Cuando el pasado día 9 de enero llegó a mi casa, recurrente en el procedimiento como otras muchas familias afectadas, el Auto de 30 de diciembre de 2022 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por el que volvían a darnos la razón, lo primero que hice, después de transmitírselo a la familia, fue llamar a la otra familia, la de aquellos que durante los últimos tres años hemos dado la cara por esta causa, empezando por la Presidenta de la asociación, Paz Calleja, y siguiendo por el resto de compañeros de lucha, tantos que no puedo enumerarlos en este artículo sin dejarme a nadie.
Pero esta vez ha habido una sensación de alegría contenida, de cierto alivio, pero también de preocupación. En todos estaba el mismo pensamiento. ¿Qué se sacará de la chistera ahora el gobierno municipal para seguir con esta agonía?
«Un gobierno municipal por el que hemos sido constantemente engañados y maltratados»
No podemos fiarnos de un gobierno municipal por el que hemos sido constantemente engañados y maltratados. Ha hecho de la trampa, de la treta, de la oscuridad y la falta de transparencia, sus armas de batalla en esta guerra sin cuartel contra unos vecinos normales y corrientes que no aceptaron la injusticia y decidieron luchar.
Esa hostilidad cruel se hizo patente desde el principio, recuerdo las intervenciones del Concejal Vicent Sarriá en las que inicialmente mediante insinuaciones y luego de forma directa con la Concejal Sandra Gómez se nos acusaba de cosas imperdonables: que si queríamos que los funcionarios municipales no tuvieran un lugar dónde trabajar, que si queríamos tirar los edificios fuera de ordenación de Navarro Reverter, 20 y Micer Mascó y dejar a los pobres vecinos sin hogar (recordemos que en uno de esos edificios se llegó a pagar tres millones de euros por un ático), que si queríamos arruinar a la Ciudad obligándola a pagar 54 millones de euros, que si nuestras pancartas eran partidistas, que si nuestra única intención al solicitar una reunión con la Concejala de Urbanismo era “montar un circo” y “hacer el espectáculo”, que si éramos un barrio de ricos que queríamos quitarle a los barrios de pobres su suelo público etc.
Hemos oído de todo y lo que más nos ha sorprendido no ha sido que se pudieran decir dichos exabruptos en el Pleno Municipal y en las notas de prensa con membrete oficial, sino que muchos medios de comunicación, no sólo las publicasen, sino que ahondasen en dicho argumentario, en algunos casos hasta tomando partido contra nosotros.
Hemos ido desmontando cada una de esas mentiras con mucho esfuerzo. Hicimos de la ejemplaridad, de la paciencia y del coraje, nuestras señas de identidad para ir deshaciendo poco a poco los prejuicios que habían sobre nosotros. Nunca se le exigió tanto a una Asociación de Vecinos para protestar, porque para una parte de la sociedad, nuestros padecimientos valían menos que otros padecimientos porque el gobierno municipal había decidido que no éramos dignos de consideración ni de empatía; y cuando todo nos era adverso, decidimos, por principios, no rendirnos nunca.
Borja Sanjuán se apunta al carro de mentiras lanzadas contra los vecinos
La última mentira, como una pataleta del perdedor, la dijo el Concejal Borja Sanjuan, al atribuir como indemnizaciones derivadas de la anulación del PGOU de Tabacalera 1, 23 millones de euros. Nada más lejos de la realidad.
El Gobierno municipal se apresuró, este último trimestre a aprobar la liquidación del Convenio firmado en el año 2004 entre el Ayuntamiento y Gualdalmedina, por 6,7 millones de euros, correspondientes a la edificabilidad de 8 plantas de la parcela de Micer Mascó no ejecutada, millones que según publicaba la prensa, ya se han dispuesto para pagar al constructor.
La normativa autonómica urbanística, de entonces y ahora, establecía que las personas propietarias de solares deben de solicitar licencia de edificación en el plazo establecido en el plan o en el programa de actuación y si este no determinase el plazo, será de dos años desde que el terreno hubiere adquirido la condición de solar. 8 años pasaron desde que aprobó la modificación de Tabacalera 1 hasta que se dictó la sentencia que lo anulaba, 8 años en los que no se edificó. ¿Perjudicó su derecho, el constructor, a la edificabilidad prevista en el convenio urbanístico? ¿Seguía teniendo derecho el constructor a esa edificabilidad?
En todo caso y aun reconociéndole al constructor un derecho discutible, esos son todos los efectos económicos que ha causado la nulidad de la modificación puntual del PGOU de antes y ahora. Una cantidad desde luego asumible por un gobierno municipal que gasta al año 8.189.000€ en sueldos de concejales, asesores, coordinadores y directivos a dedo.
La realidad de la calle, muy alejada de la realidad paralela en la que viven algunos concejales con abultados sueldos
Los 17 millones que se han anunciado para la expropiación del solar de Micer Mascó nada tiene que ver con los efectos de la nulidad del planeamiento urbanístico, es una decisión política, derivada de una promesa política de la Vicealcaldesa a los vecinos de Micer Mascó de hacerles un jardín, a la que nunca me opondría y de la que personalmente me alegro, pero que no puede imputarse sino al propio Ayuntamiento, como otras aprobadas por este, como la expropiación del solar de ADIF cercano a la Estación del Cabanyal.
De hecho, en caso de haber conservado el constructor la propiedad del solar de Micer Mascó, su uso podría haber implicado la obligación de edificar la nave derribada de forma mimética al resto del conjunto, con una explotación económica muy condicionada a la protección del conjunto fabril. Además ¿Vale 17 millones de euros un solar de reducidas dimensiones en las que su edificación viene condicionada a lo manifestado anteriormente?
Seguimos pues, derribando prejuicios y burdas mentiras, pero nadie asume responsabilidades, la propia Gómez no ha dicho una sola palabra de este Auto desde que se hizo público, cuando tiene la obligación de dar respuesta a los vecinos, de pronunciarse y si se me permite, de pedirles perdón, porque la responsabilidad a juzgar nace en 2018, cuando se decidió diseñar un pelotazo urbanístico que la justicia ha declarado dos veces ilegal. Así que seguimos esperando que alguien responda, a la que esperamos sea la resolución firme y definitiva que acabe con cuatro años de incertidumbre y ansiedad. Alguien debe asumir la responsabilidad, el silencio jamás es una respuesta, salvo una aceptación implícita de la propia culpabilidad, porque quien calla otorga.
