El Ayuntamiento de l’Eliana informa que la Audiencia Nacional ha dictado sentencia que desestima íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Acuamed contra el consistorio y condena a la entidad estatal al pago de las costas procesales.
Una reclamación de 7 millones de euros
Acuamed reclamaba al Ayuntamiento cerca de 7 millones de euros (5,5 millones en concepto de obras y 1,4 millones por explotación y mantenimiento de la planta desnitrificadora entre 2012 y 2019). La sentencia, de carácter firme en esta instancia, concluye de manera clara que no hay razones jurídicas para la reclamación planteada.
Incumplimientos del convenio de 2006
En concreto, la Audiencia considera que el recurso debe desestimarse porque se ha producido un incumplimiento grave y flagrante, por parte de Acuamed, de las cláusulas pactadas en el convenio marco de 2006. Además, la empresa pública no recurrió en tiempo y forma los actos administrativos aprobados por el Ayuntamiento, que hoy son firmes y consentidos.
La comisión de seguimiento carecía de competencias
Asimismo, la sentencia recuerda que la comisión de seguimiento, tal y como pretendía Acuamed, no tiene facultades para modificar lo pactado en el convenio, ya que la modificación solo podía realizarse por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento y del Consejo de Administración de Acuamed. También consta en el expediente que las actas de dicha comisión nunca fueron firmadas por ninguna de las partes.
Respaldo a la gestión municipal
Con esta resolución, que pone fin a un procedimiento iniciado en 2006 con la firma del convenio para la construcción de la planta, la justicia respalda la actuación del Consistorio y valida la gestión realizada en defensa de los intereses generales de la ciudadanía de l’Eliana.
El alcalde anuncia posibles rebajas en el agua
El alcalde, Salva Torrent, ha mostrado su satisfacción por el fallo y ha anunciado que, una vez alcance firmeza, se valorará la utilización de la provisión de fondos existente que ha hecho el equipo de gobierno desde que se inició el contencioso —3 millones de euros— con el objetivo de reducir el coste de las facturas de agua para los vecinos y vecinas.
