Diana Morant: la candidata con ministerio

«Yo quiero ser presidenta y hacer presidente de nuevo a Pedro Sánchez».

Diana Morant, entrevista con Europa Press, 16 de agosto de 2025.

Ximo Puig encontró destino en París. Diana Morant se quedó con la dirección del socialismo valenciano. La sucesión tenía dos salidas, y ninguna daba a la ventanilla del paro. A ella le correspondió una combinación con bastante recorrido: ministra en Madrid, líder del PSPV en Valencia y aspirante a presidir la Generalitat. Para Sánchez, una federación importante alineada con su proyecto. Para Morant, una plataforma nacional desde la que construir su futuro autonómico. Para nosotros, la obligación de distinguir cuándo trabaja la ministra y cuándo hace carrera la candidata.

El contribuyente no es el patrocinador de esa sociedad de ambiciones. Paga impuestos para sostener servicios, conservar lo que hemos construido y dejar algo mejor a quienes vienen detrás. La renovación de una ejecutiva no le mejora la vida por sí sola. Y una ministra no cumple con él por conseguir que su partido vuelva a ganar.

Antes de la llamada había una alcaldesa

Morant es ingeniera de Telecomunicación por la Universitat Politècnica de València. Su currículum municipal recoge su proyecto final en el departamento de investigación y desarrollo de Fermax. Entró como concejala de Gandia en 2011 y fue alcaldesa desde 2015 hasta julio de 2021. También pasó por la Diputación de Valencia y el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia. No llegó a la política el día que Sánchez buscó una ministra.

En 2015 accedió a la alcaldía mediante un pacto, sin encabezar la lista más votada. En 2019, en cambio, el PSOE pasó de siete a once concejales y fue la primera fuerza. Gobernó con sus socios. Tenía experiencia municipal y había ampliado su respaldo electoral. La llamada de Sánchez aceleró una carrera que ya existía.

El salto decisivo llegó en 2021. Sánchez sustituyó a Pedro Duque y la nombró ministra de Ciencia e Innovación. En noviembre de 2023 la mantuvo en el Gobierno y añadió Universidades a su cartera. A 8 de noviembre de 2026, la web ministerial sigue identificándola como titular.

Primarias con la llegada despejada

La dirección del PSPV se resolvió en Ferraz. El 30 de enero de 2024, Morant, Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa se reunieron con Santos Cerdán. Los tres alcanzaron un acuerdo: ella quedaría como única candidata. Soler y Bielsa terminaron integrados como presidente y vicesecretario general. Las primarias previstas dejaron de ser una competición entre ellos.

El 7 de febrero fue proclamada provisionalmente y el 23 de marzo quedó ratificada. Fue una sucesión negociada entre aspirantes y dirección federal, sin una votación competitiva final. El acuerdo resolvió quién mandaría en el partido. El beneficio para los valencianos seguía por demostrar.

Lo que Sánchez sí ha recibido

Morant aportaba una dirección territorial integrada en el proyecto de Sánchez; él había aportado el nombramiento que la convirtió en una figura nacional y respaldó su sucesión a Puig. El comunicado del acuerdo dejó por escrito esa alineación. No estamos ante una afinidad deducida de una fotografía.

También ha aportado defensa pública en los malos momentos. El 14 de junio de 2025, según publicó el propio PSOE, respaldó la rapidez de Sánchez ante los casos de corrupción y contrapuso su reacción a la del PP. Llegó a sostener que, después de pedir perdón y actuar, podían exigir la dimisión de Mazón con más autoridad moral que antes de los casos.

La corrupción golpeaba al partido; su respuesta se presentaba como una credencial para dar lecciones al adversario. Es una maniobra de defensa política, no una prueba de que Morant participara en aquellas conductas. Pero explica para qué le sirve a Sánchez una dirigente territorial dispuesta a sostener ese relato. Al ciudadano, pedir perdón no le devuelve el dinero ni le garantiza que los controles funcionen mejor.

En agosto de 2025 afirmó que estaría con Sánchez hasta el final y vinculó sus dos objetivos electorales: ella, la Generalitat; él, otra vez la Moncloa. Además, defendió que conservar su asiento en el Consejo de Ministros le daba capacidad de actuación para los valencianos. Esa influencia puede ser útil. Precisamente por eso hay que medirla en soluciones, no en declaraciones de lealtad.

En una entrevista de junio de 2026 defendió, además, que seguir siendo ministra era bueno para su proyecto valenciano. El 3 de julio de 2026 fue proclamada candidata por la Comisión Nacional de Ética del PSPV, sin otra precandidatura presentada. Lo que beneficia a la candidata está explicado. Lo que beneficia al contribuyente exige otra cuenta.

Aplausos para el ministro, preguntas para el ciudadano

El 6 de noviembre, en el polideportivo del Cabanyal, Morant convirtió la dimisión de Óscar Puente en un homenaje al compañero. «Gracias Óscar por la dignidad que has demostrado en política», proclamó. Según la crónica de Europa Press, Sánchez y las demás autoridades se pusieron en pie para aplaudir. Puente había dimitido esa semana tras los accidentes de Adamuz y Urda. La ovación no explicaba qué había fallado. Servía para presentar la salida del responsable político como una demostración de superioridad del partido.

El acto había comenzado con un minuto de silencio por las víctimas. Hubo recuerdo y duelo. Precisamente por eso chirría el salto al homenaje: dimitir no devuelve una vida ni acredita que la gestión anterior fuera buena. Es asumir una responsabilidad política. Tampoco debería dar derecho a una vuelta al ruedo.

Ese mismo día, la Fiscalía Europea confirmó una segunda investigación sobre posibles fraudes con fondos destinados a renovar y mejorar la seguridad, la señalización y las comunicaciones de la línea Madrid-Sevilla. La anterior, anunciada en marzo, afectaba a fondos para el mantenimiento del tramo próximo a Adamuz. Son investigaciones sobre dinero europeo: esos comunicados no establecen las causas de los accidentes ni prueban responsabilidades personales.

Morant fue más lejos que el aplauso. Según declaraciones a La 1 recogidas por Europa Press y reproducidas por Pressdigital, aseguró que no tenía ninguna duda de que la investigación «va a quedar en nada». La Fiscalía acababa de confirmar sus pesquisas y la ministra ya anticipaba el desenlace. Para defender al Gobierno, tanta certeza; para explicar el destino del dinero y lo ocurrido en las vías, todavía preguntas. El contribuyente paga para llegar vivo a su destino. Los aplausos al ministro van por cuenta del partido.

La raya que ya le señalaron

La frontera entre institución y promoción política ya recibió un correctivo. La Junta Electoral Central examinó un comunicado de la web ministerial sobre el Plan Estatal de Investigación. En su acuerdo 204/2024, de 9 de junio, distinguió dos cosas: informar del plan era legítimo; añadir determinadas valoraciones de Morant ensalzando al Gobierno vulneraba el artículo 50.2 de la ley electoral.

Ordenó retirarlas y requirió al Ministerio que se abstuviera de actuaciones semejantes durante los periodos electorales. También descartó abrir expediente sancionador por la escasa entidad y difusión del mensaje.

La web ministerial pertenece también a quienes no votan al PSOE. Cuando se utiliza para ensalzar al Gobierno durante unas elecciones, el contribuyente termina poniendo el altavoz de quien le pide el voto.

Además, THE OBJECTIVE publicó en noviembre de 2024 que treinta de cuarenta visitas oficiales de Morant hasta el 7 de octubre habían tenido como destino la Comunitat Valenciana, atribuyendo el listado a una respuesta de Transparencia. Ese recuento no convierte los treinta desplazamientos en actos de partido: las universidades y los centros valencianos también son competencia suya. La justificación debe estar en el objeto, la agenda y los gastos de cada viaje. El coche oficial no debería ser un transporte de campaña con matrícula del Estado.

La ciencia también tiene resultados y averías

La reforma de la Ley de la Ciencia de 2022 amplió derechos laborales y abrió vías de contratación indefinida para personal investigador, técnico y de gestión. Aprobada durante su mandato y por las Cortes, responde a una necesidad real: que investigar no obligue a encadenar contratos precarios.

El INE cifra el gasto español en investigación y desarrollo de 2024 en 23.931 millones de euros, un 6,9 % más que el año anterior y el 1,50 % del PIB. Incluye empresas, universidades y administraciones. No es el presupuesto de su Ministerio ni una cuenta de méritos personales. Es un avance colectivo que merece reconocimiento. También exige continuidad: un laboratorio no puede planificar su futuro con la duración de una rueda de prensa.

El CNIO muestra la otra cara. El centro de investigación del cáncer comunicó el relevo de María Blasco y Juan Arroyo en enero de 2025 y la apertura de procesos para renovar su dirección. En febrero de 2026, el propio patronato dejó constancia de la renuncia del nuevo gerente. En junio anunció una refundación, una dirección científica colegiada provisional y cambios estatutarios previstos para 2027. También confirmó que Raúl Rabadán había decidido no asumir la dirección científica para la que había sido seleccionado.

Morant ocupa la presidencia de honor. La presidencia del patronato corresponde a Eva Ortega, secretaria general de Investigación. La gestión diaria tiene sus responsables; a la ministra le corresponde responder políticamente por la capacidad de su departamento para estabilizar el centro. La nueva gobernanza puede ser una solución defendible. Su utilidad se comprobará cuando funcione.

Ese es el patrimonio común que está en juego: equipos, conocimiento acumulado y profesionales formados durante años. El tiempo que se pierde en una crisis institucional no se recupera cambiando el rótulo de la dirección. Un centro que investiga el cáncer necesita estabilidad para trabajar, no otra ceremonia de comienzo de etapa.

Lo cobrado y lo que falta

Desde su llegada al Gobierno hasta diciembre de 2025, el Portal de Transparencia recoge 359.328,19 euros de retribuciones ministeriales:

La declaración registrada en el Congreso en diciembre de 2023, primera página, confirma el importe bruto de 2022. Es el mismo dinero, no otra partida. El subtotal cubre esas retribuciones y esos periodos; no incluye toda su carrera ni los gastos del servicio.

Fue diputada nacional entre agosto y diciembre de 2023. La ley de altos cargos impide acumular la retribución ministerial y la parlamentaria. Las indemnizaciones parlamentarias son otra partida, pendiente de liquidación individual.

La etapa municipal sigue incompleta. Safor Guia situó en 52.003,98 euros la retribución anual de alcaldesa al dejar el cargo en 2021. Es una referencia anual del puesto, no el total cobrado durante sus seis años de alcaldía.

La vivienda y los desplazamientos van aparte. Newtral publicó en 2023 que disponía de una residencia oficial de 296 metros cuadrados, a partir de respuestas ministeriales. El Debate situó el inicio de su uso en septiembre de 2021. Vozpópuli publicó algunos gastos de mantenimiento y limpieza. La residencia es un medio público de alojamiento, no una propiedad de Morant. Su coste completo sigue pendiente, como el de viajes, etapas anteriores y posibles ingresos de partido.

Cobrar por gobernar es legítimo. Cobrarlo tampoco demuestra que se haya gobernado bien. El sueldo remunera una responsabilidad; no compra nuestra gratitud ni convierte cualquier uso de los medios en una necesidad del cargo.

Lo que deberían heredar nuestros hijos

Para Sánchez, el rendimiento político es visible: una federación alineada y una dirigente que lo sostiene cuando arrecian los problemas. Para Morant, también: proyección nacional y un proyecto autonómico respaldado por la dirección federal. El ciudadano tiene derecho a exigir un balance igual de concreto para él.

En esta cartera, lo que dejamos a nuestros hijos tiene forma de universidades, laboratorios y oportunidades para investigar sin tener que marcharse. Es patrimonio construido durante generaciones, con dinero, trabajo y conocimiento. Una ley laboral útil y una inversión creciente cuentan a favor. Una crisis de dirección prolongada y una web ministerial utilizada para propaganda de logros exigen explicaciones. Ningún éxito electoral compensa por sí solo esas carencias.

Los ciudadanos no heredamos sus ejecutivas. Heredamos las instituciones que dejan, los servicios que funcionan y las facturas pendientes. La cuenta debe hacerse ahí. Porque a nuestros hijos no les servirá de mucho saber quién ganó aquella batalla de Ferraz si el país que reciben ofrece menos oportunidades de las que podía haberles dado.

El Ministerio pertenece a España. Si además ayuda a Morant a llegar a la Generalitat, esa ventaja es suya. La obligación de rendir cuentas sigue siendo de ella.

Gastos aparte.

La próxima entrega será para Miquel Iceta: de los despachos y el partido a la representación de España ante la UNESCO. Otra trayectoria que obliga a preguntar cuánto pesa la experiencia, cuánto la confianza política y cuánto termina poniendo el contribuyente.

Jose Navarro ✶