ASPE insta a los poderes públicos sanitarios a preservar la eficiencia del servicio al ciudadano y no someterlo a cuestiones ideológicas
-El Tribunal Supremo rechaza las reversiones de hospitales públicos sin garantía de rigor presupuestario y control del gasto público y sienta precedente.
-El caso del Hospital de La Ribera, en Alzira, gestionado por Ribera Salud hasta 2018, demuestra la ineficacia de estas decisiones políticas en todos los parámetros de análisis: gasto, listas de espera, satisfacción asistencial, excelencia de servicio, paz laboral…
-La posible reversión del Hospital de Torrevieja el próximo mes de octubre tampoco cuenta con las debidas justificaciones económico- financieras que los datos objetivos no avalan.
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), patronal que representa al 80% del sector, considera que la sentencia emitida ayer por el Tribunal Supremo (sentencia núm. 952/2021), sobre el recurso de casación interpuesto por Ribera Salud contra la reversión del Hospital de La Ribera de Alzira, supone ante todo una garantía contra las decisiones arbitrarias o no suficientemente justificadas de las administraciones públicas en los procesos de reversión de servicios e infraestructuras públicas gestionadas bajo concesión a entes privados.
-
Esta sentencia del Supremo que dicta jurisprudencia
ASPE exige, a partir de esta sentencia del Supremo que dicta jurisprudencia, que las administraciones públicas sanitarias velen por la eficiencia del servicio al ciudadano, evitando en todo momento que éste se vea condicionado por decisiones puramente de carácter ideológico en contra de la calidad asistencial y el buen funcionamiento de los servicios en concesión.
-
Para Carlos Rus, Presidente de ASPE, “en demasiadas ocasiones hay decisiones políticas que, una vez más, nos confirman que la ideología se antepone al bien común.
La eficiencia de la colaboración público-privada y del sistema concesional en materia de salud no debe ser tergiversada con falsos mensajes de privatización a la ciudadanía, que no responde en absoluto a la realidad”.
En el caso de Alzira, el argumento tantas veces esgrimido por la Generalitat de la Comunitat Valenciana de “reforzar la sanidad pública, mejorar su calidad, eficiencia y universalidad» no se ve reflejado después por la deriva de los datos oficiales objetivos y transparentes.
El fin de la concesión del Hospital de La Ribera ha generado un sobrecoste de 76 millones de euros, según los datos oficiales publicados por la propia Conselleria de Sanidad. Además, según esos mismos informes, en los dos últimos años se han triplicado las listas de espera. A lo que hay que añadir el colapso de las urgencias, la falta de camas en hospitalización y también de profesionales.
Rus señala que “las medidas de carácter ideológico que no tienen en cuenta los datos ni la satisfacción de los pacientes harán insostenible el Sistema de Salud de la Comunidad Valenciana”.
Rectificar en Torrevieja
ASPE pide rectificar a la Generalitat valenciana en el caso de la futura reversión del Hospital de Torrevieja, cuyo concesionario espera que se pueda prorrogar la concesión, tal como contempla el contrato.
Otra vez son los propios informes oficiales y auditorías de la Generalitat valenciana los que avalan la eficacia del modelo de gestión del Departamento de Salud de Torrevieja, coordinado bajo concesión administrativa por Ribera Salud desde 2005.
Unos buenos resultados que se iban a ver reforzados por la inversión adicional de 40 millones de euros para el periodo 2021-2026 que estaba dispuesto a acometer el grupo sanitario y que convertiría al departamento en el de mayor inversión por habitante de toda la Comunidad Valenciana.
Desde el punto de vista económico, el informe de la Sindicatura de Cuentas valenciana refleja que la asistencia sanitaria integral de la población de este distrito sanitario supone un ahorro del gasto corriente público de 45 millones al año, lo que se traduce en un 30% de ahorro sobre el gasto medio de los hospitales de su misma categoría.
Para Carlos Rus, Presidente de ASPE, “el bienestar y la salud de las personas debería ser la prioridad absoluta de administraciones públicas y entidades privadas, más si cabe en el marco de esta pandemia a la que nos enfrentamos, y no deben quedar relegados a un segundo plano por una razón puramente de ideología sino de calidad se servicio”.
