El Congreso de los Diputados ha aprobado el decreto-ley que regula el nuevo Consejo de Administración de RTVE, aunque para ello haya tenido que violentar el duelo de tres días acordado por la catastrófica DANA del levante español. Es la prueba de la importancia y la perentoriedad de un arma del Ejecutivo, quien ha repartido entre sus miembros y aliados los 11 puestos que corresponden al Congreso de los 15 totales de que está compuesto.
Que el Consejo de RTVE es un organismo de control y no un mero órgano de gestión administrativa lo muestran no sólo sus estatutos, sino la voluntad expresa del Gobierno, emitida por el ministro Óscar López durante su presentación ante el Legislativo.
¿Qué hacen, pues, entre sus nuevos miembros representantes de Junts, de Esquerra de Cataluña u el PNV, a los cuales les traen sin cuidado los intereses generales del país? Pues precisamente eso, que contradice al estatuto, de impedir una visión global de España y el que triunfe una cadena que va contra sus intereses partidistas.
A los tres partidos en cuestión lo que les interesa es que le vaya bien a TV-3 y a Euskal Telebista, los canales autonómicos que marginan a España en sus contenidos, en detrimento, precisamente, de RTVE, cuyos fines fundacionales chocan frontalmente con aquéllos.
Tenemos, por consiguiente, una comprobación más de que Pedro Sánchez tiene sus deudas con los independentistas y las paga como puede, aunque sea, una vez más, a costa de los derechos de todos los españoles; en este caso de una información plural que refleje lo común del país además de las particularidades que ya tienen su emisión en las televisiones autonómicas. Por eso, considerar que RTVE va a ser ahora más democrática es una mera utopía.
