Fernando de Rosa: «Malversación Constitucional»
El pasado 6 de diciembre, celebramos el 44º aniversario de nuestra Constitución. En el año 1978, los españoles y españolas mayoritariamente tomamos la decisión de dejar atrás el enfrentamiento y asumimos el compromiso de construir una sociedad plural, abierta y democrática sobre la base de la reconciliación. Los padres de la Constitución dieron forma a una carta magna sobre la que España ha ido evolucionando y que ha permitido labrar un futuro lleno de esperanza para las generaciones que querían dejar atrás la época anterior y mirar hacia el futuro buscando la construcción de una sociedad mejor. Según reza el artículo 1 de la Constitución, España apostó por la creación de un Estado social y democrático de Derecho, cuyos valores principales son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
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Por desgracia, hay quienes nunca han asumido ni respetado estos valores y por una vía u otra, pretenden “malversar la Constitución”.
En su momento, lo intentó el terrorismo de la banda ETA, pero la unidad de todos los españoles logró derrotar a los que, con el tiro en la nuca, el terror y el coche bomba, quisieron privarnos de nuestros valores constitucionales. No obstante, sus herederos se han convertido a día de hoy en socios preferentes del gobierno social-comunista, por lo que se puede afirmar sin ningún tipo de error, que la libertad está comprometida.
El movimiento independentista catalán también tiene en su punto de mira el orden constitucional. Los nacionalistas excluyentes no soportan valores tan relevantes como los de la igualdad y la Justicia. Así, han logrado crear en la comunidad autónoma de Cataluña un orden de represión y falta de libertad para los que no comulgan con las ideas excluyentes. Negocios, personas, partidos políticos no independentistas son señalados y perseguidos en Cataluña, de igual manera que está haciendo el Gobierno del Botànic en la Comunidad Valenciana.
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La Justicia también se ha visto afectada por los excluyentes y el sanchismo caudillista.
De hecho, los de Esquerra Republicana de Catalunya, en su condición de “negociadores-chantajistas” del Gobierno de España, han conseguido que los que por la fuerza y la coacción quisieron afectar a la integridad territorial de España hayan sido indultados. De igual manera, han logrado la eliminación de la sedición, como delito contra el orden público constitucional. Y ahora, su última exigencia es la de reformar el delito de malversación de caudales públicos. Sin lugar a dudas, es la culminación de la claudicación del Gobierno social-comunista, que elimina todas las barreras permitiendo el vapuleo de los valores democráticos y constitucionales.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua española, el verbo “malversar” significa destinar caudales públicos a un uso ajeno a su función. Obviamente, esa malversación puede incluir una apropiación, pero lo importante no es quien se lo queda, sino el destino que se le da, ya que se trata de dinero de todos los ciudadanos que debe destinarse a un fin lícito. Malversar caudales públicos es un grave atentado al interés general, además de un insulto a los ciudadanos que dignamente y con su esfuerzo trabajan cada día y pagan religiosamente sus impuestos. Con la previsión de este delito se trata de evitar un uso indebido del dinero de todos, persiguiendo a las autoridades o funcionarios públicos que lo destinan a fines que no están al servicio del interés general.
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Los independentistas de Cataluña malversaron dinero público para intentar dar un golpe de Estado, con la convocatoria de un referéndum ilegal de autodeterminación.
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Los socialistas que gobernaban en su día la Junta de Andalucía, malversaron dinero de todos los ciudadanos, y por esa razón fueron condenados Chaves y Griñán, entre otros más.
Sin embargo, en su intento de reescribir la historia que está haciendo Pedro Sánchez, se quiere rebajar la pena del delito de malversación cuando el que la comete, no se lucra directamente. El discurso del que “quiere pasar a la Historia” no puede ser más preocupante. Lo relevante no es quien se lucra, sino quien pierde. Con la malversación de los independentistas, o de los socialistas de la Junta de Andalucía, perdió el interés general, el bien común.
Si sale adelante la reforma de este delito, “ganarán” los golpistas que se verán de facto amnistiados, o Chaves y Griñán y en general, cualquier autoridad se verá más libre para destinar a un uso indebido fondos públicos. Pero lo triste y realmente preocupante, es que quien “pierde” es la ciudanía y nuestro orden constitucional que de nuevo es “malversado” por Pedro Sánchez.
