Soler afirma que el nuevo Decreto de agilización de trámites será clave para la rapidez de los Fondos europeos

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha señalado este miércoles en Les Corts, durante la presentación del Decreto-ley de medidas urgentes de modernización de la administración, que esta norma va a resultar «clave» para gestionar con «agilidad y eficacia» los primeros 262,7 millones de euros del Fondo de Recuperación y Resiliencia que tiene ya adjudicados la Comunitat Valenciana.

En concreto, la Comunitat Valenciana tiene certificados en estos momentos, por parte de varios ministerios, las primeras aportaciones que realizará el Gobierno central a la Generalitat con cargo al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. Cifra que aumentará, tal y como ha confirmado el conseller, a lo largo del mes de mayo a medida que se vayan cerrando las conferencias sectoriales y los proyectos aprobados.

Decreto Ley de agilización de trámites

El Decreto Ley de agilización de trámites tiene dos objetivos básicos vinculados entre sí. Por un lado, la agilización de los procedimientos y actuaciones relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia financiado por los mecanismos europeos Next Generation y REACT. De otro lado «la modernización de la administración valenciana para abordar eficientemente la reconstrucción de la economía y corregir las debilidades que se han detectado en algunos procedimientos administrativos«.

«La movilización de un volumen tan importante de recursos europeos, más de 140.000 para el conjunto de España en un periodo de tiempo reducido, exige contar con una administración moderna, ágil y capaz de responder a la ejecución de proyectos», ha señalado Vicent Soler.

«Nuestro objetivo con este decreto ley es abordar una revisión de la regulación contenida en varias normas de carácter horizontal para facilitar los procesos de toma de decisiones y de gestión de los fondos públicos. Para acelerar todo lo posible la recuperación económica, promoviendo a la vez un proceso de transformación estructural de la administración», ha apuntado.

Nueve secciones para agilizar los fondos europeos

El decreto se estructura en 9 secciones que atienden diversos ámbitos de actuación. En la primera sección se concreta el ámbito de aplicación y se dispone la tramitación urgente y preferente de los expedientes relacionados con fondos europeos. De hecho, en estos expedientes se reducirán en la mitad todos los plazos previstos para el procedimiento ordinario.

Asimismo, en la segunda y tercera sección se establece un régimen de gestión económica financiera especial para los fondos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y al fondo React-EU. Como la tramitación anticipada de cualquier tipo de gasto o la limitación del control previo.

Las secciones cuarta, quinta y sexta contienen normas destinadas a facilitar la tramitación y gestión de ayudas, subvenciones y convenios. Además de la creación de consorcios para la gestión y ejecución de los fondos asociados al Mecanismo de Recuperación. Al igual que ha hecho el Gobierno central.

Por su parte, la sección séptima establece varias medidas de gestión de los recursos humanos de la Administración. Para impulsar los proyectos y también contiene la regulación sobre la creación de puestos de trabajo de carácter temporal, vinculados a estos fondos.

La sección octava incluye una serie de medidas para hacer efectivo el impulso de la responsabilidad social en los procedimientos de contratación. Como cláusulas para la prevención de conflictos de intereses.

Y finalmente, la sección novena hace referencia a los mecanismos de coordinación, seguimiento y transparencia. Dado que toda la información será pública a través del portal de GVA Oberta.

Medidas de modernización

El decreto también contiene otro bloque de medidas encaminadas a la modernización de los procedimientos administrativos comunes. Necesarios para hacer frente de forma más efectiva a la pandemia.

Así, por ejemplo, se aumentan las posibilidades para realizar anticipos en caso de ayudas directas a personas físicas, así como a los ayuntamientos. También se agilizan los trámites de bases reguladoras y se permite su publicación junto con las convocatorias para reducir los plazos.

También se aumentan los supuestos en los cuales podrán prorrogarse las subvenciones para evitar que circunstancias sobrevenidas no provoquen su denegación.

«Tenemos la responsabilidad, como gestores públicos, de dar respuesta a los problemas, necesidades y esperanzas de los ciudadanos. Para ello la Administración tiene que ser más eficiente que nunca. De forma que pueda canalizar y gestionar de forma ágil todas las iniciativas que contribuyan a la recuperación», ha concluido Soler.