Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se están implementando en diversas ciudades de España como parte de las políticas europeas para reducir la contaminación. Sin embargo, estas medidas están demostrando ser un castigo directo para las clases medias y trabajadoras, un sector que ya tiene dificultades para llegar a fin de mes debido a la subida de impuestos, la inflación y la falta de poder adquisitivo.
El derecho a la movilidad
Las personas que no pueden permitirse un coche eléctrico, ya sea por el precio de los vehículos o por la falta de infraestructura adecuada, se ven abocadas a sufrir las restricciones de las ZBE, que limitan su capacidad de acceder al centro de la ciudad. El derecho a la movilidad está siendo vulnerado, y los ciudadanos se ven obligados a pagar precios desorbitados para acceder a zonas urbanas, mientras se penaliza a aquellos que no pueden permitirse los vehículos ecológicos.
Las ZBE están creando dos Españas: una de ciudadanos que pueden permitirse los coches eléctricos y otra de personas que deben renunciar a la movilidad porque no pueden asumir el coste de un coche nuevo ni el coste de la adaptación de los antiguos. Las políticas medioambientales no pueden aplicarse de manera uniforme sin tener en cuenta las desigualdades sociales. Al final, se está creando una ciudad a dos velocidades: una para los privilegiados que se pueden permitir el lujo de los vehículos eléctricos y otra para las clases medias y bajas que no tienen opciones. La solución no es restringir la libertad de movimiento de los ciudadanos, sino buscar alternativas que sean accesibles para todos.
