La consellera de Justicia considera que las plantillas de los tribunales deben estar protegidas «de la misma manera que las de Educación o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad»
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha propuesto que se priorice la vacunación contra la COVID-19 de todo el personal de los juzgados de lo Penal. Los de Violencia de Género, el de los Registros Civiles y servicios comunes y de comunicaciones así como el del Turno de Oficio (abogados, abogadas, procuradores y procuradoras). Ya que estos profesionales desempeñan su función en un «servicio público esencial y estratégico» que debe ser protegido «de la misma manera que lo ha sido la Educación o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado».
Bravo ha realizado esta propuesta en el transcurso de la reunión de la Comisión Sectorial de Justicia que ha reunido, de manera telemática, a los y las máximos responsables autonómicos en la materia con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Durante su intervención, la consellera ha defendido que es «fundamental» que un servicio público esencial como el que se presta en los tribunales «tenga a su personal protegido y más al considerar que de él depende la defensa de nuestros derechos y libertades».
Por ello, Bravo ha apelado a que las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia y el Ministerio asuman una «posición común» para priorizar la vacunación de estos colectivos.
«Estamos hablando de jueces y fiscales de lo Penal y de Violencia de Género, del personal de los juzgados de guardia y de los servicios comunes de comunicación y Registro Civil, así como el Turno de Oficio», ha explicado la consellera. «Es decir, de los profesionales y operadores jurídicos que están más expuestos por el carácter esencial y presencial de sus funciones».
