– El Instituto de la Empresa Familiar y las dieciocho asociaciones territoriales en toda España hacen un “llamamiento a las fuerzas políticas democráticas para que impere la responsabilidad, la moderación y el firme respeto a los pilares fundamentales de la sociedad española”.
– Suscriben una declaración conjunta en la que se hacen eco de la “honda preocupación” suscitada por los acuerdos de investidura en instituciones y asociaciones centrales al sistema de administración de justicia, y reclaman “consensos amplios” para acometer las reformas estructurales que exige el contexto.
El Instituto de la Empresa Familiar y las dieciocho asociaciones territoriales, entre ellas la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en representación de las más de 1.800 empresas familiares asociadas, han lanzado “un llamamiento a las fuerzas políticas democráticas para que impere la responsabilidad, la moderación y el firme respeto a los pilares fundamentales, que han posibilitado que España sea la sociedad libre, dinámica y moderna de la que hoy disfrutamos”.
En una declaración suscrita por empresas familiares de todo el país reivindican el marco constitucional vigente desde 1978 y recuerdan que, “bajo nuestra Constitución, la sociedad española ha protagonizado el mejor periodo de convivencia y prosperidad a lo largo de los siglos XIX y XX, periodo que se sigue extendiendo hasta nuestros días”.
En estos cuarenta y cinco años de régimen democrático, señala la declaración, se han sucedido con total normalidad las alternancias en el gobierno y se han alcanzado hitos tan remarcables como la mayor descentralización territorial, política y administrativa de nuestra historia, y la incorporación de pleno derecho de España a la Unión Europea y a las demás organizaciones multilaterales de nuestro entorno geográfico, político y cultural.
Desde 1978 hasta el año 2022, recuerdan las empresas familiares, la renta per cápita de los españoles ha pasado de 4.356 dólares a 29.350 dólares.
Multiplicándose por casi siete veces, lo que lo convierte en el período más próspero de nuestra historia. En el comunicado, publicado hoy bajo el título “En defensa de 45 años de convivencia constitucional y prosperidad económica”, destacan que, “en los últimos años, la polarización de la vida política, el frentismo y la política de bloques parecen cuestionar y poner en riesgo los incontestables logros de nuestra democracia”.
Y reivindican que “lo que España necesita en este momento son amplios consensos políticos y sociales para acometer reformas estructurales de calado con las que combatir algunos problemas destacados como el desempleo, el fracaso escolar, el desequilibrio presupuestario o el preocupante nivel de endeudamiento público. La ausencia de consenso para profundizar en la senda de las reformas agravará la sostenida pérdida de competitividad de nuestro país que se refleja en el deterioro de nuestra tasa de convergencia con las demás economías europeas”.
Según las empresas familiares, esta ausencia de reformas se traduce ya en una sostenida pérdida de competitividad de nuestro país que se refleja en el deterioro de nuestra tasa de convergencia con las demás economías europeas: “Si en el año 2009 la renta española representaba el 82,4% de la media europea, desde entonces hemos descendido de forma constante hasta el 78,4% de 2022”, destaca la declaración suscrita.
Acuerdos de investidura
En el contexto de la investidura del nuevo Gobierno de la Nación, que se someterá a votación en el Congreso de los Diputados esta semana, las empresas familiares recuerdan que “goza del beneficio de su legitimidad democrática de origen” y se hacen eco, al mismo tiempo, de la “honda preocupación” que refleja “la contundente respuesta que esos acuerdos de investidura han suscitado en instituciones y asociaciones tan centrales en nuestro sistema de administración de justicia como el Consejo General del Poder Judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces por la Democracia, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la Asociación Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, entre otras”.
Según el texto de la declaración, “las consideraciones en torno al posible impacto de esos pactos sobre nuestro estado de derecho deberían ser objeto de reflexión por parte de todos, porque la estabilidad institucional, y el estado social y democrático de derecho que nuestra Constitución nos brinda, nos han dado las mayores cotas de libertad y prosperidad de las que España ha gozado en su historia”.
