Ha pasado por Madrid como una superestrella el emir de Catar. Ha recibido todas las distinciones posibles a un jefe de Estado extranjero y se han soslayado los aspectos negativos de su régimen, desde el papel de la mujer hasta los castigos a la homosexualidad. Nada de eso ha existido. Incluso todo el mundo cenó en el ágape oficial con zumo, como homenaje a las creencias del emir.
Días después ha llegado a España el rey emérito, en medio de los insultos de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez. Se ha obviado que no tenía causa alguna pendiente con la justicia española y mientras se hablaba de la ingente inversión catarí en nuestro país, se silenciaba que durante su reinado Juan Carlos I consiguió inversiones extranjeras para España doce veces superiores a las del visitante del Próximo Oriente.
Esta diferencia de trato, de ocultar los estigmas del catarí y poner como chupa de dómine al español, no se debe tanto a los errores del anterior monarca —que los tuvo, y bien sonoros— como al intento de usar cualquier munición para acabar con la monarquía como institución.
La prueba del nueve de que esto es así la ofrecen unos presuntos referéndums en unas pocas poblaciones sobre la forma de gobierno en España. En unas votaciones sin legalidad, transparencia ni democracia alguna, una minúscula participación ciudadana da, obviamente, la razón a sus espurios convocantes y sale así como mayoritariamente preferida la opción republicana con un inverosímil 90 por ciento de sufragios.
O sea, que somos cualquier cosa menos honestos en nuestros planteamientos y no nos interesa de verdad la justicia sino el revanchismo histórico.
