La aprobación de la ley de amnistía, impulsada por el Gobierno para satisfacer las exigencias del independentismo catalán, marca un punto de inflexión en la historia democrática de España. No se trata solo de una medida política controvertida, sino de un auténtico desafío a los pilares constitucionales que sostienen nuestra convivencia.
El mensaje que lanza esta ley es claro: quien atente contra el Estado puede salir impune si es políticamente útil. Una peligrosa deriva que debilita nuestras instituciones y cuestiona la imparcialidad del sistema judicial.
El precio del poder: romper la igualdad ante la ley
Más allá de las justificaciones retóricas sobre la «reconciliación», lo que hay es un pacto de poder. Un acuerdo en el que se sacrifica el principio de igualdad ante la ley para conservar un gobierno apoyado por aquellos que jamás han escondido su voluntad de romper España.
Esta ley no solo humilla a los jueces y fiscales que durante años han defendido el orden legal, sino que envía un mensaje inquietante: las leyes pueden cambiarse según convenga, aunque sea a costa de la unidad nacional.
España necesita firmeza, no cesiones
Lo que está en juego es mucho más que una legislatura. Es la cohesión de un país que, pese a sus diferencias, se ha construido sobre la base de un marco legal común. Si renunciamos a eso, abrimos la puerta a que cada territorio busque sus propias reglas. Y entonces, ¿qué quedará de España?
