El Consejo Económico y Social de la Provincia de Alicante celebrado esta mañana en la Diputación de Alicante ha centrado el debate en el estudio presentado por las Cámaras de Comercio de Alicante, Alcoy y Orihuela sobre la situación, perspectivas y retos de la economía alicantina.
Radiografía de la economía provincial
Durante la sesión, presidida por la vicepresidenta primera, Ana Serna, se han ofrecido los detalles de este diagnóstico por parte del presidente del ente cameral en Alicante, Carlos Baño, y la jefa del Gabinete de Estudios y Estadística, Mª Carmen Pastor. El informe señala que la provincia de Alicante es la quinta en PIB y la cuarta en población, y analiza su estructura productiva: el sector servicios representa el 72% del PIB, cuatro puntos por encima de la media nacional, centrado en actividades inmobiliarias, turísticas y comerciales. La industria se sitúa en un 11%, cinco puntos por debajo de la media nacional. El sector de la construcción alcanza el 7% y el primario apenas el 1%.
Retos y perspectivas de futuro
El estudio analiza cada sector y sus perspectivas, planteando retos como alcanzar un modelo turístico sostenible, avanzar en digitalización e innovación, mejorar la accesibilidad a la vivienda, impulsar la internacionalización, aumentar el tamaño empresarial, garantizar suelo industrial y reforzar la diversificación geográfica de las exportaciones.
Déficit histórico de inversiones
El segundo gran apartado del informe aborda el déficit ‘histórico’ de inversiones que sufre la provincia, especialmente en infraestructuras de transporte. Se reclama impulsar el AVE Alicante-Valencia, la línea Alcoi-Xàtiva, el eje Alicante-Elche-Murcia, el Corredor Mediterráneo, el tren de la costa, la ampliación del aeropuerto o la estación término de Benidorm.
Los entes camerales cifran el déficit acumulado en los Presupuestos Generales del Estado en más de 4.000 millones de euros entre 2008 y 2024. Según su aportación al PIB, la provincia debería haber recibido 1.834 millones de euros más en inversiones.
Recursos hídricos y pacto nacional del agua
El informe también aborda la gestión de recursos hídricos y reclama el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, impulsar la reutilización y depuración avanzada, la desalación con energías renovables y un Pacto Nacional del Agua que garantice estabilidad y evite conflictos territoriales.
Valoraciones de los agentes sociales
Tras la presentación del informe, los agentes que integran el Consejo Económico y Social expusieron sus valoraciones, que deberán presentar también por escrito. La mayoría incidió en la regulación del turismo, el acceso a la vivienda y la necesidad de tener en cuenta la perspectiva de la discapacidad y la movilidad reducida.
