La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha mantenido una reunión con las autoridades judiciales de los diferentes partidos judiciales de Castellón para analizar la situación de los juzgados y estudiar medidas para reducir su congestión.
Al encuentro han asistido también el secretario autonómico de Justicia y Autogobierno, José Luis Font, y la directora general de Justicia y Autogobierno, Mª José Adalid.
Por parte de la Administración de Justicia han participado la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Castellón, María Díaz; la secretaria coordinadora provincial, Olga Torres; Mª Paz Plaza, en representación de la presidenta del Tribunal de Instancia de Castellón, y el presidente del Tribunal de Instancia de Vinaròz, Ignacio Lasierra.
La digitalización como herramienta para agilizar los procedimientos
Martínez ha situado la digitalización de la Administración de Justicia como una de las principales herramientas para mejorar la gestión y reducir los tiempos de tramitación.
“La digitalización es la piedra angular de la nueva administración de Justicia”, ha defendido la consellera, que ha explicado que el Consell apuesta por implantar un nuevo sistema de gestión procesal que, a corto plazo, permita agilizar de manera significativa la tramitación de los procedimientos.
Junto a la transformación digital, la Generalitat considera que la mediación y la conciliación son dos instrumentos fundamentales para reducir la llegada de asuntos a los tribunales y favorecer una resolución más ágil de los conflictos.
Por ello, Martínez ha anunciado que ambas herramientas continuarán impulsándose durante lo que resta de legislatura.
Castellón tendrá cinco jueces más en junio de 2027
Otra de las medidas planteadas pasa por reforzar los recursos humanos de los órganos judiciales. La consellera ha adelantado que el partido judicial de Castellón contará con cinco jueces más en junio de 2027.
En concreto, se incorporarán tres jueces a la sección de Civil, uno a Instancia y otro al área Mercantil.
Martínez ha asegurado que la Generalitat, como administración encargada de proporcionar los medios materiales y personales necesarios para el funcionamiento de la Justicia, facilitará los equipos de trabajo necesarios para hacer frente a la sobrecarga existente.
Críticas a los recortes del Ministerio
Durante la reunión, la consellera también ha expresado su rechazo a los recortes de plazas judiciales y de los refuerzos impulsados por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
A juicio de Martínez, estas decisiones agravan la situación de la Administración de Justicia y tienen una incidencia especialmente preocupante en la provincia de Castellón.
Uno de los casos señalados es el de Vinaròz, donde se ha perdido un refuerzo transversal. La consellera considera que esta decisión supone un retroceso en la dotación de recursos necesarios para garantizar una respuesta judicial ágil y eficaz.
La reconversión de una plaza de instrucción preocupa en Castellón
Martínez también ha advertido de las consecuencias de la reconversión de una plaza de instrucción de Castellón en una plaza de violencia sobre la mujer, sin que se haya creado otra plaza de instrucción como alternativa.
La consellera ha alertado de que esta situación puede perpetuar la sobrecarga de los órganos judiciales y dificultar todavía más su capacidad de respuesta.
Ante este escenario, ha reclamado al Ministerio que reconsidere estas decisiones y garantice los recursos necesarios para evitar que la falta de medios termine afectando a la calidad del servicio público de Justicia en la Comunitat Valenciana.
Más de 62.000 asuntos pendientes en los juzgados
Los últimos datos de actividad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al primer trimestre de 2026, reflejan la situación de los órganos judiciales de la provincia.
La tasa de congestión se sitúa en 4,25, mientras que la tasa de sentencia alcanza el 0,27 y la tasa de resolución se sitúa en 0,97. Esta última ha aumentado cerca de un 20 % en términos interanuales.
Pese a la elevada carga de trabajo, los datos también muestran una evolución positiva en algunos indicadores. El número de asuntos pendientes ha descendido un 0,3 % respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en 62.094 procedimientos al cierre del primer trimestre.
Además, la media de asuntos por órgano se ha reducido un 3,9 % interanual, hasta los 1.108 asuntos por órgano a finales del primer trimestre de 2026.
