El portavoz de Administración Local del Grupo Popular en Les Corts, Wenceslao Alós Valls, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que traspase a la Generalitat las competencias en materia de costas para que la administración autonómica pueda prestar protección a los núcleos urbanos etnológicos y a la población que vive en ellos. El diputado ha insistido en esta reclamación ante la amenaza de derribo que pesa sobre algunas de estas viviendas en localidades como Moncofa, Nules, Cabanes o Guardamar del Segura.
El diputado popular ha recordado que la Ley de Costas de la Comunitat Valenciana, aprobada en el último período de sesiones, permite al Consell establecer una protección urbanística a este tipo de áreas urbanizadas en el litoral, en algunos casos erigidas hace casi 100 años.
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El diputado Wenceslao Alós Valls denuncia que el PSOE y Sumar-Compromís mantienen paralizada la modificación de la ley estatal en el Congreso
Para ello es necesario que el Ejecutivo socialista traspase las competencias sobre la costa a la Generalitat, una propuesta que lleva semanas esperando a que el PSOE y Sumar-Compromís accedan a su tramitación en el Congreso. Alós Valls también denuncia que la Mesa del Congreso mantiene paralizada otra iniciativa del PP, aprobada en el Senado, relacionada con la protección de estos núcleos de edificaciones en el litoral.
Moncofa fue el primer municipio en solicitar la protección de las casetas de primera línea como núcleo de valor etnológico, una figura que reconoce el valor cultural, histórico y social de las construcciones tradicionales del litoral. El PP también lo intentó en el Ayuntamiento de Guardamar pero se topó con la negativa socialista. Aún así, la Generalitat activará esta declaración a iniciativa de la ciudadanía.
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“La Ley de Costas del Consell da seguridad jurídica a los vecinos y evita que se pierda nuestro patrimonio histórico, pero el Gobierno también tiene que hacer los deberes”
Por último, Alós Valls ha asegurado que “el Consell de Carlos Mazón, a través de su Ley de Costas, da seguridad jurídica a los vecinos y evita que se pierda nuestro patrimonio histórico, pero el Gobierno central también tiene que hacer los deberes. Estamos hablando de un modo de vida propio del litoral valenciano de norte a sur”.
