El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha reclamado al Gobierno central que escuche a la ciudadanía de la costa de la Comunitat Valenciana y lleve a cabo una gestión del litoral que combine la protección ambiental, la regeneración efectiva de la costa, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de los ciudadanos afectados.
Así lo ha señalado el vicepresidente tras reunirse con vecinos afectados por los deslindes de la costa y dar la bienvenida a la Federación Mar Nostra, una organización que nace para unir a municipios, asociaciones y vecinos afectados por la regresión costera en el litoral comprendido entre Castellón y Sagunto. Todos los participantes en el encuentro han coincidido en la “mala aplicación” de la ley estatal de Costas por parte del Gobierno, que genera situaciones injustas en muchos de los deslindes ejecutados.
Durante el encuentro, Martínez Mus ha destacado que la constitución de esta federación “da buena cuenta de que los problemas de nuestra costa ya no pueden abordarse municipio a municipio”, ya que la regresión litoral, la pérdida de playas y la alteración del transporte natural de sedimentos afectan al conjunto del sistema costero y “exigen una respuesta conjunta”.
“Compartimos la idea que inspira esta federación: la costa debe entenderse como un espacio único, continuo e interconectado, donde las actuaciones que se realizan en un punto tienen consecuencias sobre el resto del litoral”, ha señalado el vicepresidente tercero.
Uno de los tramos más afectados
Durante el encuentro se ha expuesto que dos de los cinco tramos más afectados por la regresión costera de toda España se encuentran en la Comunitat Valenciana. Uno de ellos es precisamente el comprendido entre Castellón y Sagunto.
El vicepresidente tercero ha señalado que la Generalitat lleva años reclamando al Estado la ejecución de las actuaciones pendientes para proteger la costa. En el caso del tramo Castellón-Sagunto, existe una estrategia aprobada en 2015 que contempla más de una veintena de actuaciones que siguen sin ejecutarse.
Además, ha reiterado el rechazo de la Generalitat a la modificación del Reglamento General de Costas planteada por el Gobierno, al considerar que introduce cambios de enorme trascendencia sin las suficientes garantías técnicas y jurídicas. Según ha señalado, la reforma propuesta permite que un único temporal excepcional pueda servir de referencia para determinar deslindes de manera permanente, sustituyendo un criterio técnico consolidado durante décadas basado en fenómenos reiterados.
En este contexto, ha defendido que cualquier actuación sobre el dominio público marítimo-terrestre debe sustentarse en criterios técnicos rigurosos, objetivos y consolidados en el tiempo, ofreciendo certidumbre a ciudadanos, ayuntamientos y actividades económicas. “La Generalitat ya ha presentado alegaciones al proyecto normativo estatal y continuará defendiendo los intereses de la Comunitat Valenciana ante todas las instancias necesarias”, ha concluido Martínez Mus.
