El concejal Grezzi, en una rueda de prensa en la que nuevamente no se nos ha comunicado, ha dado a conocer la resolución del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de cuentas considera a Celia Zafra responsable del robo por no custodiar el dinero y ante eso, le condena a pagar 4,2 millones de euros.
Una resolución que desde EMT y el Ayuntamiento no nos han facilitado en ningún momento. Pero Grezzi sí se ha apresurado a criticar a la oposición y a los medios de comunicación, y asegura que la única culpable es la trabajadora despedida. Este importe se le suma el precio de la estafa más 150.000€ en concepto de intereses.
Según el propio Grezzi «por saltarse los protocolos establecidos». Igual se refiere a los que el ex-gerente presentó meses después a boli y con dibujitos en los márgenes, tal y como denucnió la oposición.
Se enreda más el fraude y se evidencia la falta de controles
Si bien el Tribunal de cuentas considera a Celia Zafra responsable de la estafa, Antifraude y diversas instituciones públicas como la Sindicatura de Cuentas han dejado evidenciado la falta total de control en la EMT Valencia.
Sin protocolos de actuación claros, sin relación exacta de puestos de trabajo y responsabilidades. Además de no realizar la conciliación bancaria como medida de control. Grezzi aseguró era diaria y la responsable en la comisión de investigación aseguró que cuando se fue de vacaciones, a su vuelta empezó a conciliar los pagos de dos meses antes.
Tampoco están claras las responsabilidades laborales, puesto que el área de gestión tenía vacantes y la trabajadora Zafra, que venía de una baja laboral, tenía que efectuar funciones que no le eran propias.
Un juzgado de Valencia ha considerado improcedente el despido
Por otra parte, un juzgado de lo laboral, para acabar de liar más el embrollo consideró improcedente el despido de Zafra y obligó a reincorporarla o a indemnizarla. El Ayuntamiento y la EMT han decidido ( en ese caso Compromís), apelar la decisión judicial.
Un despido improcedente, falta total de informaciones y documentación, constancia de las vulnerabilidades informáticas y falta de controles…Un coctel explosivo para nunca saber lo que en realidad pasó o quién realmente se lelvó el dinero.
Una investigación policial y judicial abierta
El Ayuntamiento sigue responsabilizando del robo a Zafra y a la entidad bancaria La Caixa. Pero en sede judicial La Caixa ha aportado pruebas de que la forma de proceder era la que se efectuó. Así, a pesar de estar en la era tecnológica, la EMT enviaba un pdf con las firmas y una vez por semana llevaba a la oficina de empresas en la misma Plaza del Ayuntamiento los orginales. Algo negado por Grezzi y Compromís.
Igualmente se ha comprobado que fue el banco ante la ausencia de esa documentación la que inició los trámites porque le saltó la alarma en prevención del delito y de evasión de capitales.
Una comisión de investigación cerrada en falso gracias a Compromís
Compromís obligó a su socio de gobierno, el PSPV a cerrar en falso una comisión de investigación en la que se evidenció que todo estaba mal, la falta absoluta de controles y las difeencias de lo contado allí con lo declarado ante sede judicial por los responsables.
Grezzi tuvo mucha prisa en cerrar un asunto que le quemaba en las manos y que ahora casi un año y medio después se enturbia aún más.
Ni los medios ni la oposición ha recibido escasa documentación que ayude al esclarecimiento de los hechos. Lejos de ello, Grezzi ha intentado que esta investigación fuera a ningún sitio.
Muchas interrogantes abiertas y sin respuesta
¿Por qué, tal y comoa firmó Grezzi, la responsable de finanzas María Rayón, de baja maternal estaba trabajando online?. ¿Por qué se conectó ella y el ex-gerente hasta en 17 ocasiones mientras se realizaron als transferencias fraudulentas y no se percataron de ello?
¿Cómo es posible que se hayan ocultado los datos de banca online?. Así como lo más extraño es cómo es posible que estas operaciones se realizaran tras conversaciones de WhatsApp o mails de Grezzi.
Esto lleva a pensar que la manera de trabajar en la EMT era como mínimo torticera y negligente y que lo ocurrido sólo evidencia la nefasta gestión de una emrpesa pública propiedad municipal.
Cabe recordar que la operación no se efectuó a través de Bankia ya que entre las firmas en esta entidad bancaria aún estaba la del antiguo concejal Vicent Sarriá del PSPV. Que desde abril de ese mismo año había dejado el consistorio municipal para irse a la política estatal. Siete meses después aún no se había procedido a cambiar las firmas autorizadas en la cuenta.
Las implicaciones personales de Ribó
El alcalde Joan Ribó nunca ha explicado el porqué si se enteró un lunes no informó hasta que el viernes saltó la noticia a los medios de comunicación. Lo ocultó en una junta de portavoces, en un Pleno ordinario e incluso en una Junta de Gobierno.
Tampoco Ribó nunca ha explicado como la empresa de su cuñado, Abastos Abogados pudo acabar asesorando y cobrando por ello, a dedo, al Consejo de Administración de la EMT. Ribó ocultó que Abastos Abogados eraparte de MST Asesores, que era quién facturaba a la EMT cuando se conoció la implicación personal del cuñado del alcalde.
Tampoco nunca hemos conseguido averiguar el porqué la EMT contrataba externamente los servicios jurídicos cuando tiene dos personas abogadas contratadas para ello.
La EMT y sus problemas
Así, tampoco nada se ha sabido de los más de 30.000€ cobrados en horas extras por unos informáticos para arreglar la seguridad informática unos meses antes justo del fraude y en el que se han evidenciado las vulnerabilidades informáticas.
Tampoco es entendible que se «privatice» la gestión de nóminas, o se contrate los servicios de asesoramiento jurídico de un bufette de Barcelona. Vinculado con los presos independentistas del Procés para «asesorar» a la EMT en la causa judicial abierta por el fraude mientras dure la instrucción judicial, por más de 23.000€.
Lo que es evidente es que esta madeja está cada vez más liada. Justo lo que se hace cuando no se quiere esclarcer los hechos y se tira tierra encima esperando que escampe la tormenta. Algo que los valencianos no podemos consentir porque nos ha costado ya casi 6 millones de euros entre asesorías, abogados, traducciones y el fraude.
