– Miguel Barrachina ha señalado que de la documentación oficial del gobierno anterior se derivan actuaciones que evidencian que “esta forma de actuar se configuró como una práctica de Ximo Puig”
– Llanos ha destacado que «las irregularidades en las contrataciones son muy graves. La contratación pública se ha incrementado en más de un 35% durante el gobierno de El Botánico».
Los grupos parlamentarios PP y VOX han solicitado la creación de una Comisión de investigación sobre las irregularidades del sector público instrumental de la Generalitat entre 2016 y 2023.
El síndic popular, Miguel Barrachina, ha señalado en rueda de prensa que “los valencianos merecen conocer la verdad, que se frenen las prácticas irregulares y estudiar si se derivan responsabilidades de esta catastrófica gestión del sector público instrumental, con 50 de las 54 empresas públicas que presentan irregularidades”.
Barrachina ha indicado que“la gente tiene derecho a saber la verdad, y el por qué se ha incrementado un 47% el gasto en el sector público. Merecen saber por qué mientras se les aumentaban impuestos subía el sector público instrumental un 47%”.
Miguel Barrachina ha señalado que de la documentación oficial del propio gobierno anterior se derivan actuaciones que evidencian que “esta forma de actuar se configuró como una práctica de Ximo Puig para que se pudiese contratar a dedo hasta 713 millones de euros en la última legislatura y contratar en un solo año hasta 4.000 contratos sin informe de la dirección general presupuestaria, contratados de forma ajena al presupuesto.”.
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“Todo parece indicar que las empresas públicas han sido un nido de enchufismo y amiguismo, y queremos aclararlo».
También analizaremos si de esta práctica generalizada de amiguismo y malgasto se deriva alguna responsabilidad política. Más que responsabilizar a un empleado público de Ximo Puig, tendrían que preguntarle a Ximo Puig”, ha añadido.
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La composición de esta Comisión será la misma que la actual de las comisiones permanentes legislativas previstas en el reglamento.
Esta comisión, una vez constituida, aprobará un calendario y plan de trabajo con una lista de comparecientes y solicitud de informes y documentación necesaria para que, en el plazo máximo de dieciocho meses, elabore un dictamen para que sea aprobado por Les Corts.
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Llanos ha destacado que «las irregularidades en las contrataciones son muy graves. La contratación pública se ha incrementado en más de un 35% durante el gobierno de El Botánico».
Llanos ha destacado que “poco antes de las elecciones, el Botánico hizo una contratación sin dotación presupuestaria y sin ningún informe, con 250.000 contratos menores sin control e irregulares, ascendiendo a un importe de 713.000 millones de euros. Por lo que durante las dos legislaturas de Ximo Puig se ha incrementado la contratación pública en más de un 35%. Además de retribuciones a personal de confianza que no cumplen con la ley, pagos a terceros sin autorización ni control y duplicidades en el gasto.”
El portavoz de VOX ha explicado que “se activará una Auditoria General de todo el Sector Público Valenciano para ver dónde se ha ido cada euro y para estudiar las duplicidades e ineficiencias de esas entidades. Una vez finalizada y elaborada le correspondiente Dictamen, se dará a conocer a todos los valencianos para que sean conscientes de cuál es la situación a fecha de hoy, junto a todas las medidas que desde las Cortes Valencianas y del Gobierno PP-VOX se van a poner en marcha para evitar que esto vuelva a pasar.”
“En los meses de Gobierno del PP-VOX se ha reducido en un 50% los nombramientos a dedo de altos cargos del Botánico. Este gasto superfluo esta disminuyendo drásticamente porque lo único que hacia era contentar a algunos colectivos mientras perjudicaba al bolsillo de los valencianos.”
Finalmente, José María Llanos ha afirmado que VOX “se comprometió a decir la verdad a los ciudadanos y que desde la Administración se les ofreciese un verdadero servicio público. Los valencianos tienen derecho a conocer de primera mano cómo se encuentra la Comunidad Valenciana, con facturas en cajones sin pagar, sueldos abonados sin justificar y contrataciones sin pasar los trámites correspondientes.
El dinero debe gastarse en su bienestar y no en mantener un número excesivo de altos cargos a dedo o en entidades y empresas del sector público ‘fantasma’, inútiles e ineficaces, que realizan actividades irregulares e imposibles de sostener.”
