– El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, pone en valor la “política útil” que centra la acción de gobierno del PP en la Cámara Alta. “Los problemas de convivencia y seguridad que causan estos delincuentes llegarán a su fin con esta nueva ley”
– Susana Marqués, senadora del PPCS por Castellón, explica que este es un problema concreto “que afecta a la gente real a la que Sánchez ignora”. “Urge la solución inmediata que propone Feijóo porque Castellón ya supera la media española”, explica
El Partido Popular de la provincia de Castellón ha comparecido hoy lunes en la sede provincial para exponer los avances conseguidos en el Senado para aprobar la que será la primera ley Feijóo, la ley antiokupación que permitirá desalojos en 24 horas.
Lo han hecho el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, junto a la senadora del PP por Castellón, Susana Marqués, con el objetivo de exponer los trámites dados por la Cámara Alta para garantizar a los ciudadanos, como ocurre en otros países de la UE, “una solución concreta a un problema que en Castellón afecta cada año a más de 300 viviendas”.
Salvador Aguilella ha explicado “que además de constituir un delito, la okupación genera problemas de convivencia”. “Y en la actualidad la solución a estos delitos tarda una media de dos años en resolverse”. “Una situación desesperada para las familias propietarias del inmueble, que ven cómo su vivienda, la que han adquirido con esfuerzo, es okupada, y también para los vecinos, que denuncian comportamientos incívicos y siembran tensión en el entorno”.
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Tal y como ha detallado el secretario general del PPCS en Castellón, “en los últimos años las cifras en Castellón se han multiplicado por cinco hasta superar la media española.
Un problema que sigue en aumento y que afecta a localidades como Borriol, Oropesa, l’Alcora, Moncofa, Burriana o Almassora, que reconocen que se ven incapaces de atajar este delito”. “En la provincia de Castellón hemos pasado de 58 viviendas okupadas de manera ilegal en 2016 a más de 300 en 2022. Los datos son preocupantes y crecen de forma exponencial año tras año”.
Ante esta circunstancia, explica Aguilella, desde el PP, “y hasta que se tramite y apruebe una nueva ley, vamos a presentar iniciativas en todas las instituciones para promover la creación de unidades de atención ciudadana que den una respuesta ágil a los afectados”.
El PSOE, en contra
El PP ha logrado con su mayoría en el Senado que su propuesta para la toma en consideración de una nueva ley antiokupación prospere y permita que los okupas no se puedan empadronar en la vivienda que han usurpado de forma ilegal al tiempo que se facilite el desalojo en 24 horas.
Dos medidas contempladas en el marco de un texto que se eleva al Congreso “con el objetivo de que prospere” ya que permitiría además “la protección de la propiedad privada y el endurecimiento de las penas por okupación ilegal”, ha señalado Susana Marqués.
“La mayoría que los españoles nos dieron en el Senado nos está permitiendo trabajar en un problema concreto que afecta a personas reales”. “Nos preocupan los problemas de los vecinos y trabajamos por resolverlos en lugar de crearlos o fomentarlos. Porque un delito exige una sanción, no que el Gobierno de España lo amnistíe”, ha declarado la senadora del PPCS.
Tal y como ha relatado Marqués, “aquí, las verdaderas víctimas son los propietarios que con sus ahorros han conseguido adquirir una vivienda que de buenas a primeras ven que no puede disfrutar porque un delincuente se la ha apropiado”. “Hay que proteger a la víctima y detener al delincuente”, señala Marqués, “ayudando a las familias vulnerables a través de Servicios Sociales y deteniendo a las mafias que están detrás de la okupación”.
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“Porque esto no tiene nada que ver con la emergencia social. Estamos hablando de un delito”. “A un vulnerable se le protege. A un delincuente se le detiene”, explica.
Desde el PP, ha manifestado Marqués, “lo vamos a hacer con la escucha activa a nuestros ciudadanos, resolviendo los problemas que quitan el sueño a la gente, protegiéndoles y siéndoles útiles. Porque estos deberían ser los principales objetivos del Gobierno de España que lamentablemente está más ocupado en servir a Carles Puigdemont que en trabajar por los españoles”.
Y las consecuencias directas “son que las denuncias por okupación ilegal se han incrementado un 37%, mientras sigue sin existir una política de vivienda eficaz. Los alquileres han subido un 40% y seguimos sin ver los 400.000 nuevos hogares comprometidos por el Gobierno Sánchez. Ese es el compromiso que el presidente del Gobierno de España tiene con nuestros ciudadanos”.
