El síndic del Grupo Popular en Les Corts, Fernando Pastor, ha afirmado que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, “antes de dar lecciones, debe llevar a Fiscalía los casos de acoso sexual y después dimitir por su negligencia intencionada”.
Pastor ha reclamado a Bernabé “un mínimo de respeto a las decisiones judiciales y al trabajo de la magistrada que instruye la causa” en relación con la gestión de la dana y la declaración de testigos, subrayando que las explicaciones deben darse “donde corresponde y sin interferencias ni utilización partidista de un proceso judicial”.
Acusaciones de intromisión del poder ejecutivo en el judicial
El síndic del GPP ha considerado que las manifestaciones de la delegada del Gobierno suponen una intromisión del poder ejecutivo en el judicial, al entender que “indicar el camino que debe seguir un proceso judicial en manos de la jueza de la dana” no corresponde a su cargo.
En este sentido, Pastor ha señalado que una delegada del Gobierno “está para otras cosas” y no para, a su juicio, realizar “ataques políticos continuados”, acusándola de abusar de su cargo institucional con fines partidistas.
Cuestionamiento de la actuación y responsabilidad política de Bernabé
Fernando Pastor ha insistido en que Pilar Bernabé “cobra un sueldo que le pagamos todos” y ha criticado que, según su valoración, lo utilice para atacar al Partido Popular. Asimismo, ha cuestionado su legitimidad para dar lecciones políticas, aludiendo a diferentes polémicas que, según ha señalado, arrastra en su trayectoria.
El síndic popular ha afirmado que, si las intervenciones públicas de Bernabé responden a directrices de Moncloa, podría entenderse el contexto, aunque no compartirlo, pero ha considerado especialmente grave que lo haga por iniciativa propia.
Petición de actuaciones ante la Fiscalía por denuncias de acoso
Pastor ha concluido recomendando a la delegada del Gobierno que, “si tanto le gustan los juzgados”, acuda junto a otras dirigentes de su partido a la Fiscalía para denunciar las denuncias por machismo y acoso sexual presentadas por dos trabajadoras de Moncloa contra el exasesor Francisco Salazar.
Según el síndic del GPP, este paso sería coherente con las exigencias públicas que Bernabé plantea en otros ámbitos.
