratamiento de Majestad: su Presidente de Alteza Serenísima, y sus Vocales el de Excelencia, menos el Secretario Particular, a quien se le dará el de Señoría. El Presidente tendrá por ahora y mientras se organizan las rentas del estado seis mil pesos de sueldo anual dos mil cada vocal, y un mil el Secretario Particular. Prestará juramento solemne, de obediencia y fidelidad al Rey en la Catedral inmediatamente y lo hará prestar a todos los cuerpos constituidos, así eclesiásticos como seculares.
Sostendrá la pureza de la Religión, los Derechos del Rey, los de la Patria, y hará guerra mortal a todos sus enemigos, y principalmente franceses valiéndose de cuantos medios y arbitrios honestos le sugieran el valor y la prudencia para lograr el triunfo.
Al efecto y siendo absolutamente necesaria una fuerza militar competente para mantener el Reino en respeto se levantará prontamente una falange compuesta de tres batallones de infantería sobre el pie de ordenanza, y montada la primera compañía de Granaderos, quedando por consiguiente reformadas las dos de Infantería; y el Piquete de Dragones actuales. El jefe de la falange será Coronel, nombramos tal a Don Juan Salinas, a quien la Junta hará reconocer inmediatamente.
Nombramos de Auditor General de Guerra con honores de Teniente Coronel, tratamiento de Señoría, y mil y quinientos pesos de sueldo anual, a Don Juan Pablo de Arenas, y la Junta lo hará reconocer. El Coronel hará las propuestas de los oficiales, los nombrará la Junta, expedirá sus patentes, y las dará gratis el Secretario de la Guerra. Para que la falange sirva gustosa, y no le falte lo necesario, se aumentará la tercera parte sobre el sueldo actual desde soldado arriba. Para la más pronta y recta administración de Justicia, creamos un Senado de ella compuesto de dos Salas, Civil y Criminal con tratamiento de Alteza.
Tendrá a su cabeza un Gobernador con dos mil pesos de sueldo, y tratamiento de Usía Ilustrísima. La sala de lo Criminal un Regente (subordinado al Gobernador) con dos mil pesos de sueldo y tratamiento de Señoría: los demás Ministros con el mismo tratamiento y mil y quinientos pesos de sueldo, agregándose un Protector General de Indios con honores y sueldo de Senador. El Alguacil Mayor con tratamiento y sus antiguos emolumentos.
Elegimos y nombramos tales en la forma siguiente: Sala de lo Civil Gobernador Don José Javier de Ascázubi, Decano, Don Pedro Jacinto Escobar, Senadores Don José Salvador, Don Ignacio Tenorio, Don Bernardo de León, Fiscal Don Mariano Merizalde. Sala de lo Criminal Regente Don Felipe Fuertes Amar, Decano Don Luis Quijano, Senadores Don José del Corral, Don Víctor de San Miguel, Don Salvador Murgueitio, Fiscal Don Francisco Xavier de Salazar Protector General Don Tomás Arechaga, Alguacil Mayor Don Antonio Solano de la Sala.
Si alguno de los sujetos nombrados por esta Soberana Diputación renunciare el encargo sin justa y legítima causa, la Junta le admitirá la renuncia, si lo tuviere por conveniente, pero se le advertirá antes que será reputado como mal Patriota y Vasallo y excluido para siempre de todo empleo público.
El que disputare la legitimidad de la Junta Suprema constituida por esta Acta tendrá toda libertad bajo la salvaguardia de las leyes de presentar por escrito sus fundamentos y una vez que se declaren fútiles, ratificada que sea la autoridad que le es conferida, se le intimará prestar obediencia, lo que no haciendo se le tendrá y tratará como Reo de Estado.
Dada y firmada en el Palacio Real de Quito, a diez de Agosto de mil ochocientos nueve. Manuel de Angulo, Antonio Pineda, Manuel Cevallos, Joaquín de la Barrera, Juan Ante y Valencia, Vicente Paredes, Nicolás Vélez, Francisco Romero, Juan Pino, Lorenzo Romero, Juan Quijano Bonilla Manuel Romero, José Rivadeneira, Ramón Puente, Antonio Bustamante, José Álvarez, Juan Coello, Gregorio Flor de la Bastida, José Ponce, Miguel Donoso, Mariano Villalobos, Cristóbal Garcés, Toribio de Ortega, Tadeo Antonio Orellano, Antonio de Sierra, Francisco Javier de Ascasubi, Luis Vargas, José Padilla Guerrero Mateu, Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan de Larrea.
Entonces mi estimado lector, les invito a ubicarse en las fechas que es igual que una coma, puesto que la coma es la puerta giratoria del pensamiento, y la fecha, es la que determina el Ser que omitimos y que ahora es necesario volverlo a recuperar y solo se hace aquello, a través de entender bien las fechas.
Alejandro Armijos-Ramón
*Referencias
Carrión, B. (2010). Plan del Ecuador . Quito : Minsterio de Educación del Ecuador .
Deidán de la Torre, A. (2016). Pueblos y soberanía, continuidades y rupturas conceptuales durante la insurgencia en el Reino de Quito (1809-1813). Quito : IPGH.
Rodríguez, J. (2004). De la fidelidad a la revolución: el proceso de independencia de la antigüa provincia de Guayaquil, 1809-1820. Corporación Editorial Nacional .
