El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha presentado este mes una batería de alegaciones contra el futuro Plan Hidrológico del río Tajo. Cuya aplicación en los términos que propone el Ministerio de Transición Ecológica sería traumática para la subsistencia del sector primario levantino, el más dinámico y productivo de España, la llamada ‘Huerta de Europa’. Zegún denuncian los sindicatos y organizaciones agrarias como SCRATS.
Las reclamaciones del sector han recibido la adhesión de las Mesas del Agua de Alicante, Almería y Murcia. También de entidades agrícolas como ASAJA, UPA, COAG, APOEXPA, FECOAM, UPA Murcia, FERAL, PROEXPORT o AGRUPAL, y otras entidades empresariales y sindicales como CCOO, UGT, CROEM, FROET o UCOMUR.
Una muestra de la unión de la sociedad civil del sureste contra los planes del Ministerio
«Se demuestra así que la sociedad civil de todo el Levante está unida, en torno al siguiente mensaje: estos planes no pueden llevarse a cabo. La decisión del Ministerio de mantener sus términos actuales, significaría una drástica reducción de caudales a derivar por el Trasvase Tajo-Segura. Por extensión, conllevaría un futuro muy difícil para el Levante agrícola«, subraya el presidente de SCRATS, Lucas Jiménez.
Las alegaciones presentadas por el Sindicato a este plan del Gobierno se articulan sobre dos ejes principales. Por un lado, plantea que esta planificación debe contemplar las demandas del sistema hidráulico Tajo-Segura. También debe analizar el impacto ambiental, social y económico que causarían en las mismas los caudales ecológicos propuestos.
Por otro, el SCRATS sostiene que los caudales propuestos para el eje del Tajo están mal calculados. De acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica y determinando el caudal necesario para garantizar el 50% del hábitat potencial útil (HPU), el caudal ecológico del Tajo en Aranjuez es inferior a 6 metros cúbicos. «Y si se calculara para garantizar el 30% del HPU, el caudal ecológico sería de 3,45 metros cúbicos«, apuntan.
El Sindicato de regantes acusa al Ministerio de motivacioens políticas y nunca técnicas ni científicas
En definitiva, el SCRATS denuncia que ha quedado demostrado que esta planificación del Ministerio no tiene los criterios técnicos válidos que avalen su conveniencia. Con el análisis exhaustivo realizado por los mejores ingenieros técnicos, el resultado es un dislate en datos que elevan los caudales y provoca que no llegue agua que el Levante necesita.
«Será un golpe muy duro para los 80.000 regantes que se nutren del Trasvase Tajo-Segura si se consuman los planes del Ministerio, que solo están motivados por razones políticas. El equilibro que se ha conseguido aquí ha costado muchísimos años. Generar ahora un agujero negro en este equilibro puede desmontar todo este sistema productivo que ha generado 40 años de progreso, empleo y prosperidad», asegura Lucas Jiménez.
Peligran 106.000 empleos
La aportación del Levante agrícola al PIB nacional supera los 3.013 millones de euros en toda su cadena de valor, y subiendo. Dando empleo a más de 106.000 personas. Sin embargo, el Ministerio, pese a que es preceptivo en la Directiva marco del agua, no ha realizado un informe de impacto sobre las repercusiones económicas de esta decisión.
Además, gracias al trasvase actual en el Levante español se cultivan 40 millones de árboles frutales y 70.000 hectáreas de cultivos hortículas. Que a su vez eliminan más un millón de toneladas de CO2 al año. “Nuestra agricultura es la mejor forma de luchar contra el cambio climático, vertebra la economía de esta amplia región española y garantizar el futuro de la región, evitando la despoblación”, ha indicado el líder de SCRATS.
El sobrecoste del agua desalada
La pretensión del Ministerio de aumentar el caudal ecológico en cabecera del trasvase hurtaría a los regantes de hasta 90 hectómetros cúbicos anuales respecto a los aportes actuales. La única alternativa que proporciona el departamento que dirige Teresa Ribera es la desalación. Pese a que un estudio científico de la Universidad Politécnica de Cartagena demuestra que los cultivos regados por agua del acueducto absorben al año más de 1,2 millones de toneladas de CO2, mientras que usar agua desalada sube la huella de carbono.
SCRATS no está en contra del agua desalada, pero un informe de la consultora PWC avisa de que las plantas que proveen a la zona del trasvase esta alternativa hídrica (Torrevieja en Alicante y Valdelentisco y Águilas en Murcia) no tienen la conducciones necesarias para llevarla hasta las explotaciones agrarias. Afirma que estas conexiones son “muy deficitarias y el agua desalinizada solo alcanza de forma directa a un número reducido de explotaciones”.
Las conexiones para llevar el agua desalada no están ejecutadas
Las conexiones no solo tardarán tiempo en ejecutarse, sino que además, «podrían resultar muy costosas, y si repercute el coste a los usuarios, podría incrementar el precio del agua». De hecho, la sociedad estatal Acuamed ha puesto sobre la mesa los 81 céntimos el metro cúbico el precio del agua desalada para este año hidrológico, cuatro veces más de lo que cuesta la del Trasvase a las comunidades de regantes. Además, existe una cláusula a favor de Acuamed que incrementaría el precio al final del periodo, en función del precio de la electricidad, que actualmente está totalmente sobrepasado.
En este sentido, se podría escalar hasta 1,2 o 1,5 euros por metro cúbico, dijo Jiménez. Ahora ronda los 0,57. Los productores exigen que no se sobrepasen los 30 céntimos, como se aprobó en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura, aunque no se ha aplicado. Jiménez señaló que esos 30 céntimos ya suponen «un precio exagerado». Pero sería sensiblemente inferior a lo que ahora reclama el Ministerio. Por todo ello, no descartan acudir Justicia o nuevas movilizaciones como la de mayo en Madrid, que fue todo un éxito.
