– Unidas Podemos-Esquerra Unida en Les Corts asegura que el ciudadano general no conoce las cuentas de pago básicas para personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera
– Gómez ha destacado que ciertas entidades niegan de manera irregular este tipo de cuentas generalmente a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas
La diputada autonómica de Unidas Podemos-Esquerra Unida Irene Gómez ha presentado una Proposición No de Ley para que las entidades bancarias sean sancionadas si no permiten el acceso a personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera a cuentas de pago básicas sin gastos de mantenimiento, aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox.
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Gómez ha destacado que “el acceso a una cuenta de pago básica es un derecho de cualquier persona y es condición de posibilidad para acceder a suministros básicos como el alquiler de una vivienda, la luz, el gas o el agua”.
Asegura que “la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo estableció el derecho de acceso general de cualquier persona a una cuenta de pago básica y el Gobierno de España materializó esta posibilidad mediante el Real decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera, pero la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha cifrado en más de 300 irregularidades en algunas entidades que continúan negando el acceso a estas cuentas a determinadas personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, con o sin documento de identidad, aferrándose a la Ley de prevención de blanqueo de capitales”.
Por ello hoy se ha aprobado en la Comisión de Política Social y Empleo, que Las Corts Valencianes insten al Consell a realizar una campaña de sensibilización junto a las entidades bancarias que informe sobre las características de las cuentas de pago básicas, así como su régimen gratuito para aquellas personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera, con el objetivo de acabar con una mala praxis que afecta especialmente a las personas migrantes y solicitantes de asilo.
Así como a instar al Gobierno de España a velar porque las entidades bancarias cumplan con la normativa en vigor y reforzar los mecanismos de control y supervisión del Banco de España a las entidades bancarias para que garanticen el acceso a las cuentas de pago básicas y en el caso de incumplimiento sean sancionadas.
