Sandro Rosell, ex presidente del Barça, ha pasado casi dos años en la cárcel siendo inocente. Lo suyo es una barbaridad. Y una injusticia.

Siempre hay quien le saque las vueltas a todo y arguya que la exculpación por duda razonable no supone inocencia, sino la aplicación del viejo aforismo romano de in dubio, pro reo. Pero no seamos empecinados. La inocencia es inocencia y punto.

Lo grave del caso es que un sujeto exculpado de blanqueo de dinero, de comisiones del fútbol brasileño y de otros delitos parecidos haya estado 22 meses en la cárcel sin ser juzgado bajo la argumentación de su posible riesgo de fuga en el ínterin, de la destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. ¿No tenían las autoridades judiciales otros métodos de actuación menos agresivos con un presunto inocente —como todos— para conseguir esos fines?

Es que se nos va la mano con la prisión preventiva, que debería ser el último y escasísimo procedimiento antes de un juicio. Porque, si no hay condena, ¿quién te quita la privación de libertad sufrida, la infamia carcelaria, la presunción social de culpabilidad y el paréntesis vital padecido? Me temo que nadie.

Somos tan hipócritas que no nos escandalizamos de la prisión provisional de quien no tiene aún acreditado delito alguno y, en cambio, nos mostramos en contra de la prisión permanente (ojo, revisable) del convicto de los peores delitos.

Para acabar de rematarlo, si la sentencia de un tribunal no se acomoda a nuestros prejuicios no la acatamos, nos manifestamos contra ella, hablamos de la parcialidad de nuestros tribunales, etcétera, etcétera.

Más valdría, pues, aunque digamos con la boquita pequeña que estamos contra la pena de muerte, acabar con la judicatura, instaurar tribunales populares y aplicar la ley de Lynch. Veríamos qué gracia.