“Cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes.”
Tácito
Los romanos descubrieron, hace más de dos mil años, que había operaciones demasiado importantes para pagarlas con sestercios.
Con sestercios compras pan. Con favores compras al panadero.
Cada mañana una pequeña procesión recorría las calles de Roma. No caminaba hacia el mercado. Ni hacia el Senado. Caminaba hacia la casa de su patrono. Unos buscaban protección. Otros una recomendación. Algunos un contrato. Otros, simplemente, que alguien pronunciara su nombre delante de la persona adecuada. Así funcionaba el sistema clientelar romano. Y funcionaba porque tenía sentido. Roma carecía de una Administración capaz de garantizar por sí misma aquello que hoy esperamos de cualquier Estado moderno.
No existían procedimientos reglados, órganos de control, funcionarios independientes ni una maquinaria pública capaz de asegurar la igualdad de acceso. Allí donde hoy debería bastar un derecho, entonces hacía falta un favor.
Por eso cada cual desempeñaba una función. El patrono protegía. El cliente respondía con lealtad. El intermediario abría puertas. El hombre de confianza transmitía mensajes.
El beneficiario recibía el favor.
Y cuando alguien rompía el silencio aparecía una figura tan incómoda como necesaria: el delator. En Roma aquel sistema era una solución. En un Estado de Derecho, el mismo sistema tiene otro nombre: corrupción.
Dos mil años después seguimos reconociendo perfectamente ese reparto de papeles. El escrito presentado por Julio Martínez ante la Audiencia Nacional le atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero un papel decisivo en la captación de clientes y en determinadas operaciones relacionadas con la consultora Análisis Relevante. Describe la intervención de intermediarios, un supuesto reparto de comisiones vinculado al rescate de Plus Ultra y aporta mensajes y documentación para respaldar su versión, manifestando además su voluntad de colaborar con la Justicia. Corresponderá al tribunal determinar qué hechos considera acreditados.
Ésa es la tarea de la Justicia. Porque los hechos cambian. Los mecanismos, muchas veces, no. La nuestra consiste en observar el mecanismo. Porque lo verdaderamente llamativo no son únicamente los nombres propios, sino que la estructura descrita parece salida de un manual de historia romana: un patrono, una red de relaciones, intermediarios, hombres de confianza, información privilegiada, favores, beneficiarios y, finalmente, alguien que decide hablar. Cambian los nombres. La función permanece.
Ésa es la diferencia esencial entre Roma y una democracia moderna. Allí el favor suplía la ausencia del Estado. Aquí el favor compite contra el Estado. Allí era el sistema. Aquí es su deformación.
Allí abría las únicas puertas que existían. Aquí intenta abrir puertas que sólo deberían abrirse mediante la ley. La civilización consiste precisamente en sustituir las relaciones personales por reglas impersonales. Cuando volvemos a necesitar padrinos para acceder a lo que debería garantizarnos la ley, no estamos avanzando. Estamos regresando.
Por eso la corrupción no empieza cuando desaparece el dinero. Empieza cuando desaparece la igualdad. Empieza cuando un ciudadano deja de confiar en que las reglas son las mismas para todos y empieza a sospechar que lo decisivo no es el mérito, ni el procedimiento, ni la ley, sino conocer a la persona adecuada.
Hace apenas unos meses, durante la campaña andaluza, José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que «ser socialista es, normalmente, tener poco y estar dispuesto a dar mucho».
Pocas personas discutirían ese ideal. Precisamente por eso resulta inevitable compararlo con el relato que estos días está examinando la Audiencia Nacional.
Los jueces dirán qué hechos consideran probados. Los ciudadanos decidirán qué comportamientos consideran aceptables.
Los romanos tenían razón. Había operaciones demasiado importantes para pagarlas con sestercios. Con sestercios podían comprar unas sandalias. Con favores podían comprar al zapatero.
Dos mil años después hemos cambiado las monedas. Lo que un Estado de Derecho no puede permitirse conservar es aquella vieja forma de abrir puertas. Porque el verdadero precio de la corrupción nunca aparece en ninguna factura. No se mide en euros. Se mide en la confianza que una sociedad pierde cada vez que empieza a creer que la ley ya no abre todas las puertas por igual.
— Jose Navarro ✶
