La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y LA UNIÓ Llauradora i Ramadera acrecentan sus críticas hacia la Generalitat Valenciana y el Gobierno central. Tras conocer que la empresa pública Espais Econòmics Empresarials (EEE), participada por ambas administraciones, destinará 795.000 euros a la contratación de abogados y procuradores para llevar a cabo los juicios contra los expropiados de Parc Sagunt II donde se proyecta la gigafactoría de Volkswagen.
Según publica la Plataforma de Contratación del Sector Público, dependiente del Ministerio de Hacienda, EEE ha publicado una licitación –cuyo plazo de presentación acaba mañana– con un valor estimado de 700.000 euros para contratar los servicios de asesoramiento y defensa letrada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Asimismo, EEE ya ha adjudicado por otros 95.000 euros la contratación de procuradores para esta misma guerra judicial, siendo el adjudicatario el despacho madrileño María del Mar de Villa.
Las administraciones central y autonómica contra los agricultores por 1.000€ de diferencia
LA UNIÓ y AVA-ASAJA recriminan a la Administración por “querer quedarse tuerto para que tu enemigo se quede ciego” .
“preferieren gastarse el dinero público en abogados madrileños antes que en agricultores valencianos”.
Las organizaciones agrarias recuerdan que EEE ha decidido ir a los tribunales a pesar de que en la mayoría de procesos se suele tener en cuenta el justiprecio que avala el jurado provincial de expropiación. Un órgano oficial de la propia Administración que goza de los principios de legalidad, veracidad y acierto. Además del presupuesto asignado, el sector añade que EEE podría derrochar más si contrata peritos independientes y, en caso de perder los pleitos y ser condenado en costas, debería sufragar los gastos de la defensa de los expropiados y los intereses, en torno al 10% del total litigado, derivados del retraso de los pagos durante los años que dure el juicio.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, tachan de “kafkiano y ridículo el teatro que está montando la Administración al recurrir contra la valoración del jurado de expropiación. Con amplia presencia de la Administración, y al ofrecer a los expropiados que los defienda la abogacía del Estado si deciden no personarse, que naturalmente pagará con dinero del Estado para enfrentarse a la misma Administración. Yo me lo guiso, yo me lo como, y que lo paguen los agricultores”.
Petición a Chimo Puig
Llegados a este punto, AVA-ASAJA y LA UNIÓ han dirigido una carta conjunta al presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, con el objeto de solicitarle un punto de encuentro. Que permita proporcionar una solución beneficiosa para los propietarios de los terrenos: “El máximo representante de las valencianas y los valencianos tiene una excelente oportunidad para demostrar que está a nuestro lado y que desea que la iniciativa empresarial de Volkswagen sea positiva para el conjunto de la sociedad y no se pague a costa del bolsillo de los agricultores”.
