La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha respaldado la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para crear 37 nuevas unidades judiciales en la Comunitat Valenciana, de las cuales 18 son consideradas prioritarias. Esta iniciativa, que recoge demandas previas de la Conselleria, será solicitada formalmente al ministro de Justicia para atender la creciente demanda y descongestionar los juzgados valencianos.
Martínez ha subrayado que la Comunitat Valenciana está infradotada de jueces, lo que provoca una justicia sobrecargada y lenta, una situación que «no podemos permitir que se perpetúe» y que afecta directamente a los derechos de la ciudadanía. En este sentido, ha anunciado que trabajará conjuntamente con el Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para conseguir más plazas judiciales y recursos económicos.
La consellera también ha expresado su preocupación por la implementación de la nueva Ley Orgánica 1/25, destinada a mejorar la eficiencia del servicio público de Justicia, que llega sin recursos ni coordinación suficiente. En particular, ha criticado la medida del Gobierno central de reconvertir un juzgado de instrucción en Castellón en uno de violencia contra la mujer, advirtiendo que esta decisión merma recursos y no es aceptable para el Consell.
Los informes del CGPJ y TSJCV reflejan sobrecargas de trabajo judicial superiores al 200 %, incluso llegando al 300 % en algunos casos, lo que justifica la urgencia de aumentar jueces y medios para garantizar un servicio judicial adecuado, sobre todo tras la previsión de un aumento de casos derivados de la dana.
Nuria Martínez ha recordado que esta petición se suma a la que ya presentó en junio al Ministerio de Justicia para asegurar los recursos necesarios que permitan una administración judicial acorde a las necesidades de los valencianos. La consellera destaca que la propuesta del CGPJ es “una solución equilibrada, sostenible y racional” que fortalecerá las estructuras judiciales y garantizará la continuidad del servicio público.
