La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha presentado ante entidades del sector de la discapacidad el proyecto de decreto que regulará la figura del facilitador procesal, un profesional especializado que actuará como puente entre el sistema judicial y las personas con discapacidad para garantizar una comunicación eficaz y su participación en condiciones de igualdad durante los procedimientos judiciales.
“Con esta sesión damos un paso más en la mejora de la accesibilidad. Esta figura es necesaria y reclamada desde hace años, pero hasta ahora carecía de un marco jurídico”, ha destacado la consellera de Justicia, Nuria Martínez, durante el encuentro celebrado este lunes con colectivos del sector.
Apoyo personalizado para una justicia comprensible
El facilitador procesal es un profesional experto que trabaja junto al personal judicial y las personas con discapacidad o personas mayores para asegurar que el proceso sea comprensible, accesible y adaptado a sus necesidades. Su labor incluye traducir la información legal a un lenguaje claro, proponer ajustes razonables y acompañar durante todo el procedimiento para que puedan tomar decisiones informadas.
El decreto establece que el facilitador intervendrá en cualquier fase del proceso judicial, sin importar el tipo de procedimiento, siempre que se celebre ante órganos judiciales con sede en la Comunitat Valenciana. Este profesional evaluará el tipo de apoyo necesario y lo reflejará en un informe que será remitido al órgano judicial, responsable de autorizar las medidas propuestas.
Además de realizar las adaptaciones aprobadas, el facilitador también ayudará a implementar servicios como la lectura fácil, el acompañamiento psicológico, o la interpretación en lengua de signos, según las necesidades de cada caso.
Una obligación legal y un compromiso político
Según datos de la Conselleria, en torno al 6 % de la población valenciana tiene algún tipo de discapacidad, y muchas de estas personas encuentran barreras para ejercer sus derechos ante la justicia. La creación de esta figura responde tanto a un compromiso institucional como a una obligación recogida en la Ley 8/2021, que exige a las administraciones públicas adoptar medidas para garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad.
“Más allá de la voluntad política, hay una exigencia legal que nos obliga a regular esta figura”, ha subrayado Martínez, quien ha recordado que el decreto se someterá a consulta pública durante el último cuatrimestre del año.
Participación del sector y formación del personal
En la sesión informativa han participado entidades como CERMI, Plena Inclusión CV, Fesord, Fundación Aequitas, y varios colegios profesionales, además de altos cargos de la Generalitat. Todos han coincidido en la importancia de formar y especializar al personal facilitador y de incluir formación reglada para todos los agentes implicados en el proceso judicial.
Esta actuación se enmarca en una línea más amplia de trabajo para lograr una Administración de Justicia más accesible, en la que ya se han implementado medidas como la eliminación de barreras arquitectónicas, la adaptación de textos a lectura fácil y la interpretación en lengua de signos.
“El acceso a la justicia en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad es un derecho básico que debe garantizarse en una sociedad democrática e igualitaria”, ha concluido la consellera.
