Pepiño Blanco: el poder cambia de tarjeta

«En perder no es nuevo».

Pepiño Blanco, sobre Pedro Sánchez, en un mensaje del 18 de abril de 2017 recogido por la Cadena SER.

Hay carreras políticas que terminan el día que se pierde un escaño. Otras cambian de tarjeta de visita. José Blanco pasó de organizar el PSOE y dirigir Fomento a encabezar una consultora de asuntos públicos. La experiencia sigue siendo la suya. El cliente que paga por aprovecharla ya puede ser otro.

La pregunta incómoda aparece cuando lo aprendido al servicio de todos se ofrece después a quienes pueden contratarlo: ¿qué se vende exactamente, conocimiento o facilidad para llegar a los despachos? Las dos cosas pueden tener valor comercial. Para el ciudadano no significan lo mismo.

Primero, una corrección a nuestra propia sospecha

Blanco no fue un fiel de Sánchez durante su regreso a Ferraz. Apoyó a Susana Díaz en las primarias de 2017 y le reprochó a Pedro sus derrotas electorales. En 2019 quedó fuera de la candidatura europea del PSOE. Presentarlo como un acompañante leal al que Sánchez fue pagando servicios falsearía la historia.

Su gran etapa de poder fue con Zapatero: secretario de Organización desde 2000, vicesecretario general desde 2008, ministro de Fomento desde abril de 2009 y portavoz del Gobierno en 2011. Antes había sido senador; después de años en el Congreso pasó al Parlamento Europeo, donde estuvo entre julio de 2014 y julio de 2019.

Los puestos del partido se decidieron en sus órganos; el ministerio llegó por nombramiento a propuesta del presidente. Los escaños requirieron candidaturas y elecciones. Conviene distinguirlo: conocer a alguien no explica por sí solo todos los puestos de una carrera, y ganar elecciones tampoco convierte cualquier nombramiento posterior en un mérito indiscutible.

De Galicia a los despachos de Madrid

Su trayectoria gallega también cuenta. La biografía del PSOE sitúa su incorporación al trabajo de la secretaría de Organización del PSdeG tras dejar los estudios de Derecho. Recoge la dirección de Juventudes Socialistas de Galicia, la presidencia del Consejo de la Juventud y responsabilidades en el partido en Lugo. Es una fuente del propio partido; no aporta contratos ni nóminas de aquella etapa.

Además, el dossier electoral del PSOE de 2008, página 27, acredita que fue concejal y portavoz socialista en Palas de Rei entre 1991 y 1999. La concejalía fue posterior a su llegada al Senado en 1989 y se solapó después con el Congreso. Tener varias responsabilidades no permite apuntarle varios sueldos: falta comprobar qué remuneraciones, asistencias o indemnizaciones correspondieron realmente a cada una.

Algo recibimos. La obra no era suya entera

Durante su mandato en Fomento se inauguró el AVE Madrid-Valencia, el 18 de diciembre de 2010. La conexión prestó un servicio real. Reconocerlo no obliga a regalarle una infraestructura levantada durante años, por distintos gobiernos y miles de trabajadores. El ministro no puso las traviesas con sus manos; tampoco fue un figurante sin responsabilidad sobre la fase que gestionó.

En Europa tuvo trabajo sustantivo: fue ponente de la reforma de renovables que desembocó en el objetivo europeo del 32 % para 2030 aprobado en 2018. Era un resultado compartido con otros parlamentarios, la Comisión y los gobiernos. Esa experiencia energética cuenta a su favor cuando se examina su posterior actividad profesional. Criticar una puerta giratoria no exige fingir que quien la atraviesa no sabe nada.

Al contribuyente le interesa que las infraestructuras funcionen y que las normas tengan utilidad. También que el legado sobreviva a la inauguración. Nuestros hijos heredarán las vías y el coste de conservarlas, no la satisfacción del ministro al descubrir la placa.

Treinta años de cargos. La cuenta todavía tiene huecos

En abril de 2007, cuando Rajoy evitaba precisar cuánto ganaba, Blanco declaró que cobraba «en torno a 6.000 euros mensualmente». También defendió que cualquier ciudadano debía poder conocer la cifra. El criterio era bueno. Apliquémoslo a toda su carrera, distinguiendo sueldo, gastos y quién pagaba cada cosa.

El recorrido parlamentario va del Senado de 1989 a la Eurocámara de 2019. No son treinta anualidades que podamos multiplicar por el último sueldo: hay tarifas distintas, elecciones y cargos solapados. La concejalía de Palas de Rei tampoco produce por arte de magia una segunda nómina. Antes presidió el Consello da Xuventude, del que una fuente histórica lo identifica como primer presidente, tras su creación en 1987; no hemos acreditado un sueldo personal por ese puesto.

La cuenta general que podemos ofrecer es esta: alrededor de 1,6 millones de euros brutos en salarios públicos y cesantía ministerial por su trayectoria institucional entre 1989 y 2019. La banda orientativa del modelo va de 1,4 a 1,7 millones. Es una estimación, no una liquidación personal acreditada. Gastos aparte.

Para llegar a esa cifra hemos separado tres escalones:

El primer bloque tampoco es una colección completa de nóminas. Se apoya en referencias publicadas, en el anexo salarial original del Congreso y en su declaración. Hay una comprobación especialmente sólida: los 74.054,03 euros que escribió como brutos de ministro para 2010 coinciden exactamente con cinco meses al sueldo anterior y siete con la rebaja de junio. Se cuentan una sola vez.

Para los años sin nómina hemos utilizado las tarifas históricas más próximas y referencias comparables de ambas Cámaras, estimando los años intermedios y variando los supuestos sobre complementos e intervalos entre legislaturas. La referencia de 395.040 pesetas mensuales de 1996 y la de 420.000 en 2000 permiten aproximar aquel tramo sin ponerle el sueldo de hoy. Esas aproximaciones siguen siendo aproximaciones: las tablas originales y las nóminas pueden corregirlas. El expediente deja las operaciones y los supuestos a la vista; la horquilla no es un margen estadístico ni una garantía sobre el cobro real.

La falta de detalle tiene una muestra concreta: el Congreso mantuvo en 2019 la negativa a facilitar las tablas de 1993–2005, aunque al resolver el recurso sí entregó las de 2013 y 2014. Fue una decisión de la Cámara, no una negativa personal de Blanco. El dinero público envejece bastante mejor que la facilidad para seguirle el rastro.

Después del cese también hay cuenta

La cifra general incluye unos 30.000 euros estimados de cesantía ministerial en 2012. El dictamen oficial de mayo recoge su indemnización temporal y la declara compatible con el escaño. EFE informó de su renuncia en julio tras el cambio de incompatibilidades. El cálculo supone seis o siete mensualidades al régimen previsto; el importe efectivamente liquidado sigue sin comprobarse. Aquella compatibilidad no se convierte en ilegal por resultar poco simpática al contribuyente.

La etapa europea supone aproximadamente 514.000 euros brutos de salario calculado por tarifas y periodos. Incluye julio de 2019 completo porque las reglas salariales reconocen el mes del cese. Está dentro de la estimación general: sumarlo después sería pasar dos veces la misma factura.

Quedan fuera los pagos del partido sin desglose suficiente, los ingresos privados de Acento y las pensiones cuyo cobro no hemos acreditado. El Estatuto europeo permite pensión desde los 63 años, edad que Blanco alcanzó en febrero de 2025. El derecho a solicitarla no demuestra que la haya cobrado. Tampoco le asignamos otra nómina por cada responsabilidad municipal o juvenil que figura en su biografía.

Y los gastos conservan su columna. El Congreso fijaba para los elegidos fuera de Madrid 1.823,86 euros mensuales para alojamiento y manutención en 2012–2014, separados del sueldo. Viajes, dietas, despachos y asistentes tampoco se convierten en dinero personal. La cifra de 1,6 millones estima remuneraciones y aquella cesantía; no pretende medir todos los medios que pusimos a su disposición.

Durante casi treinta años pagamos por su trabajo en las instituciones. Después, otros clientes pagaron por su experiencia. Ahí está la pregunta de esta serie: qué aprovechamos nosotros de la primera etapa y qué ventajas se llevó él a la siguiente.

Enagás: independiente es una categoría, no una absolución política

La junta de Enagás lo nombró consejero independiente el 30 de junio de 2020. La compañía lo sigue incluyendo como consejero independiente y vocal de su comisión de Sostenibilidad y Nombramientos. No damos por vigente el puesto solo porque aparezca un nombramiento antiguo.

La documentación de la comisión explica su reelección de 2024: propuesta de la comisión, intervención del consejo y aprobación de la junta de accionistas el 21 de marzo, por cuatro años. La inscripción mercantil también la recoge. No fue un decreto de Sánchez.

Hay una defensa concreta que debemos recoger: el informe para su reelección, página 5, afirma que había asistido personalmente a todas las reuniones del consejo y de sus comisiones desde su incorporación, y valora su experiencia en regulación energética nacional y europea. Es la evaluación de la propia compañía, no una auditoría independiente del mérito. Pero impide despacharlo como alguien que solo acudía a cobrar.

Enagás es una sociedad cotizada con participación de SEPI. No es un ministerio ni pertenece íntegramente al Estado. Llamar público a todo euro que paga sería tan poco riguroso como ignorar su actividad regulada y sus vínculos con decisiones públicas.

Sus informes permiten reconstruir esta remuneración individual, devengada y publicada en miles de euros:

La serie se contrasta en los informes de 2021, 2023 y 2025, página 32 del PDF. En este último ejercicio se desglosan 100.000 euros de remuneración fija, 35.000 de dietas y 25.000 por comisiones. Esos conceptos ya están dentro de los 160.000: sumarlos otra vez sería cobrarle al lector una segunda vuelta de calculadora.

No son 869.000 euros de sueldo ministerial, ni una factura íntegra al Tesoro, ni el coste completo de su carrera. La estimación pública anterior conserva sus incertidumbres; los eventuales pagos del partido y los ingresos privados siguen sin cuantificarse. Tampoco se puede convertir un derecho potencial a pensión o indemnización en un cobro comprobado. La cuenta queda abierta donde faltan documentos, no rellenada con ceros.

Acento: cuando el acceso tiene mercado

En 2019 fundó Acento. Junto al socialista acabó dirigiéndola Alfonso Alonso, exministro del PP. Para competir en política pueden sobrar diferencias; para asesorar a empresas, esa combinación ofrece interlocución a ambos lados del pasillo.

El 2 de febrero de 2026 Havas anunció la adquisición de una participación mayoritaria. El comunicado mantuvo a Blanco y Alonso al frente como codirectores y anunció la integración en H/Advisors. La web actual del grupo identifica a Blanco como co-CEO de Asuntos Públicos. No seguimos describiendo la propiedad de la consultora como si la venta no hubiera ocurrido.

En una entrevista del 8 de febrero de 2026, Blanco defendió la operación como un «reconocimiento del mercado», describió una venta escalonada y situó en 2030 la salida prevista del accionariado. Es un plan declarado, no una salida ya consumada. Rehusó revelar el precio por confidencialidad. No tenemos acreditado cuánto recibió personalmente: la facturación de Acento tampoco es su sueldo.

Hay una conexión que merece preguntas concretas. Cinco Días informó en agosto de 2025 de que Sedigas había contratado a Acento para labores de lobby, principalmente en Bruselas. Blanco era a la vez consejero de Enagás. Eso exige examinar clientes, funciones y posibles conflictos; no demuestra por sí solo una infracción ni que modificara una tarifa.

Defender intereses ante las instituciones puede aportar argumentos técnicos y mejorar una norma. También puede aumentar la ventaja de quien paga por ser escuchado. La respuesta exigible son reuniones identificables, intereses declarados y decisiones justificadas. El ciudadano que paga el recibo del gas también tiene intereses, aunque no contrate una consultora para explicarlos.

«Villa PSOE»: el paisaje también entra en la cuenta

Hay otro episodio que no debe perderse entre tarjetas de visita. Fue en O Furado, A Illa de Arousa, donde se levantó la urbanización conocida como «Villa PSOE», vinculada en las informaciones de la época a varios dirigentes socialistas. El 12 de enero de 2009 Blanco reconoció que tenía desde febrero de 2007 una opción de compra sobre un apartamento de 89 metros cuadrados útiles. No era el promotor de la urbanización.

La polémica no fue solo de siglas. Greenpeace la incluyó en Destrucción a toda costa 2009, página 184: criticó la construcción próxima al mar, la tala de árboles y la justificación urbanística que permitía reducir la servidumbre de protección de 100 a 20 metros. Era una denuncia ambiental de la organización, no una sentencia.

Blanco defendió la legalidad de los permisos y sostuvo que, si existía alguna irregularidad, él sería una víctima de decisiones administrativas anteriores. La controversia llegó al Congreso, donde la ministra Elena Espinosa rechazó las acusaciones del PP el 11 de febrero de 2009.

Y hay un desenlace que también cuenta: la Fiscalía de Pontevedra archivó la denuncia urbanística, según informó El País el 8 de febrero de 2009, al no apreciar infracción penal, dejando abierta la posibilidad de acudir al juzgado. No hemos recuperado aquella resolución original. Ese archivo no permite presentar como probado un delito ni sustituye por sí solo el examen de la legalidad administrativa.

Comprar junto al mar no es un delito. Tampoco obliga al ciudadano a renunciar a preguntar qué paisaje se destruyó y qué garantías protegían un patrimonio que compartimos. El apartamento puede ser privado; la conservación de la costa no debería depender de quién disfruta de las vistas. Nuestros hijos no heredarán los permisos: heredarán lo que aquellos permisos dejaron en pie.

La gasolinera: el encuentro existió; el soborno no quedó acreditado

El episodio tiene fecha y lugar: 5 de febrero de 2011, gasolinera de Guitiriz, Lugo. Blanco reconoció que se había encontrado allí con Jorge Dorribo, empresario de los laboratorios Nupel. Su defensa explicó que hablaron durante un breve trayecto en un coche del partido, con chófer y escolta, y que Dorribo le trasladó retrasos de expedientes en Sanidad y Economía. Blanco negó haber hecho gestiones o recibido dinero.

Dorribo sostuvo que había entregado 200.000 euros a Manuel Bran, familiar político de Blanco, destinados al entonces ministro. Aquella acusación no puede publicarse como un cobro demostrado. RTVE recogió las contradicciones de Dorribo sobre los testigos del supuesto pago; posteriormente, Europa Press informó de que el instructor no había encontrado testimonios ni documentos que avalaran esa acusación.

La gasolinera no prueba un soborno. Sí permite plantear una pregunta política sobre aquella conversación admitida: cómo se garantiza que la cercanía personal a un ministro no se convierta en una ventanilla alternativa para asuntos administrativos. El ciudadano corriente también tiene expedientes que se retrasan; sus garantías no deberían depender de encontrar compañía para el siguiente trayecto.

En el caso Campeón hubo una investigación contra Blanco. El auto del Supremo de 18 de julio de 2013 estimó su recurso frente a la petición de suplicatorio por tráfico de influencias. Ese recurso se refería a otro episodio: la gestión de una entrevista con el alcalde de Sant Boi de Llobregat para una licencia de Azkar. La Sala consideró que aquella actuación no cubría el delito investigado y que la decisión administrativa respondía a criterios técnicos. No era una resolución que acreditase el supuesto pago de Guitiriz.

Hay un matiz que no debemos borrar: Europa Press informó el 24 de octubre de 2013 de que el archivo era provisional, susceptible de reapertura si aparecían pruebas nuevas. Hemos consultado el auto de julio; no hemos recuperado el original de esa resolución posterior ni un certificado de firmeza. Tampoco acreditamos una reapertura. No corresponde convertir aquel procedimiento en una condena, ni vender como definitivo un archivo descrito después como provisional.

Blanco ayudó a construir el poder de Zapatero y combatió el regreso de Sánchez. Después encontró continuidad profesional en la consultoría y en un consejo de administración. No hay aquí un trueque acreditado con el presidente actual. Hay una trayectoria que obliga a examinar cómo se aprovechan privadamente la experiencia y las relaciones acumuladas en lo público.

El ciudadano pagó por un trabajo durante sus cargos. Tiene derecho a exigir resultados y controles durante aquellos mandatos, y garantías de que las relaciones posteriores no conceden privilegios en decisiones que siguen afectándole. La agenda puede ser personal. Las instituciones a las que da acceso deben seguir siendo de todos.

Gastos aparte.

En la próxima entrega, José Luis Rodríguez Zapatero: qué quedó de su presidencia, qué papel desempeña después y qué costes y actividades pueden acreditarse sin confundir mediación, influencia y beneficio personal.

Jose Navarro ✶