La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha sacado a licitación las obras para construir la nueva sede judicial de Sagunto, con un presupuesto de 37.009.485,44 euros y un plazo de ejecución previsto de 28 meses.
El nuevo edificio sustituirá las actuales instalaciones, que han alcanzado su capacidad máxima y tienen parte de sus servicios repartidos en distintos inmuebles. El objetivo es centralizar toda la actividad judicial en una única sede más moderna, accesible y funcional, mejorando tanto la atención a la ciudadanía como las condiciones de trabajo de jueces, fiscales y personal judicial.
La Generalitat justifica la actuación por el crecimiento previsto del partido judicial de Sagunto, ligado al desarrollo industrial y empresarial del municipio, impulsado, entre otros proyectos, por la futura gigafactoría.
Un edificio preparado para crecer
Actualmente, el partido judicial dispone de siete plazas judiciales de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia. Según la Conselleria, las instalaciones actuales ya no permiten albergar nuevas unidades judiciales, por lo que la nueva sede incorporará espacios reservados para futuras ampliaciones.
El edificio contará con una superficie construida de 12.488,98 metros cuadrados, distribuidos entre un sótano, planta baja y tres plantas superiores.
En el sótano se ubicarán el aparcamiento, calabozos, archivos, dependencias para las fuerzas y cuerpos de seguridad y otras áreas de servicio.
La planta baja albergará seis salas de vistas, el servicio de guardia, el Registro Civil, la Fiscalía, la Clínica Médico Forense, la Unidad de Valoración Integral Forense, el Gabinete Psicosocial y la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, además de otros servicios de atención al público.
Las plantas superiores estarán destinadas a los distintos órganos judiciales y dispondrán de espacios de reserva para futuras necesidades.
La Conselleria señala que el proyecto forma parte de su estrategia de modernización de las infraestructuras judiciales y que incorpora criterios de sostenibilidad ambiental, contratación social, igualdad de género e inserción laboral de personas con especiales dificultades de acceso al empleo.
