La cultura acuerdo es la base sobre la que la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, propone construir una justicia más ágil, cercana y eficaz en la Comunitat Valenciana.
Martínez ha defendido esta línea durante la inauguración de un curso sobre los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), organizado por la Generalitat y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La apuesta por la cultura acuerdo en la justicia
Durante su intervención, la consellera ha subrayado la necesidad de reducir la litigiosidad y fomentar soluciones consensuadas. “Avanzar hacia una auténtica cultura del acuerdo permite ofrecer respuestas más ágiles y eficaces a la ciudadanía”, ha señalado.
El curso analiza el impacto de los MASC en la actividad de los tribunales desde distintas perspectivas jurídicas.
Reforma judicial y nuevos retos
Martínez ha recordado que la reciente Ley Orgánica 1/2025 ha introducido importantes cambios organizativos y procesales, como la creación de los Tribunales de Instancia y nuevas oficinas judiciales.
No obstante, ha advertido de que su aplicación requiere “diálogo, planificación y recursos suficientes”. También ha trasladado al Ministerio su preocupación por las dificultades que algunos aspectos están generando, especialmente en el ámbito del Derecho de Familia.
Red de puntos de acuerdo local
La Generalitat impulsa además una red de puntos de acuerdo local para facilitar el acceso a la mediación en los municipios y acreditar el cumplimiento de los requisitos legales en determinados procedimientos.
“Gracias a este nuevo programa de subvenciones, vamos a acercar de forma más eficiente la mediación y otros medios extrajudiciales de resolución de conflictos a nuestros municipios”, ha explicado Martínez.
La iniciativa pretende, además, humanizar la Administración de Justicia y contribuir a descongestionar el sistema judicial.
Cambios en mediación y atención ciudadana
La consellera ha destacado que su departamento trabaja en adaptar la normativa autonómica de mediación a la legislación estatal y en reformular los programas de justicia de proximidad.
El objetivo es avanzar hacia un modelo más integrado, que concentre recursos, elimine duplicidades y mejore la atención a la ciudadanía.
Martínez ha insistido en que la transformación del sistema judicial requiere “diálogo institucional” y colaboración entre operadores jurídicos para lograr una justicia más eficiente sin renunciar a la protección de los derechos.
